Salvador Rodríguez/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Castigar presupuestalmente a estados y municipios en 2019 desde la federación, atenta no sólo contra el Pacto Federal, sino que también abre el camino al colapso para administraciones municipales y estatales, aseguró el legislador Octavio Ocampo Córdova, integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado. La próxima administración federal ya anunció sus proyecciones para el paquete económico del próximo año, en donde la concentración de los recursos por parte de la federación será una realidad, propinando un fuerte castigo a estados y municipios que, bajo este esquema corren el riesgo de colapsar”. El diputado por el Distritos de Huetamo, señaló que las finanzas de estados como Michoacán y sus municipios desde décadas atrás son deficitarias, por lo que cortar aún más el oxígeno que les significa el recurso federal es condenarlas al quiebre y el colapso. Las alternativas que este escenario de disminución de recursos implica para estados y municipios, es cerrar ventanilla en diferentes servicios, programas y áreas a fin de optimizar recursos, o bien la adquisición de empréstitos que les permita hacer frente a sus compromisos”. Recordó que en México en la última década los municipios triplicaron sus deudas, al pasar de 16.9 mil millones de pesos en 2007 a 51.4 mil millones en 2017 según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso Federal, esto ante la falta de liquidez y disponibilidad de recursos que han venido padeciendo debido a una injusta Ley de Coordinación Fiscal en el país, que premia a la federación y castiga a estados y municipios. En el caso de Michoacán apuntó que la disminución de recursos federales sólo puede ser viable, si la federación asume nuevamente la rectoría del sector educativo y todo lo que esto conlleva, ya que es ahí donde se va la parte más importante del presupuesto con que cuenta el estado. Octavio Ocampo Córdova recordó que el presupuesto que dispone el gobierno federal, se genera en los estados de la República y la Ciudad de México, es decir es de todos los mexicanos y por tanto debe distribuirse en condiciones racionalidad y justicia entre federación, estados y municipios.