Van ejidatarios por indemnización ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos

Los ejidatarios excluidos de las indemnizaciones se manifestaron durante la reciente visita del presidente López Obrador al puerto de Lázaro Cárdenas para exponer agravios, en espera de indemnizaciones por año o por hectárea

Javier Favela / La Voz de Michoacán

Aún hay 50 ejidatarios sin indemnización por las tierras expropiadas en las inmediaciones del puerto de Lázaro Cárdenas, aseguró Jaime Gutiérrez Luna, representante de los afectados, quienes llevan casi dos décadas reclamando el pago de daños y perjuicios por los platanares derribados en la desembocadura del río Balsas.

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Nutrido grupo de ejidatarios fue excluido de los pagos indemnizatorios pactados con el Gobierno del Estado en el 2004 por las tierras expropiadas en la isla del Cayacal, relató el vocero de los inconformes, quien no descartó acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), si no se les concede el amparo, por no existir ya un recurso jurídico efectivo de justicia agraria, es decir, por haberse agotado la definitividad de la instancia.

Gutiérrez Luna recordó que alrededor de 50 integrantes del ejido ‘Melchor Ocampo’ fueron privados de derechos agrarios, impedidos de ir a las asambleas generales, expulsados del ejido y vetados de los pagos indemnizatorios hechos en el 2004, en medio del contubernio entre funcionarios menores del gobernador (Lázaro Cárdenas Batel) con los líderes ejidales de aquella época.

Sí hubo indemnizaciones a ejidatarios, pero también a personas ajenas al ejido ‘Melchor Ocampo’, sostuvo el representante, quien subrayó que los expulsados reingresaron a la casa ejidal en el 2012, gracias a una medida cautelar del Tribunal Agrario, tras advertir que el ejido no podía privarlos del derecho individual a la sucesión.

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Contextualizó que en 1992 el ejido ‘Melchor Ocampo’ abrió tierras al cultivo en la isla del Cayacal, en la desembocadura del río Balsas (en donde ahora se encuentra el recinto del puerto más importante de América Latina en el océano Pacífico). En el 2004, el gobierno derribó los platanares y desalojó a ejidatarios con la fuerza pública. En ese año, el entonces comisariado ejidal, Javier Pérez López, firmó una indemnización por 21.5 millones de pesos, “abusando de la representación y auto-reelegido por 3 o 4 administraciones”. Otros pagos, por 57.5 millones de pesos, se hicieron a otro comisionado, Adrián Torres Meza, en contubernio con Pérez López.

Los ejidatarios excluidos de los pagos indemnizatorios por la isla del Cayacal, la mayoría de la tercera edad, bajo la coordinación de Chana Martínez Cabrera (ya fallecida), realizaron marcha de protesta en el 2005 por la autopista Lázaro Cárdenas-Morelia, con resultados infructuosos, ya que el magistrado del Tribunal Agrario y el gobernador ni siquiera los recibieron en la capital del estado.

Asimismo, Gutiérrez Luna denunció atropellos de lo que fue la Administración Portuaria Integral (API) y que ahora se denomina Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Lázaro Cárdenas, en contubernio con la Comisión Estatal de Aguas y con Semarnat, queriendo culparlos de la destrucción de manglares, impidiéndoles a los ejidatarios irrigar sus huertas de plátano en tiempos de sequías, cerrándoles el camino con pilotes de 7 toneladas de concreto, echándoles la Fiscalía, haciéndoles cateos.

Cabe referir que los ejidatarios excluidos de las indemnizaciones se manifestaron durante la reciente visita del presidente López Obrador al puerto de Lázaro Cárdenas para exponer agravios, en espera de indemnizaciones por año o por hectárea, previo peritaje, con asesoría de los despachos Ferreyra y Cruz Gómez, y asociados.