Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A pesar de las denuncias por ausencia de justicia y de los vacíos legales que favorecen a los victimarios en feminicidios, legisladores locales "ignoraron" la iniciativa ciudadana presentada por colectivos feministas que proponen la prisión vitalicia a asesinos de mujeres. La propuesta presentada en noviembre del año pasado a la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán no tuvo mayor respuesta del Poder Legislativo, a decir de quienes trabajaron en el documento. Verónica Villaseñor, madre de Jessica González Villaseñor, víctima de feminicidio en 2020, no han recibido ni un solo llamado, opinión o comentario sobre la propuesta después de haber sido presentada ante los diputados locales desde el año pasado. A días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, lamentó que a pesar de que el Poder Legislativo presume contar con mayoría de mujeres en la integración de la Cámara, las verdaderas necesidades de las mujeres michoacanas en cuanto a la violencia de género siguen sin atenderse. "Esa iniciativa que metimos te aseguro que está en el bote de la basura. Ni siquiera leyeron mi nombre ni mi propuesta. Te aseguro que está en el bote de la basura mientras que la carpeta de mi hija está en el escritorio de la magistrada. Los diputados estuvieron ahí y, la verdad, no me escucharon, menos me van a leer. Yo salí del Congreso con lágrimas en los ojos porque por ahí hubo una diputada que sacó propuestas para ellas mismas y ni ellas me escucharon. Ni las diputadas me escucharon", manifestó la activista y madre de la víctima. Fue ante la falta de justicia y la inconformidad de las víctimas indirectas por las sentencias por feminicidio y delitos en agravio de la mujer, que organizaciones de la sociedad civil presentaron desde el año pasado la iniciativa ciudadana de carácter urgente para establecer prisión vitalicia a los agresores de mujeres. Tras señalar que el marco legal actual protege más a las víctimas que a los victimarios, la familia, amigos y activistas de Jessica exhortaron a que sea trabajada lo antes posible. El objetivo es claro: buscan que se endurezcan las penas y se fortalezcan los criterios con los cuales los juzgadores sentencian a los agresores que año con año cobran la vida de cientos de mujeres. El Código Penal de Michoacán establece penas de hasta 50 años de prisión para los feminicidas, mientras que destacan que otros delitos alcanzan condenas de hasta 90 años de prisión y medidas cautelares más fuertes. Asimismo, denuncian que en los últimos años ningún feminicida ha alcanzado la pena máxima a pesar de las pruebas presentadas tanto por los ministerios públicos como por las víctimas indirectas. La experiencia de sentencias recientes respecto a que no se ha llegado a la pena máxima para los feminicidas, e incluso la opinión respecto a que se requiere endurecer las penas para evitar que el delito se siga replicando por parte de hombres jóvenes en todo el estado, es urgente, señalan los distintos colectivos. Caso de Jessica González, detenido A un año con cinco meses del feminicidio de la profesora de 21 años de edad, los avances en el proceso judicial siguen siendo "lentos e insuficientes", denunció la familia de la víctima. En una manifestación en la sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Verónica Villaseñor señaló que los amparos y el poder económico de la familia del victimario se siguen anteponiendo a la justicia. Desde el año pasado, los amparos promovidos por la defensa de Diego Urik M. han frenado las distintas etapas del proceso judicial. En un primer momento, dos amparos detuvieron por medio año el inicio de la etapa intermedia, mientras que para este 2022, casi 18 meses después del feminicidio de Jessica, otro amparo impide que continúe la etapa oral. "Ya es suficiente tiempo para agarrar la carpeta y revisar los errores que hubiera y poder avanzar. A la Fiscalía se le dan cuatro meses para que investigue, se le dan dos meses y ahí nos cierran, pero ellos no tienen ningún término. Con la ley en mano están trabajando sus ocho abogados porque tienen los medios necesarios para poner amparos, buscan hilitos. Nuestras leyes son estúpidas", manifestó.
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