El próximo 27 de noviembre la Asociación de Usuarios del Agua de Morelia (AUAM), presentará ante el Congreso del Estado la iniciativa ciudadana que buscar reformar la Ley Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, en la que propone se reformen 45 artículos, la derogación parcial o total de 22, y la adición de párrafos o fracciones en 15 y la inclusión de 10 transitorios. El presidente de la asociación, José Luis Montañez Espinosa, resaltó que entre los puntos más destacados, se encuentra la desaparición de los organismos de agua que se encuentren quebrados, que sea cada tres años cuando se realicen los incrementos a la tarifa del agua potable y que estos sean aprobados por el Poder Legislativo y no por los ayuntamientos, como actualmente ocurre. En rueda de prensa, detalló que la propuesta se realiza en el marco de la Nueva Ley de Consulta Ciudadana, y que en ella se integran las propuestas planteadas por la ciudadanía, así como de los resultados que surgieron del Primer Foro Municipal del Agua. También se incluye incorporación en la Ley, el derecho al agua como un derecho humano y fundamental para armonizarlo con el texto del artículo 4° Constitucional; garantizar la participación de los usuarios en todos los organismos operadores de agua y consejos consultivos. Que haya corresponsabilidad entre el Estado y los municipios en el tratamiento de las aguas residuales, así como en la disposición final de las aguas residuales, así como en la disposición de recursos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de todas las plantas tratadoras de aguas de uso público. Montañez Espinosa comentó que en el caso de la posibilidad de extinción o liquidación de organismos operadores municipales e intermunicipales debido al déficit financiero u operativo, desorden administrativo, falta de legalidad y transparencia, ineficiencia técnica o falta de liquidez, dicha función sería sustituida por un Comité Ciudadano bajo criterios de beneficio social o por el Estado. También, que sea el Congreso del Estado quien apruebe las cuotas y tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento a solicitud de los ayuntamientos, previo estudio realizado por la Comisión correspondiente. Derogar la facultad de los organismos operadores municipales y ayuntamientos para ordenar y ejecutar la suspensión, interrupción, disminución o corte de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado; facultar al municipio para promover programas gratuitos de suministro de agua potable y desinfección intradomiciliaria. Suprimir el régimen de concesiones total o parcial de la prestación, administración u operación de los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento al sector privado; dar la facultad a la Junta de Gobierno de los organismos operadores municipales para establecer topes de endeudamiento y en el ejercicio del gasto corriente para pago de servicios personales y otras prestaciones contratadas con los sindicatos. Infraccionar a los organismos operadores que suspendan, interrumpan o corten el servicio del agua potable, pagando una multa de hasta 20 mil días de salario mínimo, es decir, el equivalente a 1.2 millones de pesos; la obligación de efectuar el próximo incremento hasta el mes de diciembre del año 2016 para que entrara en vigencia a partir del 2017, entre otras. Una vez entregada la propuesta al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se tendrá que hacer del conocimiento del Pleno y turnada a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, quien tendrá hasta 90 días hábiles para emitir un dictamen y determinar si se reforma de forma total y parcial.