Con 23 votos a favor, el Pleno del Congreso de Michoacán aprobó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con lo que los legisladores locales concluyeron con la etapa legislativa de las reformas constitucionales y nuevas normas para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado. Durante la sesión de este jueves, el tema de la aprobación de la ley orgánica de esta procuraduría se hizo cardiaca porque al momento de terminarse de leer la iniciativa, de debatirse y de votarla en lo general, no se contaba con el quórum de 21 diputados locales que deberían de estar presentes. Ayer, una vez más, hubo diputados que no les interesó quedarse para votar este instrumento jurídico, al igual que otros ordenamientos, para la implementación de los juicios orales. Después de mandar a un receso de cinco minutos por parte del presidente de la Mesa Directiva, Sarbelio Augusto Molina Vélez, al final se estuvieron presentes 23 diputados en el recinto legislativo, por lo que se pudo avalar el ultimo instrumento jurídico antes de la entrada en vigencia de este nuevo sistema penal acusatorio y oral, en el que contará con un centro de mediación y conciliación para que las víctimas y delincuentes puedan mediar la reparación del daño en caso de delitos no graves. La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán, Selene Vázquez Alatorre, expuso que la Procuraduría contará con fiscalías regionales en circunscripciones que abarcarán uno o más municipios del Estado. Al frente de cada fiscalía regional habrá un fiscal regional, quien ejercerá el mando y autoridad jerárquica sobre los servidores públicos que formen parte de su estructura. Además de que las sedes de las fiscalías regionales serán definidas atendiendo a la incidencia delictiva, densidad de población, las características geográficas del Estado y la correcta distribución de las cargas de trabajo.