Si bien la LXXII Legislatura del Congreso de Michoacán será recordada como una de las más productivas en la historia en la entidad por diferentes ordenamientos y normatividades aprobadas como nuevas y reformas, también es un hecho que los legisladores locales dejaron diversos pendientes, entre los que destacan: Expediente de gestiones Los diputados de la LXXII Legislatura fueron tapadera de exlegisladores, al evitar que fueran llamados a rendir cuentas por observaciones de desvíos de recursos. Entre las observaciones que se encontraron fueron en desvíos en los recursos del programa de gestión del Gobierno del Estado por 3.7 millones de pesos para cada diputado en 2011. La Auditoría Superior de Michoacán reportó que por lo menos más de 80 millones de pesos no se comprobaron por 37 de los 40 diputados que integraron la Legislatura. Expediente contra Auditores Por lo menos 10 funcionarios de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) se encontraban en la mira por no haber aplicado la Ley de Contabilidad Gubernamental. Los diputados locales de esta Legislatura pudieron iniciarle un procedimiento administrativo y de juicio político al titular de la ASM, José Luis López Salgado, en base a lo que exponía Contraloría del Congreso local. Sin embargo, los legisladores locales no tuvieron el valor para iniciar el proceso de la destitución de los funcionarios de este órgano de fiscalización y hacerlo ciudadano. Expediente Guillermo Valencia Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, acudió al Poder Judicial de la Federación y obtuvo un amparo, por la resolución del Congreso local de haberlo depuesto de su cargo y nombrar a un interino. Valencia obtuvo de un juez una resolución donde se pedía a los legisladores instalarlo al cargo por desacato constitucional, de lo contrario, serían removidos de sus curules. Sin embargo, desistió de exigir la remoción por desacato del incumplimiento de la sentencia de su reinstalación contra el entonces presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán. Controversia en el Itaimich El Congreso local expidió convocatoria a destiempo de la renovación del consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Michoacán. Ante ello, Ricardo Villagómez Villafuerte (quien fue el último presidente consejero de este órgano) se amparó y ha venido ganando todos los asuntos a los diputados locales en los tribunales. El Congreso local ha aprobado un juicio político en su contra, pero el mismo expresidente de Itaimich se volvió a amparar argumentando que violaban sus derechos humanos. Para consultar la investigación completa la encuentras en la edición de este 10 de septiembre del 2015.
La Voz de Michoacán
