Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Durante la tarde de este jueves, centenares de consumidores de marihuana se congregaron en la Plaza de Armas de la ciudad de Morelia con dos fines: hacer valer su derecho al consumo lúdico, que si bien ya fue aprobado por el Senado, está pendiente que la Cámara de Diputados lo aprueben. Por otro lado, el motivo de la reunión fue lanzar un llamado a las autoridades para que de la regulación aprobada se pase a la legalización de la planta y su uso responsable entre adultos, pues señalan que la reforma aún tiene vacíos y debilidades que pueden seguir siendo aprovechadas para criminalizar a los consumidores, que en muchas ocasiones se ven sometidos a discriminación, hostigamiento y extorsiones de corporaciones policiacas. La Cámara de Senadores aprobó en lo general y lo particular la regulación del consumo personal lúdico de la marihuana en todo el país, pero la discusión generó polémica debido a lo que permite, las modificaciones que surgieron en este tema y los delitos que se mantienen al respecto. Con la aprobación del dictamen —enviado a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo— se expide la Ley General para la Regulación del Cannabis, se creará el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, además de que se modificarán, reformarán y adicionarán varios artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Tras esta decisión se amplió de 6 hasta 8 plantas de cannabis psicoactivo por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien la consume para su uso personal. Se eliminó la exigencia a los consumidores de tener barreras físicas con las cuales se evite que otras personas no consumidoras aspiren el humo, además de la facultad que tenía el Ministerio Público para hacer revisiones domiciliarias a consumidores registrados. Las personas podrán llevar hasta 27 gramos. A partir de 28 gramos y hasta los 200, la nueva legislación contempla sanciones económicas. Será por encima de los 200 gramos que las sanciones representen la cárcel. Las sanciones administrativas pueden ir desde los 5 mil 200 pesos hasta los casi 261 mil pesos, así como la clausura de asociaciones donde se permitirá el consumo de marihuana. Video: Arturo Molina. Se permitirá fumar marihuana en espacios públicos, áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, en universidades e instituciones de educación superior siempre y cuando sean zonas exclusivas, las cuales deberán estar al aire libre. En casa podrá consumirse libremente siempre y cuando no haya menores de edad. Por otra parte, se podrán crear clubes de consumo recreativo de cannabis, con un mínimo de 20 y un máximo de 50 socios, todos ellos mayores de 21 años. Incluso será posible crear cooperativas de producción de la planta para sus socios (máximo 150). También se estableció la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud. Éste tendrá un director general que será nombrado y removido libremente por el titular de dicha dependencia. La venta se dará únicamente en establecimientos específicos y podrá comercializarse marihuana, sus derivados y accesorios, mientras que los medicamentos con este compuesto se limitarán a las farmacias. Por otra parte, lo que no está permitido es fumar frente a menores de edad, hacerlo en escuelas privadas y públicas de educación básica y media superior, tampoco en espacios 100 por ciento libres de tabaco. La venta de cigarros sueltos de marihuana también estará prohibida, así como conducir vehículos o maquinarias peligrosas bajo los efectos del cannabis. Si bien uno de los cambios de último momento en esta discusión estableció la liberación de personas procesadas o sentenciadas por posesión simple y la eliminación de sus antecedentes penales en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia criticó al Senado, pues sus decisiones seguirán penalizando a los consumidores. La ley aprobada habilita un mercado que permite a las empresas producir y comercializar cannabis, pero que penaliza y vigila a quien la va a consumir. Bajo este esquema, México sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto de la cannabis y, a la vez, continúa la prohibición”, señalaron en un comunicado. En el documento también resaltaron que se mantiene la criminalización de las personas usuarias, pues se permite que sean perseguidas penal y administrativamente todas aquellas que posean de 28 a 200 gramos de cannabis aun cuando hayan tramitado un permiso. “Con ello se mantienen los incentivos para que las autoridades sigan persiguiendo esta conducta, abriendo espacios de extorsión y criminalización”, puntualizaron, además de destacar que la ley continúa “penalizando a los pobres y beneficia sólo a unos cuantos al permitir que se desarrollen productos específicos que resultarán en un mercado accesible a pocas personas, en zonas exclusivas y privilegiadas”. En específico, esta organización apuntó que la regulación es excluyente y seguirá afectando a las personas desprotegidas, como el “campesinado, pacientes, usuarios de las zonas más pobres del país, personas jóvenes y mujeres criminalizadas”. Tania