Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Por irregularidades en el manejo de recursos públicos y la movilidad de los mismos al menos 140 exservidores públicos han sido inhabilitados en Michoacán por parte de la Contraloría; la famosa “licuadora financiera” es una de las prácticas más recurrentes a las que se les atribuye a los imputados. Francisco Huergo Maurin, contralor en el estado, advirtió que los procesos siguen su curso en la entidad, mientras que se siguen integrando las carpetas de las inhabilitaciones. También en este mismo rubro se siguen presentando procesos resarcitorios, donde, tal como el nombre lo dice, quienes estén implicados en casos donde no se tenga certeza del uso de recurso público, tendrán que devolverlo. Los casos integrados hasta el momento provienen de las administraciones estatales que van desde 2009 hasta 2015. En voz del funcionario, los principales casos tienen que ver con la movilidad de recursos en cuentas bancarias y la trazabilidad de los procesos de movimiento financiero. También puedes leer: Investigan 45 casos de robo, soborno y fraude cometidos por funcionarios en Michoacán El mover recurso público entre cuentas, es una de las principales observaciones que han detectado en la Contraloría local, por lo que a decir de Huergo Maurin, constituye un grave delito que amerita la inhabilitación por varios años para ocupar puestos públicos. “Más de 140 servidores públicos con inhabilitación o resarcitorios. Con el nuevo sistema estamos al tanto de los funcionarios públicos para dar seguimiento a sus temas. Viene desde 2009-2010 y hasta la 14-15 hay un caso. La gran mayoría tiene que ver con la movilidad de recursos y falta de trazabilidad de los mismos”, declaró. Cuando no se respetan las reglas de operación y se mete el recurso a otra cuenta aun y cuando lo moviste y lo devuelves, el simple hecho es un delito y esto es repetitivo cuando hay una falta de liquidez y no se mantiene la disciplina de lo que puedes o no puedes hacer”. Las carpetas en revisión tampoco son pocas. Por medio de la Contraloría del Estado de Michoacán, la Auditoría estatal, la Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública se revisan al menos mil 700 expedientes de administraciones pasadas y de la actual, las cuales podrían derivar en más inhabilitaciones o responsabilidades legales. Las auditorías que se llevan a cabo datan hasta de 2014 debido a que los rubros donde más se han detectado irregularidades es en las áreas de atención médica del gobierno del estado, la Secretaría de Finanzas y los ramos de educación pública, lo anterior derivado de la gran cantidad de recursos que manejan cada año. Cuestionado sobre las condiciones en las que opera el actual gobierno y las prácticas financieras de antaño, Huergo Maurin aseguró que uno de los principales logros obtenidos durante la administración estatal ha sido la completa erradicación de la conocida “licuadora financiera”,por lo que celebró que actualmente los recursos no se mueven entre cuentas bancarias. Evitar la ‘licuadora financiera’,solamente fondos para municipios o participaciones se pueden utilizar de manera más libre pero la mayoría de los fondos federales vienen con una etiqueta. Sí se ha erradicado la ‘licuadora’,hemos estado al pendiente, la mejor forma de revisarlo es que la administración opere bien. Se revisan obras y fondos, en el Programa Anual de Auditorías implementamos la matriz de riesgo, si se audita un fondo se hace empezando al año para que cuando llegue la ASF esté en orden todo y detectar a tiempo si hay irregularidades”, manifestó el funcionario estatal. Miguel Miranda, a resarcir El otrora secretario de Finanzas de Michoacán durante la administración de Salvador Jara Guerrero, Miguel Miranda, tendrá la obligación de regresar 570 millones de pesos a las arcas estatales, de lo contrario estará sujeto a un proceso penal que lo podría llevar a prisión en cuestión de meses. La Secretaría de la Contraloría en el estado refirió que asegura que, si no paga, se podrán poner sus bienes y recursos disponibles para el pago por medio de un embargo. El exfuncionario jarista han interpuesto recursos de amparo ante cortes federales, por lo que la Contraloría del Estado de Michoacán únicamente se encuentra a la espera de que se resuelva el fallo. Hay certeza de que el caso no prescribiría por la tardanza, por lo que únicamente se esperaría a la resolución de los juzgados en el caso para que Miranda regrese los 570 millones de pesos o se enfrente a un proceso penal. No hay riesgo de que prescriba,es causa ejecutoria, ya había elementos para ejecutar. Uso sus últimos recursos. Es una cantidad importante arriba de los 570 millones de pesos aproximados que tiene que ver con el tema de bienes y propiedad del estado vendidos a otros precios que constituye un daño al patrimonio”. Finanzas puede cobrar, él se puede decir con capacidad o no de pago y ya se revisará la causa penal. Si no paga, tiene que poner los bienes y recursos para hacer el pago, y sino, se tiene la posibilidad de actuar de forma penal”, concluyó.
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