Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En medio de un ambiente de incertidumbre por el homicidio del alcalde, miles de personas en condiciones de desplazamiento forzado y años de pugna entre grupos delincuenciales, María de Jesús Montes Mendoza rindió protesta como nueva alcaldesa de Aguililla. Ratificada por el Congreso del Estado de Michoacán, la militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se pronunció "tranquila" a su llegada al Ejecutivo de Aguililla y confió en el operativo de las fuerzas de seguridad tanto del estado como de la Federación. Cuestionada por la prensa local sobre las condiciones en las que llega al Ayuntamiento del municipio enclavado en la región de la Sierra Costa, aseguró que incluso a pesar del homicidio del alcalde constitucional, la demarcación se encuentra “tranquila”. A pregunta expresa sobre si solicitará o no esquemas de seguridad para el desarrollo de sus actividades en Aguililla, la alcaldesa señaló que se pondrá en manos tanto del gobierno del estado como del federal en materia de seguridad. Ante las respuestas consideradas "escuetas" por los representantes de la prensa local, Montes Mendoza fue cuestionada por su disposición a declarar ante la opinión pública sobre su llegada a la Presidencia Municipal. "Estoy tranquila, vamos a estar viendo. Ahorita el municipio se encuentra tranquilo y vamos a trabajar mucho en lo que es la gestión, bajar recursos para el municipio. Ahorita se encuentra la seguridad del estado y la Federación. Por el momento no hemos platicado de esto. Ahorita está tranquilo, hay seguridad del estado y del municipio", manifestó la presidenta municipal. A pesar de la gran cantidad de conflictos a los cuales se enfrenta Aguililla y la región de la Sierra Costa del estado, la nueva presidenta aseguró que se enfocará en la gestión de recursos de orden estatal y federal para los próximos meses. No obstante, sobre fenómeno de desplazamiento forzado por la delincuencia organizada, la existencia de minas antipersona en toda la región, la urgencia de esquemas de recuperación económica del campo y ganadería y otros problemas que se han ido acrecentando en la zona, no declaró la presidenta. "Decir que trabajaremos en la gestión para llevar recursos. Estoy tranquila, me siento segura y trabajaremos por el bien del municipio", manifestó Montes Mendoza. Homicidios de funcionarios, en impunidad A un mes del homicidio del alcalde César Arturo Valencia Caballero, en la cabecera de Aguililla, y el mismo día uno de sus asesores, las investigaciones respecto al hecho no han revelado avances. Hasta el momento no se han dado a conocer detenciones o desarticulación de alguna célula delictiva relacionada con el hecho. No obstante, desde el gobierno federal se han vertido declaraciones que incluso contradicen a las autoridades locales en torno al móvil de ambos asesinatos. Mientras que a nivel local se llegó a insinuar que la causa del asesinato fue personal, el gobierno de la República lo vinculó directamente a un tema de represalias por parte de los grupos delictivos. Durante la rueda de prensa “mañanera” del 25 de marzo pasado, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, manifestó que el homicidio de Valencia Caballero fue a causa de la intervención de las fuerzas armadas en la región de la Sierra Costa michoacana. “Este evento fue perpetrado por un grupo criminal a raíz del programa social de intervención que ordenó el presidente y que coordinó la secretaria Rosa Icela, y con posterioridad, la recuperación territorial de la Secretaría de la Defensa Nacional de Aguililla, de Coalcomán y de la región de Tierra Caliente. Uno de los móviles que es muy sólido es que, como el alcalde, no fue eficaz para impedir esta presencia, una célula criminal habría tomado como represalia su vida”, manifestó el funcionario. Cabe destacar que desde el mes de febrero, las fuerzas armadas intervinieron directamente en la región de la Sierra Costa incluido el municipio de Aguililla. Hasta el momento se mantiene la presencia permanente del Ejército a través de la 43 Zona Militar y de la Guardia Nacional en coordinación con la Policía Michoacán. Activistas de la región han manifestado su preocupación respecto a que, si bien ha disminuido la incidencia y los embates del crimen organizado, se teme que una vez que se retiren las Fuerzas Armadas, la situación se vuelva a complicar.
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