Arturo Molina/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Sin avances, negociaciones o siquiera indicios de concluir y con las afectaciones a miles de ciudadanos a cuestas y con un aumento de tensión día a día, la huelga al interior del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) cumplió dos meses de haberse gestado. Fue el pasado 18 de junio a la 1 de la tarde, cuando los agremiados al Sindicato de Trabajadores Asalariados al OOAPAS (STAOOAPAS) colgaron las banderas rojinegras en la paramunicipal, con lo que la operatividad del organismo que abastece a casi un millón de habitantes, quedo seriamente comprometida. Lejos de bajar la tensión, ambas partes recurren a acciones para ganar la “batalla”. Por un lado, la dirección del Organismo ha presentado recurso de audiencia constitucional ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con el constante objetivo de lograr invalidar la huelga y obligar a los huelguistas a volver a sus puestos y por otra, cientos de han salido a las calles en repetidas ocasiones a manifestarse en contra de la actual administración. Al momento, pareciera que la ciudadanía ya se acostumbró a ver colocadas las banderas rojinegras sobre cada uno de las instalaciones del Organismo, en señal de manifestación. En tanto, los sindicalizados esperan a que concluya la administración de Alfonso Martínez Alcázar En poco más de diez días se llevará a cabo la toma de protesta del Morenista Raúl Morón Orozco, a quien prácticamente se le ha dejado el problema como uno de los principales problemas a atender en cuanto ocupe la silla principal del Ayuntamiento de Morelia. Si bien la huelga es en este momento el problema coyuntural que mediáticamente atrae la atención, el tema financiero sigue siendo el punto más débil de la paramunicipal que abastece a casi un millón de habitantes del recurso más importante e indispensable; el agua. El alto costo de operatividad del OOAPAS por la huelga, derivado de la contratación de trabajadores eventuales, la contratación de servicios a empresas particulares para la atención de problemas de fugas y reparaciones especializadas, así como la erogación de recursos en pipas de agua que permitan mantener el abasto en zonas donde se afectó el suministro, han elevado de manera importante los costos de operación. El propio director del organismo, habría referido que la huelga tenía un costo de más de un millón de pesos por día, por lo que siguiendo la misma lógica y como dato no oficial, la huelga ya habría rebasado los 50 millones de pesos de pesos al concluir el segundo más de huelga. No obstante, este incremento de costo a la operatividad solo vienen a sumarse al importante déficit operativo con el que cuenta la paramunicipal incluso presupuestado desde inicio de año. Con más de 150 millones de pesos anualizados en faltante de recurso, el municipio ha tenido que apoyar a las finanzas durante este procedimiento de huelga para evitar caer en la banca rota. El municipio, advirtió que debido a la política de no aumentar las tarifas del agua potable como cada año se venía haciendo, dejaron de ingresar cerca de 95 millones de pesos a la paramunicipal. Aun con lo anterior, han tenido que absorber los aumentos porcentuales a los precios de las gasolinas, materiales de construcción, energía eléctrica, mano de obra e incluso impuestos. Y es que a decir de la dirección, la paramunicipal está cercana a no poder cubrir los gastos de operatividad referente a los altos salarios y prestaciones con los que cuentan una gran cantidad de trabajadores sindicalizados. Las demandas de la base sindical siguen siendo las mismas. Por un lado, los obreros exigen aumento salarial y ser quienes nombren al personal de confianza. Por el contrario, la dirección busca mantener el control de las contrataciones, defender disciplina financiera y recortes al gasto corriente, por lo que ambas partes han chocado. Pese a la situación anterior, ni siquiera el Ayuntamiento de Morelia, Dirección del OOAPAS o la Dirigencia del STAOOAPAS han logrado entablar mesas de negociación que permitan destrabar el conflicto que al cierre de esta edición ha dejado más de 30 mil ciudadanos afectados por la falta de atención a los reportes de falta de agua y fugas.