Héctor Jiménez / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A 45 años de la desaparición de al menos cinco integrantes de las familias Guzmán Cruz y Chávez Rosas, los descendientes de las víctimas advirtieron que continuarán con la búsqueda para encontrar a sus seres queridos y para que salgan a la luz los autores materiales e intelectuales de estos hechos, a los que consideraron como el primer referente histórico de desaparición forzada en Michoacán. Video: Jaime Lagunas Amafer Armando, Solón Adenauer y Venustiano, pertenecientes a la familia Guzmán Cruz y originarios de la comunidad Tarejero, así como Rafael Chávez Rosas, originario de Caltzontzin, fueron detenidos, torturados y desaparecidos entre 1974 y 1976 por fuerzas militares y federales mexicanas, marcando “el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán”, afirmó en conferencia de prensa Mirna Chávez, quien se identificó como sobrina de “el aquel entonces joven Rafael Chávez Rosas, desaparecido hace 45 años”. El Estado Mexicano no ha respondido por estos delitos de lesa humanidad, a pesar de que la desaparición fue denunciada y documentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y actualmente se encuentra recibiendo atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. En compañía de activistas, Abdallán Guzmán Cruz, quien se identificó como miembro de una familia donde hay un padre y cuatro hijos desaparecidos, afirmó que a casi medio de siglo de los hechos, ha mantenido una lucha con el eje de “La verdad y la justicia y en contra del perdón y del olvido”. Pedimos verdad y justicia porque queremos conocer las violaciones que el Estado Mexicano cometió al detener, torturar y desaparecer un delito de lesa humanidad contra estas dos familias. Queremos conocer cuáles fueron las estructuras militares y jurídicas que participaron”. Si bien el portavoz afirmó que la desaparición de sus familiares se dio a manos del Ejército Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad y la “Brigada Blanca”, expresó que hoy en día se continúan con los procesos para que se den a conocer la identidad de “Tanto los autores intelectuales, como los autores materiales y toda la cadena de mando que participó, cometiendo el delito de lesa humanidad”. Queremos que los responsables de estos delitos sean castigados, queremos la justicia porque no solo es el caso de estas dos familias” afirmó el político y activista. Sobre el proceso que se ha llevado a cabo respecto a estos casos, Guzmán Cruz expuso que las autoridades mexicanas no han dado una solución al respecto y, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ofrecieron una “solución amistosa” a través de la entrega de un monto económico en el año 2017, la cual fue rechazada por los familiares de las víctimas. “Nosotros dijimos que mientras no hubiera dinero y justicia no podíamos aceptar estas condiciones”, atajó. Mirna Chávez extendió una invitación a la jornada de acciones a 45 años de estos hechos, que se llevará a cabo el 20 de julio de este año y por primera vez tendrá lugar en la comunidad de Caltzontzin, ya que de acuerdo con la joven, las actividades se han realizado en años anteriores en Tarejero, pero resulta importante “Dar a conocer esto para que siga la lucha en contra de las desapariciones forzadas”.
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