Juan Bustos/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.-Michoacán fue uno de los 12 estados afectados por el fenómeno de desplazamiento forzoso, donde al menos 10 mil personas tuvieron que salir de la entidad por la inseguridad y violencia tan solo el año pasado, reveló la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en su reporte de este año que identifica 321 mil desplazados en el del periodo 2009 - 2016. En entrevista con la Voz de Michoacán, Brenda Pérez, coordinadora del Área de Desplazamiento de la Organización No Gubernamental (ONG), consideró que el fenómeno de desplazamiento forzoso no es reconocido y hay pocos mecanismos para darle seguimiento y protección a las víctimas que busca seguridad en otros sitios dentro y fuera del territorio nacional. Destacó que la metodología mediante la cual hacen el registro es a través de la información en medios periodísticos, informes de otras organizaciones como son las de protección de migrantes y la visita a los lugares donde se registra la llegada de desplazados, así como las zonas expulsoras. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, señalan que los desplazados internos son “Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”. Precisó que si bien a veces se registran los grandes fenómenos de desplazamiento, son los movimientos "gota a gota", los de una persona o sólo una familia, los cuales hacen el seguimiento más difícil. Manifestó que para el informe en Michoacán incluso se visitó los municipios en conflicto, donde se detectó que de una jefe de tenencia de nombre Mario Padilla Adame de Buenavista, expidió documentos dirigidos al gobierno de Estados Unidos para que le brindara protección a los habitantes no solo de ese municipio, sino a los de la zona de conflicto, esto gracias a lo recopilado en Baja California. Pérez apuntó que era preocupante que desde las autoridades locales hubiera un incentivo al desplazamiento, “el documento que logramos registrar en nuestra visita a Baja California, vimos que este documento no se dirige a una autoridad estatal o nacional, sino a un gobierno extranjero pidiendo protección”. Manifestó incluso que este documento según testimonios de los algunos portadores llegaba a costar entre 300 a 500 pesos, además de que había una logística para transportarlos hasta la Garita, donde pudieran solicitar el trámite. “Vemos que es gente que ya es vulnerada en sus derechos humanos que enfrenta situaciones complicadas, y todavía tiene que pagar por un documento como estos”, subrayó. Lo anterior revela dos cosas que las autoridades en las zonas de conflicto, no están siendo desbordadas por las condiciones que motivan el desplazamiento y en según termino no están capacitadas, dijo. ¿De dónde migran? Abundó a señalar que las localidades de donde provenían los desplazados eran de Aguililla, Tepalcatepec, Coalcomán y Los Reyes, además de localidades específicas como el Limoncito en Aguililla. Sin embargo, reiteró que hasta el momento no existen mecanismo legales o acciones institucionales que ayuden a identificar claramente el fenómeno de los desplazados, “se logra registrar en la prensa, los grandes movimientos, pero es difícil identificar lo que se hace de a poco con una familia o una sola persona”. Destacó que otros puntos de refugio después de Baja California que tiene como objetivo lograr llegar a Estados Unidos, son la migración interna, que aún más difícil de registrar, a lugares como Colima, Estado de México y Ciudad de México. El episodio que de 10 mil desplazados en el 2016 tiene sus particularidades, donde coincide con la crisis migratoria de ciudadanos haitianos que buscan asilo humanitario y es donde coincidió la presencia de michoacanos en Baja California de mayo a octubre de 2016. Manifestó que en su vista a Baja California a través de Coalición Pro defensa del Migrante que también emite un informe denominado “Vidas en incertidumbre”, que da cuenta del tránsito migratorio señalo que registraban 15 mil personas en Baja California de las cuales en su mayoría era Michoacanos, “claro que había de otros estados como Guerrero, Puebla y Morelos en menor Medida. Para más información consulta la edición impresa.
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