Revocar la licencia de construcción de la gasolinera del fraccionamiento Real Universidad sería irresponsable y generaría consecuencias legales para el Ayuntamiento de Morelia, dejando en un estado de “indefensión absoluta” al propio municipio y a los vecinos del desarrollo habitacional que se oponen a la obra. Así lo advirtió el síndico Salvador Abud Mirabent, quien informó que por el contrario, el gobierno local interpuso ante el Tribunal Administrativo, un juicio de lesividad con el que se logró la suspensión de los trabajos de la estación de servicio, lo que les permitiría buscar otros elementos jurídicos para presentar un caso más “robusto”. “No le entraría a un juicio que pondría en riesgo el patrimonio municipal y que nos dejaría en la completa indefensión a todas las partes, sobre todo a los vecinos y al Ayuntamiento. Si el resto del Cabildo piensa distinto y deciden otorgar una revocación mi voto será en contra”, aseveró. Y es que como se recordará, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, había notificado que antes de terminar el mes de noviembre los integrantes del cuerpo colegiado decidirían en asamblea si se revocaba o no el permiso que ellos mismos habían concedido para construir la obra. “Podemos encontrar varias salidas como la de la negociación, pero que ceda una parte u otra la veo difícil, (por ello) hemos explorado los casos de lesividad, y en ese sentido podríamos conformar un caso robusto que nos permita tener más posibilidades de éxito y de ganar el juicio al empresario, si nos sentimos confiados de que tenemos todas las de ganar le vamos a entrar, de lo contrario no”, explicó Abud Mirabent. Aunque el síndico municipal explicó que el juicio de lesividad fue interpuesto desde mediados de noviembre pasado por el Ayuntamiento de Morelia, debido a que el conflicto social ya había escalado de tal forma que afectaba a terceras personas, quienes a su vez empezaron a ejercer presión al municipio para resolver la problemática, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina negó haberlo hecho. “Cuando la autoridad superior haya tomado una sentencia a favor de uno u otro, entraría un proceso administrativo de parte del gobierno municipal, en tanto estén estos procesos que son de un orden superior, no va a intervenir el gobierno municipal con uno de ese orden”, expresó el edil. El presidente municipal puntualizó que ahora, el empresario deberá presentar ante el mismo Tribunal Administrativo las pruebas que considere necesarias para que retire o no la suspensión provisional que se generó desde la semana pasada, tal como ocurrió la primera vez que los vecinos interpusieron un juicio de amparo. “El dictamen siempre salió condicionado a la anuencia vecinal, (…) no hay una metodología aprobada para llevar a cado las anuencias vecinales, lo que sí no podemos negar es que existe un conflicto, un desagrado de la comunidad por la instalación de la gasolinera, sus acciones están repercutiendo en hacer más daño a más morelianos, no lo podemos dejar de ver”. Abud Mirabent dijo que en el municipio están convencidos de que el sentir de la gente es legítimo, a pesar de que hay actores políticos que viven en el fraccionamiento. “No podemos negar el conflicto vecinal, hemos cuidado mucho los aspectos legales tratando de encontrar una vereda legal que nos permita beneficiar al número de personas que son los vecinos”.
La Voz de Michoacán
