Arturo Molina, / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Luego de 14 años de impunidad y silencio, se confirmó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha retomado el caso del Michoacanazo y se ha reunido con algunas de las 38 víctimas de aquel acontecimiento, en un nuevo intento por aclarar el caso y buscar la reparación del daño en caso de proceder. Fue en mayo del 2009, en una redada orquestada por el gobierno federal comandado por Felipe Calderón Hinojosa, y el ahora encarcelado Genaro García Luna al mando de la Policía Federal, en que fueron apresados y acusados de estar vinculados con el grupo criminal La Familia Michoacana varios funcionarios y políticos estatales. Después de meses de prisión, los exfuncionarios fueron discretamente liberados sin que el Estado mexicano les comprobaran las acusaciones, que se basaban en una libreta donde se encontraban sus nombres bajo el argumento de que eran presuntamente pagados por el narco. Por estas detenciones que se calificaron más tarde de infundadas, varias de las víctimas interpusieron denuncias que hasta este 2023 fueron atraídas por la CEAV. Tras 14 años, la comisión convocó a los afectados a una reunión para dar seguimiento a cada caso en particular, así como la promesa de buscar justicia y medidas pertinentes para la reparación del daño. Fue el pasado lunes 27 de marzo cuando alrededor de una docena de exfuncionarios públicos de Michoacán acudieron a la cita en las oficinas centrales de la CEAV en la Ciudad de México para dar seguimiento a la recomendación 072/2009 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se enlista una serie de violaciones al debido proceso, y donde se exponen medidas encaminadas a la reparación del daño; la recomendación estaba olvidada, hasta hoy que se desempolva y de la que se espera un nuevo desenlace. El expresidente de Carácuaro y exdiputado federal, Israel Tentory García, quien fue detenido la mañana de aquel aciago 29 de junio del 2009, señaló que incluso le tomó por sorpresa la convocatoria de la CEAV. A pesar de los exhortos, van 4 años de la actual administración federal sin que hubieran visto señales de que atendieran este tema. “Nosotros nunca hemos dejado de pedir justicia, aunque algunos sí dejaron el tema por la paz, otros han fallecido, pero somos muchos los que estamos exigiendo una reparación del daño y que se haga una disculpa pública, porque no sólo estamos las víctimas directas, también están nuestras familias que fueron víctimas indirectas”, declaró Israel Tentori. Refirió que ahora que Genaro García Luna está preso será más factible que se revisen de manera objetiva los atropellos a los derechos humanos de las víctimas del Michoacanazo; bueno. “Qué bueno que García Luna está detenido, aunque no es por este delito; hay muchas víctimas que al igual que a nosotros también las apresaron sin haber motivos, y tampoco ha habido sanción alguna para el expresidente de la República, él fue el quien dio la orden para que nos detuviera la entonces Policía Federal y elementos del Ejército Mexicano”, recordó. Israel Tentory fue detenido mientras se dirigía a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural (ahora la Sader); estuvo preso por 14 meses, luego de haber sido trasladado de un penal federal al Cereso David Franco Rodríguez de Morelia. Finalmente fue exonerado el 20 de agosto de 2010, sin que se le comprobara delito alguno. Tampoco hubo reparación del daño ni una explicación. De acuerdo a la víctima, en su expediente se le acusaba, entre otros cargos, de actos de corrupción siendo presidente municipal de La Hucana y, al mismo tiempo, de actos de corrupción como diputado, pero explicó que él nunca fue presidente de La Huacana “y nadie puede ser presidente municipal y diputado a la vez”; ningún delito se le comprobó. “La administración de Felipe Calderón se distinguió por hacer detenciones arbitrarias, a mí me tocó escuchar cientos de casos de otras personas que estaban presas sin motivo alguno, los detuvieron sólo para que la administración de Calderón inflara las cifras de detenidos; a nadie se le comprobaron los cargos”, declaró. Después del Michoacanazo, para algunos de los detenidos allí terminó su vida política, otros retomaron sus cargos, como el entonces y hoy nuevamente presidente municipal de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac Orihuela, o el caso de Osvaldo Esquivel Lucatero, exalcalde de Buenavista, quien regresó a terminar su gestión y luego ganó una diputación local por el PRD. Ya en funciones como legislador fue asesinado en Morelia el 11 de septiembre de 2013. Otros de los perseguidos por la administración de Felipe Calderón y que han perdido la vida, sin que hubiera atisbos de la reparación del daño han sido Mario Bautista Ramírez, exdirector del Instituto de Formación Policial; Abel Salazar Gómez, exsíndico de Apatzingán, y Lorenzo Rosales Mendoza, exagente del Ministerio Público. De la reunión con la CEAV, Israel Tentory también compartió con este medio de comunicación que se trató de una cita de acercamiento y revisión de expedientes, cada uno de los interesados será asesorado y se está invitando a otras víctimas de aquel suceso que aún no han presentado alguna denuncia por reparación del daño, se acerquen y conozcan la ruta jurídica que aún se puede seguir. La CNDH señaló que el 26 mayo de 2009 fueron detenidos los funcionarios por elementos del Ejército Mexicano y de la entonces Policía Federal Preventiva, puestos a disposición de la autoridad ministerial, por lo que solicitaron la intervención de la institución para que se investigaran los hechos y se les informara respecto de su situación jurídica. De las evidencias obtenidas se advirtió que servidores públicos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva, sin que mediara orden expedida por autoridad competente, catearon diversos domicilios de los agraviados, lo que constituye un acto de molestia. También se observó que elementos ilegalmente se introdujeron en diversos edificios públicos de estado de Michoacán. Asimismo, se contó con elementos suficientes para acreditar que servidores públicos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República vulneraron en perjuicio de los agraviados sus derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa.
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