Silvano presenta controversia para que Ejército no esté en las calles, como lo decretó AMLO

El gobierno de Michoacán afirmó que el acuerdo invade sus facultades como entidad al permitir el despliegue de tropas en su territorio y afirmó que es inconstitucional.

Redacción / La Voz de Michoacán

Michoacán. Mediante una controversia constitucional, el Poder Ejecutivo de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles Conejo impugnó el acuerdo publicado en mayo pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que facultó a las Fuerzas Armadas a apoyar las tareas de seguridad pública en la Guardia Nacional por un periodo de cinco años.

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El gobierno de Michoacán afirmó que el acuerdo invade sus facultades como entidad al permitir el despliegue de tropas en su territorio y afirmó que es inconstitucional.

El asunto fue enviado a la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien también tiene a su cargo la controversia constitucional tramitada por el municipio de Colima, Colima contra el mismo acuerdo.

La ministra no ha emitido aún ninguna resolución sobre la admisión o desechamiento de las controversias.

CNDH no irá contra acuerdo de militarización

El pasado 11 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no promoverá una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo para permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, pues la ley no se lo permite.

Aunque la CNDH mostró su rechazó el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, aclaró que no podrá revertirlo vía acción de inconstitucionalidad porque los artículos 105 constitucional y 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se lo permiten.

Fuerzas Armadas seguirán en tareas de seguridad por 5 años, ordena López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el regreso permanente de las Fuerzas Armadas a las calles para participar “de manera extraordinaria” en labores de seguridad, sin exceder un tiempo de 5 años.

A través de un acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, se indicó que la participación de las instituciones castrenses se realizará de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última.

Su presencia en las calles será hasta que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial, “sin que dicha participación exceda de 5 años contados a partir de la entrada en vigor del decreto”.

Las tropas desplegadas se regirán en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1 de la Constitución, y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.

“Se instruye al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional”, indica el acuerdo.