Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Se ha focalizado en ciudades el fenómeno de desplazamiento forzado por las condiciones de violencia en Michoacán. Las principales urbes superan en cantidad de víctimas de esta problemática a las regiones tradicionalmente en conflicto Tierra Caliente y la Sierra Costa de la entidad. El último informe de análisis de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), reveló los datos que sitúan a Morelia, Uruapan y Zamora cómo los principales focos rojos del fenómeno que ha impactado a decenas de miles de personas y familias completas. Entre las tres ciudades antes mencionadas superan incluso más del 50 por ciento del total de personas en condición de movilidad documentadas ante la Comisión. A estos puntos se suman Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Jacona, así como puntos de la región de Tierra Caliente del Valle de Tepalcatepec y el Bajo Balsas; en estos últimos casos es donde originalmente se tenía el fenómeno ante el fuego cruzado de la batalla entre grupos criminales. Ha pasado un poco más de medio año desde que el Gobierno de Michoacán anunció la instalación de la mesa de trabajo para la atención el fenómeno de desplazamiento forzado en todas las regiones del estado. Desde entonces la elaboración de un diagnóstico preciso para conocer el fenómeno sigue lejos debido a la complejidad misma del estudio planteado y la continuidad de los contextos de peligro. Las cifras de la CEDH El informe anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló datos tanto de población en total situación de movilidad, familias en condición de movilidad, así como casos de violencia que provocaron la expulsión de las familias de su sitio de origen. Es lo que respecta a las grandes ciudades Morelia cuenta con un padrón de 15 mil 060 personas en movilidad, correspondientes a 5 mil 879 familias; Uruapan registra 5 mil 674 personas, lo cual corresponde a 2 mil 189 familias, y Zamora 3 mil 270 personas, correspondientes a mil 303 familias. En el caso de Aquila se tienen documentados un total de 560 personas correspondientes a 142 familias. En este punto son 26 casos de violencia los que provocaron la incidencia de migración forzada; en lo que respecta Aguililla se tienen documentadas 517 personas correspondientes a 177 familias. En este punto fueron más de 100 casos de violencia a los que provocaron la expulsión. En lo que toca al municipio de Arteaga se registran 804 personas correspondientes a 249 familias con 16 casos de violencia documentadas; en Apatzingán se contabilizan 3 mil 358 personas correspondientes a un mil 243 familias y 16 casos de violencia que provocaron la situación de incertidumbre; el municipio vecino de Buenavista ostenta mil 076 personas correspondientes a 358 familias y 65 casos de violencia documentados. El propio informe de la CEDH establece que los porcentajes de población en situación de desplazamiento forzado oscila entre el 0.75 y el 3.0 por ciento en el peor de los casos. No obstante, se ha reconocido que el principal obstáculo es la falta de denuncia de quienes abandonan sus municipios por la situación de violencia; simplemente prefieren huir. La desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia locales y nacionales sigue latente. Desde la instalación del Consejo Estatal para la Atención al Desplazamiento Forzado trascendió que al menos un 68 por ciento de las víctimas de desplazamiento no presentaron denuncia ante la Fiscalía General de Michoacán (FGE). Solamente el 32 por ciento recurrió a los ministerios públicos para señalar la condición de violencia experimentada en las regiones. Registros se han ido conteniendo La Comisión Estatal de Derechos Humanos también reveló que, según los datos compartidos a través de la propia dependencia, se tiene registro de que el fenómeno se encuentra en proceso de “reversa” desde finales del mes de mayo. Hasta el momento, se tienen un estimado de hasta 22 mil personas que siguen en condiciones de desplazados, cifra que se espera actualizar en las próximas semanas con una tendencia estimada a la baja en más de una decena de municipios. El panorama no es sencillo. El desempleo, la destrucción de las fuentes de empleo y otros fenómenos económicos que impactan directamente a la recuperación de las comunidades, tendrán que ser atendidos en el corto plazo a fin de frenar otro posible proceso de éxodo por condiciones socioeconómicas.
La Voz de Michoacán
