Aholibama Andrade / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Para atender el tema del desplazamiento forzado en Michoacán diversas instancias deben colaborar, indicó el ombudsperson de Michoacán Marco Antonio Tinoco Álvarez y ya se encuentra en análisis el establecimiento de una “comisión de la verdad” para que investigue las causas y el alcance real de este fenómeno. En el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, titular de este organismo público señaló a medios de comunicación que desde tiempo atrás se tiene la solicitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se integre una “comisión de la verdad” en el caso de los éxodos humanos desde Apatzingán hasta Tepalcatepec, para investigar las violaciones a los derechos humanos de los individuos que residían en esta región y que se han visto forzados a desplazarse. De acuerdo las autoridades federales, el desplazamiento forzado “es la situación en la que las personas o grupos de personas se han visto forzadas u obligadas, de manera expresa o tácita, a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. En este sentido, dicho desplazamiento no es novedad en Michoacán, sino una problemática que ha ido en aumento en los últimos años derivado de la violencia que se vive en distintas localidades, específicamente en la zona de Tierra Caliente, donde desde hace varios años atrás los habitantes han optado por abandonar sus hogares y buscar espacios menos inseguros para vivir, tal es el caso de pobladores de la Presa del Rosario. Marco Antonio Tinoco resaltó que para hacer frente a esta problemática en Michoacán tienen que colaborar distintas instancias, “sí hay algunos temas que tenemos que resolver, no sabemos quiénes tienen metidas las manos ahí, eso es una situación en la que tenemos que participar no solo la Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía, la sociedad civil, los ayuntamientos… Necesitamos integrar grandes mesas para saber quiénes tienen las manos y en qué lugar”, añadió Detalló que por su parte la CEDH se encuentra trabajando en un informe de desplazamiento forzado. No obstante Tinoco Álvarez enfatizó que “de no generarse dicha colaboración no vamos a poder resolver la situación, no lo vamos a resolver con denuncias penales, no lo vamos a resolver con informes”. Como una primera lectura a esta problemática, comentó que si bien, se ha trabajado por recuperar los espacios afectados todavía no regresan aquellos habitantes que se trasladaron al centro del país o a Estados Unidos, lo que ha incidido en que quienes permanezcan en su lugar de origen sean en gran medida las y los adultos mayores. “Hay ciertas partes que están logrando cierta tensa calma, pero aún no recuperamos al 100 por ciento los espacios”, compartió el ombudsperson michoacano. Chiapas y Guerrero, bajo lupa nacional Esta problemática también acontece en otras entidades de la República Mexicana, de hecho, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento internacional (IDMC) destacó en su más reciente informe publicado el 14 de mayo del año en curso que en 2023 contabilizaron 11 mil personas desplazadas por motivos vinculados a la violencia en México. Esta cifra indica un aumento del 20 por ciento más que en el año 2022. Además, el informe catalogó a Chiapas como el estado con mayor incidencia, debido a enfrentamientos registrados entre el Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. En contraste, este Centro de Monitoreo resalta que la cifra de desplazamientos forzados a causa de desastres ocasionados por fenómenos naturales en México es de 196 mil, siendo el huracán Otis, que azotó el estado de Guerrero el pasado mes de octubre, el desastre más grande de la región ya que se intensificó rápidamente de una tormenta tropical a un huracán categoría 5.
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