Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A pesar de la crisis de violencia, la contingencia sanitaria y otros problemas en la entidad, ya suman 9 meses de retraso en el nombramiento de la figura principal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en el estado de Michoacán. Si bien se nombró a un encargado de despacho, especialistas advierten limitaciones en la función y la necesidad de tener un titular en el organismo. Fue en la segunda semana de diciembre cuando el Congreso de Michoacán tuvo en sus manos la tarea de nombrar al perfil idóneo para ocupar por los próximos cuatro años el cargo de ombudsperson. No obstante, luego de un proceso lleno de irregularidades terminó por desecharse el mismo para, supuestamente, iniciar uno nuevo a la brevedad. Tres trimestres después el organismo descentralizado encargado de velar por los intereses y las garantías individuales de los michoacanos, la brevedad esperada no ha llegado según el reloj legislativo y el nombramiento en la CEDH se convierte en uno más de los pendientes en el Congreso. Al respecto, el otrora ombudsman del estado y especialista en derechos humanos Gumesindo García Morelos advirtió el acto de inconstitucionalidad en el que incurren los legisladores. Señaló que organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general podrían incluso recurrir a los tribunales para denunciar la omisión de los diputados locales y en caso de que sigan sin cumplir, se puede denunciar por desacato por la vía penal. En entrevista para la Voz de Michoacán, el especialista advirtió que en un panorama tan complejo como el que atraviesa el estado en materia de violencia y más recientemente con las determinaciones de los gobiernos durante la pandemia, se han rebasado las capacidades de la figura de encargado de la CEDH. “Es una violación constitucional, porque se establecen obligaciones ineludibles para los legisladores y no es discrecional. Es un tema de interés social y el hecho de que exista la figura de un presidente interino, en el encargado de despacho, esto no subsana el incumplimiento de la Constitución”, aseveró. Manifestó que es un tema donde se está soslayando en el interés social. “Si se requiere incluso, podría abrirse de la demanda de amparo contra el Congreso, asociaciones civiles podrían presentar demandas, que se pueda incluso, además de una suspensión del acto reclamado, un apercibimiento y dar vista al Ministerio Público por incumplimiento de los legisladores”. En diciembre del 2019, poco antes de concluir su mandato, Víctor Manuel Serrato Lozano advirtió ante medios de comunicación la urgencia de que no se tardara más de un mes el nombramiento de su sucesor. Explicó que la dinámica del estado requiere de una figura que garantice los señalamientos a las faltas recurrentes de los distintos niveles de gobierno. Luis Ventura, activista e integrante de la primera terna para ombudsperson de Michoacán, comentó las limitaciones a las cuales se enfrenta la CEDH sin la figura titular. En este caso coincidió en que la principal prueba para un ombudsman fue y sigue siendo este periodo de contingencia sanitaria en donde los derechos se han visto vulnerados. En su opinión, ha sido la falta de acuerdos entre os legisladores lo que ha mantenido detenida esta iniciativa por más de nueve meses: “lo que se percibe es falta de acuerdos en el nombramiento nada más; teniendo un ombudsperson da capacidad de acciones lo que haces es que se llevan a cabo de manera directa, en cambio un encargado de despacho se sigue viendo acotado en sus atribuciones”, señaló. Por su parte, Florencio Ubaldo Muñoz del Castillo, presidente de las asociaciones civiles Derechos Humanos Sin Fronteras y Michoacán Sin Barreras, así como otrora aspirante a ocupar la silla del ombusperdson, ha señalado la falta de interés en las agendas legislativas para los temas en general de las garantías individuales. Y es que, en el caso del Ejecutivo, en los distintos niveles se sigue simulando la integración de personas con discapacidad y políticas públicas, cuando en la práctica, los sectores son cada vez más relegados y discriminados. “Están violando la ley en el Congreso los diputados. Hay que decirlo, están violando porque desde diciembre tuvo que tomar protesta quien ellos hayan elegido, pero como son diferentes partidos y no lo ven como un puesto que ayude a la ciudadanía sino como un botín político no avanzan. El instituto de la discapacidad tiene cuatro años que es una de tantas iniciativas que sigue en el congelador”, manifestó. A inicios de este mes de agosto, diputados locales anunciaron que ya se trabaja en una terna de cinco aspirantes, misma que podría configurarse en este mes de agosto y lo cual dependería de que dos tercios de los 40 diputados voten en favor de un solo aspirante.
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