Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Casi 5 décadas cumple la desaparición forzada de una familia indígena del municipio de Zacapu, desde los tiempos de la guerra sucia del gobierno mexicano en contra de los movimientos guerrilleros. La legislatura local exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a presentar informe, tomando medidas para sancionar y reparar daños. Los familiares han buscado justicia durante 49 años y han denunciado el caso ante organismos de derechos humanos sin obtener respuestas, rechazando la oferta de reparación económica del Gobierno de México. La legislatura aprobó en fecha reciente una Ley de Desaparición Forzada en Michoacán. Ha habido sistemática negación de justicia ante la desaparición forzada de Jesús Guzmán y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, lo que ocurrió en 1974, comunidad de Tarejero, municipio de Zacapu. Brenda Fraga, diputada del PT, relató la lucha de la familia contra el gobierno para esclarecer los hechos, con denuncias ante organismos protectores de derechos humanos que simplemente no han podido responder sus dudas. "Hoy, a 49 años de la desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz y a 10 años de haberse presentado la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), ente autónomo e independiente de gobiernos, partidos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, los familiares de los desaparecidos y muchas otras personas consideramos urgente adoptar mecanismos verdaderamente eficaces que pongan fin a la crisis de desapariciones forzadas, garantizando el derecho a la verdad y la justicia”. El representante del Consejo Supremo Indígena, Pavel Ulianov Guzmán, y el hermano de los cuatro desaparecidos, Abdallán Guzmán Cruz, detallaron que en 2006 se presentó un documento ante la CIDH, solicitando su intervención ante años de incertidumbre, de sospecha y de falta de respuestas oficiales. “Nos dicen que ya está el estudio de fondo en la CIDH, pero que todavía no nos toca, que hay otros casos. En realidad, algo está pasando ahí. Tal vez exista un acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano. A nosotros se nos ha ofrecido reparar el daño a través de dinero. Nosotros queremos justicia y verdad, una asunción implícita de la responsabilidad del Estado mexicano en lo sucedido". Brenda Fraga comentó que la familia y las organizaciones acompañantes han estado solicitando en el informe de fondo que la CIDH emita recomendación al Estado mexicano que tome todas las medidas para esclarecer, sancionar y reparar los hechos, siguiendo las líneas de investigación y búsqueda que emergen de la documentación oficial de las circunstancias y curso de las desapariciones forzadas, y que las violaciones denunciadas se insertan en el contexto de sistemáticas violaciones a derechos humanos durante la guerra sucia. Víctimas de la Guerra Sucia Entre los años de 1974 y 1976, 6 miembros de la familia Guzmán Cruz (el padre y cuatro hijos), originarios del comunidad indígena purépecha de Tarejero, municipio de Zacapu, fueron detenidos y desaparecidos por miembros de la Brigada Blanca, órgano político perteneciente a la extinta Dirección Federal de Seguridad. Amafer Guzmán Cruz fue detenido en la ciudad de Morelia, Armando Guzmán Cruz, en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México; José de Jesús Guzmán Jiménez (el padre) y Solón Adenauer Guzmán Cruz (17 años) fueron detenidos en Tarejero, y Venustiano Guzmán Cruz (17 años), en Acapulco, Guerrero. Hasta la fecha no se sabe el paradero de ninguno de ellos. En 2001, en su informe sobre el programa de presuntos desaparecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó la existencia de elementos que sustentan la calidad de detenidos-desaparecidos de los cinco miembros de la familia Guzmán Cruz. Posteriormente, en mayo de 2002, se presentó una denuncia para exigir el esclarecimiento de los hechos ante la Femosopp, fiscalía especial creada en 2001 para investigar delitos del pasado. En 2006 la fiscalía desapareció sin dejar, tras 4 años de investigaciones, resultados concretos; y la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, órgano que se hizo cargo de las investigaciones iniciadas, ha permanecido inactiva. Ante la indiferencia de las autoridades nacionales, en octubre de 2006, los familiares enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que admitiera el caso. Cinco años después, en 2011, la CIDH trasladó la petición inicial al Estado mexicano, el cual tras solicitar prórrogas la contestó de forma vaga e incompleta en agosto de 2012. La Comisión decidió declarar el caso admisible el 12 de julio de 2013, y la primera audiencia tendrá lugar este 7 de julio de 2017. Durante el proceso ante la CIDH, integrantes de la familia Guzmán Cruz han sido hostigados en varias oportunidades, con mayor intensidad desde noviembre de 2012. En particular, en julio de 2008, noviembre de 2012 y abril de 2015, personas desconocidas habrían ingresado a viviendas de miembros de la familia en actos simulados como robos, sustrayendo información relacionada con la búsqueda de verdad y justicia sobre lo sucedido a sus familiares. A 49 años de las desapariciones forzadas de los miembros de la familia Guzmán Cruz y de la primera denuncia de estos crímenes; y a casi 20 años de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especial creada para investigar los delitos de la Guerra Sucia, las instancias competentes no han esclarecido ni el paradero de las víctimas ni los hechos y responsabilidades correspondientes.
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