Ramírez, integrante de México Unido Contra la Delincuencia también señaló en un hilo de Twitter que estas decisiones perjudicarán a las comunidades cultivadoras, pues “deberán cumplir los mismos requisitos que las transnacionales, incluyendo costosos mecanismos para teatro y trazabilidad que, casualmente, las canadienses y gringas ya desarrollaron”. https://twitter.com/Tan_Tlacaelelt/status/1329555524778487810 Asimismo, comentó que se beneficiará a la industria, ya que se quitarían los candados a la integración vertical, lo cual devendría en su presencia en toda la cadena sin restricciones. “En la práctica, un puñado acaparará el mercado y será un bonito oligopolio”, sentenció. No obstante, resaltó que la ley todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, en donde se espera que se corrija el rumbo en torno a las decisiones que se tomaron “para no perder esta oportunidad histórica”. EL NEGRO MERCADO DE LAS DROGAS El narcotráfico en nuestro país data de finales del siglo XIX y principios del XX, y de esta manera podemos observar su evolución hasta convertirse en uno de los delitos que se desdobla y nutre a otros, como el lavado de dinero, la corrupción, homicidios, feminicidios o tráfico de personas. En las antiguas civilizaciones mesoamericanas, las comunidades consumían distintos tipos de plantas y hongos alucinógenos para llevar a cabo sus ritos. Sin embargo, el consumo de estas plantas u hongos como un recurso espiritual o curativo devino en una compleja red de tráfico. De acuerdo con Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM, el comercio del opio en México data de entre los años 1888 y 1911 vía Estados Unidos, Asia y Europa. Una de las regiones donde inició el tránsito y consumo del opio fue Sinaloa —donde se consumía como una “mezcla de opio, alcohol, azafrán y esencias de canela y clavo”. Le decían la “adormidera blanca”. Con el paso de las décadas era común toparse con vinos acompañados de coca o cigarros de marihuana para atender malestares y problemas de salud —un catarro, asma y hasta el insomnio. Ante las “Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza”, un tratado acordado por Estados Unidos contra la producción del opio y la marihuana, México respondió ante el llamado para controlar su distribución. No obstante, entre las décadas de los 30 y 40, algunas autoridades de nuestro país se percataron de la incidencia del narcotráfico en la economía y comenzó a tejerse la red: tratos con organizaciones delictivas norteamericanas, la búsqueda de favores entre gobernadores o las diligencias para comenzar a diseñar el campo perfecto para el cultivo de la amapola y la marihuana —por ejemplo, en Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. De pronto, México se constituyó como uno de los países con mayor cultivo de amapola y marihuana a disposición de Estados Unidos —a Culiacán hasta se le conoció como el Chicago “con gánsteres de huarache” en la década de los 50. Una vez configurado el mapa para el cultivo, producción y flujo de la droga en México, mientras el Estado se jactaba de sus avances hacia “la modernidad”, se constituyó la presencia de dos cárteles: el de Guadalajara y el del Golfo, en la década de los 70, durante la gestión de José López Portillo en la Presidencia. De acuerdo con NarcoData y la investigación “Siete presidentes, pocos resultados: 40 años de expansión del crimen organizado”, tras los violentos reacomodos del narco mexicano, no sin la incidencia de la operación del Ejército, del Cártel de Guadalajara surgieron otros tres: el de Sinaloa, Juárez y Tijuana. Y en hasta en el sexenio de EPN se llegó a identificar la presencia de nueve cárteles en 25 estados de la República, cuando sólo eran 10 en la década de los 70. Pero ¿por qué el narcotráfico creció de tal manera que hoy incide en la cotidianidad? Especialistas como Luis Astorga apuntan a una falla en las instituciones del Estado. Si bien con los operativos las Fuerzas Armadas se desmantelaban células de los cárteles y decomisaban paquetes de droga que tenían como destino Estados Unidos, nunca se fortaleció la institución para que no sucumbiera a infiltraciones y corrupción. Finalmente, tras la guerra contra el narcotráfico establecida en la administración de Felipe Calderón, el panorama se volvió más complejo y las autoridades se encontraron con redes lo suficientemente fuertes para contrarrestar a la Marina y la Sedena. Tras los fallidos intentos por contener la producción y el tráfico de droga, el Estado ha mirado hacia la regulación de su consumo recreativo de la marihuana para desmantelar las redes de tráfico y apostar por una cultura de la legalización. Es decir que los consumidores en México puedan adquirir la marihuana sin la mediación del narcotráfico. Por lo pronto esa es la apuesta, mientras el mapa de nuestro país se sigue configurando desde sus bases —en el campo, con gente pobre que se dedica al cultivo de la marihuana o la amapola, desde Guerrero hasta Sinaloa—, la violencia y la necesidad de enfrentar la demanda en Estados Unidos.
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