Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ven activistas un preocupante incumplimiento de la Norma 046 para la atención de las víctimas de violencia sexual en el estado de Michoacán; feministas visibilizan el fenómeno que año con año destroza la integridad física y mental de las mujeres. Hospitales, instituciones de salud y de protección a los derechos humanos han negado derechos a mujeres y menores de edad que fueron agredidas sexualmente en lo últimos años bajo argumentos que, a decir de las especialistas, incurren en actos de discriminación, revictimización y violencia Institucional. Este jueves organizaciones de la sociedad civil denunciaron que derivado del panorama anterior, muchas de las víctimas de agresión sexual evitan acercarse a los nosocomios o autoridades de procuración de justicia. La aplicación de la Norma 046, que pondría en el centro a las víctimas, es en la práctica letra muerta mientras que los criterios y tabús del personal de salud y funcionarios públicos se imponen por encima de las necesidades de las víctimas. En voz de Circe López Riofrío, directora de la asociación civil Humanas Sin Violencia, en lo últimos meses han acompañado 10 casos en donde hospitales del sistema estatal de salud niegan atención a víctimas de violación bajo argumentos legaloides que ponen incluso en riesgo su integridad. “Queremos que el gobierno del estado exija a la Secretaría de Salud una disculpa pública, pero hay otras dependencias que están haciendo lo mismo: no atienden la Norma 046, lo que hacen es zafarse y no atienden a las víctimas”, refirió la luchadora social feminista. “Las víctimas tienen miedo de la autoridad”, recalcó, por lo que “le hago este llamado al doctor Elías Ibarra, porque él nos falló: no hay continuidad en el trabajo, es letra muerta”, manifestó. Hospital de Uruapan, violencia institucional En marzo de este año se dio a conocer el caso del Hospital General de Uruapan, en donde se impidió la atención médica a una adolescente de 15 años que recién había sido agredida sexualmente en una comunidad indígena de la región. En ese contexto, la asociación civil señaló a Karen Stefanni Yabra Puréco, abogada del Hospital de Uruapan adscrito a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) por condicionar la atención médica a la menor, quien finalmente terminó por retirarse del nosocomio sin recibir valoración médica. A 7 meses de los hechos, incluso se señala la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como imprudente por “ponerse del lado de la institución”. Si bien el hospital meses después reconoció su error y ofrecen una disculpa, la autoridad exige que sea en privado y no público. A pesar de las constantes denuncias y de la creciente violencia contra la mujer, los criterios de médicos y personal de salud en cuanto a temas como la interrupción del embarazo en víctimas de agresión sexual se siguen imponiendo a nivel nacional, lo que ha sido denunciado por asociaciones civiles. Entre los derechos violentados solamente en este caso se destacó el principio de interés superior del menor; derecho a no ser discriminado por ser indígena; derecho a no ser violentadas; derecho humano a la salud; derecho a no ser expuesto, exhibido y respetar la confidencialidad de las víctimas. El panorama anterior, fue enviado directamente a la SSM, a través del titular Elías Ibarra Torres, quien no se ha pronunciado respecto al tema. Omisión es sistémica, privilegian tabúes No es el primer caso. En años recientes Humanas Sin Violencia ha presentado denuncias del mismo tipo debido al actuar del personal de la secretaría de Salud y otras instituciones públicas por incumplir con la Norma 046, específicamente en términos de interrupción de embarazo por agresión sexual, como mandata la ley La Norma Oficial Mexicana (NOM-046-SSA2-2005) tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia. Fue aprobada en 2005 para sustituir a la NOM 190, que busca mejorar la regulación dentro del sector salud de la prevención y atención de la violencia familiar. Embarazos adolescentes, gran riesgo A pesar de la importancia de la norma, Circe López exigió al gobierno del estado de Michoacán una revisión del cumplimiento de esta norma que tiene como objetivo principal el proteger a las víctimas de las agresiones sexuales. Sólo en el último año aumentó hasta en un 30 por ciento los casos de menores de 18 años embarazadas. La principal preocupación de autoridades estatales radica en que muchos casos podrían estar relacionados al abuso sexual, denunciado o no.
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