Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. No habrá más prórrogas para que las policías de todo el país cuenten con el Certificado Único Policial (CUP) como mecanismo de control de los elementos desplegados en las tareas de seguridad. En el particular caso de Michoacán, a pesar de las dos prórrogas que se generaron en los últimos años en aún se advierte un importante rezago y tienen menos de dos meses para completar proceso de capacitación y aval o tendrán que dar de baja a los agentes. Apenas un 50 por ciento de las policías municipales cuentan con sus elementos acreditados con el CUP, mientras que la policía Michoacán ya cuenta con más del 90 por ciento de los elementos debidamente documentados. Será en marzo cuando venza el plazo para que los policías estén acreditados bajo este esquema de capacitación, por lo que todo elemento que no cuente con su CUP sería dado de baja de la función pública. Al respecto, el comisario José Antonio Bernal Bustamante, director del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) en Michoacán, advirtió que a pesar de las prórrogas que se dieron en los últimos años, los alcaldes no demostraron interés en atender el punto. A igual que en el estado de fuerza, derechos humanos y otros mecanismos de certificación, las corporaciones han quedado totalmente retrasadas en materia de certificación y luce complejo. NO MÁS PRÓRROGAS Foto: Christian Hernández, La Voz de Michoacán. A diferencia de la tendencia que se ha presentado desde el 2017 con las constantes prórrogas, el panorama para este 2021 dicta que no habrá más tolerancia por parte de las instancias federales a aplazar el tiempo de cumplimiento. Uno de los principales problemas es que se tendría que dar de baja decenas de miles de elementos en Michoacán, lo que repercutiría directamente en un ya de por sí limitado estado de fuerza, especialmente en cuanto a las corporaciones municipales, el eslabón más débil en el tema de seguridad pública. “Aquí el gobierno de Michoacán, junto con el Secretariado (del Sistema Nacional de Seguridad Pública), camino muy avanzado en el CUP. Vamos al 90 por cientocasi”, comentó el director del IEESSPP; no obstante, atajó que “los municipios están coordinados con el Secretariado, pero van muy atrasados, los presidentes municipales no le han puesto ganas y se les pasó el tiempo. Se tienen que aplicar, es un tema de normas y los titulares que no cumplan, pues que se sancionen”, agregó en entrevista con esta casa editorial. Para obtener el CUP los elementos policiales tienen que haber pasado las pruebas de control y confianza, así como las horas de formación policial, atención a los derechos humanos, uso de la fuerza y otros factores que permitan una profesionalización. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha fijado las fechas para el cumplimiento de estas obligaciones para el mes de marzo. En el caso de que no se cumplan, los elementos que no cuenten con su CUP no podrán seguirse desempeñando como elementos policiales y los funcionarios públicos que incidan en la contratación de efectivos sin estos requisitos estarían cayendo en una ilegalidad. POCO PREPARADOS Una de las razones por las que desde 2019 se optó por otorgar un plazo mayor a los gobiernos para que capacitaran a sus elementos fue que, si se hubiera aplicado la legislación al pie de la letra, habría significado desprender a miles de elementos de su trabajo lo que habría implicado una reducción en los estados de fuerza. Las cosas prácticamente no han cambiado desde entonces. Las necesidades en los municipios son bastantes. Como instancias de primer contacto, su área de responsabilidad corresponde ala atención de delitos del fuero común, pero sobre todo a las tareas de proximidad con la ciudadanía. Las condiciones en las que se encuentran las policías municipales son de las peores en cuanto a sueldo, armamento y hasta de capacitación en torno al manejo de las armas. La formación y capacitación de cada elemento policial tiene un costo de más de 60 mil pesos por más de 4 meses de entrenamiento, gastos que son absorbidos por los mismos municipios, el estado y que terminan siendo desperdiciados al dar de baja a los elementos.
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