Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El incremento de la incidencia delictiva y la prolongación de juicios saturan el sistema penitenciario de Michoacán. Un total de cuatro prisiones estatales ostentan niveles de ocupación superiores al 100 por ciento desde hace 6 meses en las diferentes regiones del estado. En sólo un año creció 50 por ciento el número de internos en las cárceles del estado. El Penal de Delitos de Alto Impacto, el Cereso David Franco Rodríguez, La Piedad y Zamora ya rebasaron el tope de capacidad, situación que reconoce la autoridad estatal. En voz de Javier Ayala, coordinador de Centros Penitenciarios del estado de Michoacán, si bien aún no se tienen condiciones de hacinamiento, el problema de demanda de los temas judiciales ha puesto en jaque a los centros penitenciarios con una tendencia al alza. A pesar de la situación, organismos defensores de los derechos humanos no han intervenido para exhortar a la federación y a los poderes judiciales en dar un “respiro” a las prisiones locales”. A inicios del 2020 la cifra de personas privadas de la libertad alcanzaba un poco más de 4 mil presos en los 12 centros penitenciarios de todo el estado. Para este 2021 son más de 6 mil personas las que se encuentran enfrentando algún proceso desde el interior de la prisión, lo que refiere un incremento del 50 por ciento en la población carcelaria durante los últimos doce meses. “La mayoría, el tema viene de un año para acá, pero más que nada de 6 meses para acá se vio más el ingreso”, refirió el entrevistado. Hace un año se hicieron las gestiones para que se considerara el remitir a esas personas a centros federales, pero desafortunadamente no ha sido posible; ahorita ya se está buscando otra estrategia legal para que ya no haya más ingresos”, explicó el coordinador. En su mayoría se trata de presos que se enfrentan a procesos judiciales del orden federal por lo que la complicación en cuanto a la saturación de los sistemas obedece a la disponibilidad de prisiones federales. En voz del funcionario estatal, se ha solicitado al Gobierno de la República que también se habiliten espacios en las prisiones federales ubicadas en Michoacán, situación que ha sido ignorada en los últimos meses, pese a las condiciones de conflictos internos que se dieron en semanas pasadas. Se desatan conflictos En la última semana de mayo, al menos dos conflictos al interior del David Franco Rodríguez derivaron en que casi un centenar de personas privadas de la liberta fuera trasladado a la región de Tacámbaro, en dónde las condiciones de población son de menor demanda. A pesar de a urgencia por controlar la sobrepoblación, cuatro de los trasladados regresaron a la zona conurbada de Morelia por órdenes de los jueces federales. La situación va en contra de lo esperado con la aplicación de Nuevo Sistema de Justicia Penal que entró en vigor en 2016. En su momento se buscaba reducir la cantidad de personas en prisión y optar por otros mecanismos de resolución de controversias y delitos en el estado. No obstante, las cifras de este 2021 ya se acercan al registradas en el año 2014, en tiempos de la comisión de Alfredo Castillo Cervantes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde se alcanzó a tener hasta 8 mil personas privadas de la libertad en menos de un año. Lo anterior ha tenido consecuencias, explicó el funcionario. Las estrategias implementadas desde la gestión han permitido sortear a los conflictos entre internos, así como evitar la proliferación de dispositivos móviles como celulares tabletas y computadoras. Sólo en lo que va de los últimos dos años se han logrado incautar más de mil 200 dispositivos entre los que se destacan celulares de gama alta y de tecnología, con conectividad 5G, lo que complica el uso de los inhibidores de señales de Internet. Salud no es problema En cuanto a salud, el coordinador de Centros Penitenciarios desmintió los dichos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) respecto a los señalamientos por presuntas condiciones insalubres en las personas privadas de la libertad. Aseguró, desde hace dos años, el personal médico y de enfermería de los 11 centros penitenciarios han mejorado con base a las recomendaciones de los organismos defensores de los derechos humanos. Recordó, desde el 2020 siguen a la espera de volver a ser evaluados por la CEDH, situación que no se ha logrado ante la condición acéfala del organismo descentralizado. “Realmente los servicios médicos han sido muy buenos, realmente se demuestra que somos el segundo estado mejor evaluado a nivel nacional con el tema de la pandemia, ese es el reflejo de la buena atención médica, de la buena atención que ha habido en las áreas médicas y del medicamento que están que están garantizados en todos los centros”, explicó.
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