Como parte de los trabajos que realiza el Gobierno del Estado para sanear las finanzas y manejar adecuadamente los recursos, esta mañana el coordinador de la Contraloría del Estado de Michoacán (COCOEM), Gabriel Joaquín Montiel Aguilar, presentó ante los medios de comunicación la propuesta que se entregará al Poder Legislativo, a fin de modificar diversas leyes y transformar dicha Coordinación en la Secretaría de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, afirmó que por instrucciones del gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, se ha diseñado una estrategia que contribuya a sentar las bases para que exista un uso y destino cada vez más transparente de los recursos públicos que se ejercen en Michoacán, tal y como lo demanda la sociedad. En su exposición, Montiel Aguilar detalló que este cambio pretende dotar a la Contraloría de independencia, autonomía de gestión y fortaleza institucional ante las otras dependencias del Ejecutivo estatal; además de abrir el espacio a la sociedad para que supervise a las entidades de la administración pública. “El objetivo es que la Contraloría sea verdaderamente funcional, que tenga independencia de gestión, que en algún momento determinado pueda, sin ningún carácter político, emitir los fallos que correspondan y hacer valer la legalidad, transparencia y honestidad en la rendición de cuentas, no es nada más hacer un aparato burocrático”, aseguró el servidor público. Dentro de la nueva Secretaría, se abrirá una unidad especializada en Contraloría Ciudadana, que dé espacio a jóvenes de nivel medio superior y superior pertenecientes a las carreras de arquitectura, contaduría pública, derecho, entre otras, para que realicen sus prácticas profesionales y colaboren en temas específicos, como es el control en la adquisición de bienes y servicios, arrendamientos, así como de obra pública y los servicios relacionados con la misma. En el mismo sentido, se dará continuidad a la creación de observatorios ciudadanos, comités de obras y contralores sociales, para que sean los propios michoacanos quienes evalúen y verifiquen el destino adecuado de los recursos públicos.