Partidos desdeñan a candidatos indígenas y LGBTI; en Michoacán PRI va contra acciones afirmativas

Pese a que es una orden del INE, muchos partidos se han negado a postular a integrantes de grupos vulnerables e históricamente ignorados.

Foto: Observatorio LGBT

Redacción / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los partidos postular candidaturas para personas indígenas y LGBTI rumbo a las elecciones presidenciales del 2 de junio, sin embargo, las personas pertenecientes a estos grupos han enfrentado resistencia, simulación y negación por parte de los partidos políticos para cumplir con esta disposición.

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Apenas el mes pasado el INE invalidó 23 candidaturas por descubrir que los partidos no estaban postulando en realidad a integrantes de pueblos originarios de México, donde más de 23 millones de los 126 millones de habitantes se identifican como indígenas.

El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) denunció en un pronunciamiento que los partidos realizan "usurpación identitaria" y hay "simulación en los procesos electorales".

En el caso de la población LGBTI, han ocurrido casos similares. En Michoacán, por ejemplo, integrantes de la comunidad diversa acusaron al dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, de haberlos excluido de la participación política “incumpliendo con los lineamientos del órgano electoral local, no presentando fórmulas completas, tratando de subsanarlas a través de suplencias”, o simplemente ignorando las acciones afirmativas, como es el caso de la planilla presentada para Morelia.

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Las acciones afirmativas son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos, para lo cual los partidos políticos deben presentar candidaturas que representen a estos sectores de la población, sin embargo, es muy frecuente que no se cumplan.

La comunidad LGBTI que forma parte de la vida política, acusó a la dirigencia del PRI en el estado de renegar de la paridad de género y de las acciones afirmativas en pro de los grupos vulnerables que incluyen a  la comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, indígenas y migrantes, grupos a los que se les tiene una deuda histórica en términos de sus derechos político electorales.

“¡Qué quieren que haga si así está en la ley!, antes pues, no había problema, no teníamos esto de la paridad de las acciones afirmativas; por eso es importante que se legisle al respecto, porque se cometen muchas injusticias por el tema de las acciones afirmativas de los bloques de competitividad y es un tema que hay que resolver”, señaló Valencia Reyes en una rueda de prensa.

“La culpa, al final del día, es de los órganos electorales con sus acciones afirmativas, hasta cierto punto injustas, y que son intromisión a la vida interna de los partidos políticos: es la falta de legislación electoral al respecto; ¡cómo puede ser posible que saturen de acciones afirmativas un proceso electoral y no den alternativas de solucionarlo!”, dijo el líder de los priístas en Michoacán.

Incluso, el dirigente tricolor adelantó que llegando al Congreso promoverá iniciativa de Ley contra las Acciones Afirmativas, lo que significaría un retroceso histórico, opinaron integrantes de su partido que se identifican como población diversa.

Por tal motivo, grupos organizados de la comunidad LGBTIQ manifestaron su desacuerdo y exigieron las posiciones que por derecho les corresponden.

“Ya basta de simulación, hacemos un llamado claro al PRI y al resto de los partidos políticos en el estado de Michoacán a respetar la ley”, señaló en un posicionamiento el presidente estatal de Unidos x la Diversidad, organización de simpatizantes LGBT del PRI y representante estatal del PRI ante el observatorio LGBT del IEM, Rodrigo Méndez.

Otro caso es el Partido Encuentro Solidario, que pidió al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no aplicar acciones afirmativas en municipios con “grave inseguridad”, así como tampoco la paridad de género.

Sin embargo, el Consejo General del órgano desechó las peticiones, pues atender dicha propuesta derivaría en la inobservancia del principio de paridad reconocido constitucionalmente, y negaría los derechos de las personas a ser votadas.