No existe voluntad por parte de 38 diputados para que el Congreso del Estado autorice que se done al municipio de Morelia, el terreno donde se ubica el estacionamiento de la vieja central, para que sea el Ayuntamiento quien lo explote comercialmente, acusó el síndico municipal Salvador Abud Mirabent, quien apeló a los legisladores para que se revise nuevamente el tema y lo saquen de la “congeladora”. Y es que el funcionario local puntualizó que desde el 2011, cuando activó el Crédito en Cuenta Corriente, irrevocable, Contingente y Revolvente con Banobras, el gobierno municipal ha pagado 72 millones de pesos, debido a que se otorgó un título de concesión de Inversión Privada Total Recuperable en el que se obliga al Ayuntamiento a cubrir las diferencias que se registren entre los ingresos reales y los esperados. Deploró que el único beneficiado con este proyecto ha sido el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que es la institución bancaria a donde llegan anualmente los recursos económicos. “El esfuerzo que estamos emprendiendo nosotros es por corregir un proyecto fallido e inconcluso que está costándole mucho dinero al municipio, que en lugar de estarlo gastando lo estemos invirtiendo, estaríamos pagando un edificio que está construido sobre un edificio propiedad del municipio, eso le daría sentido al gasto”, comentó. Abud Mirabent indicó que durante las reuniones que ha tenido con algunos diputados ha notado en los legisladores la intención de buscar culpables en este proyecto que no resultó exitoso y que fue concebido durante la primera administración municipal del priista Fausto Vallejo Figueroa, aprobado en la del panista Salvador López Orduña y ratificado en la del perredista Lázaro Cárdenas Batel. “Incluso han comentado que el título de concesión es leonino (excesivo), pero nunca fue un tema oculto para nadie los términos, en su momento fue revisado por el Cabildo, ahí encontramos los primeros 14 culpables, después fue aprobado por los 40 diputados y aprobado, ahí tenemos otros 40 culpables”, señaló. El proyecto original contemplaba la construcción de terminales de transporte urbano y turístico, un centro turístico comercial, y un centro artesanal gastronómico; sin embargo, esto no se logró. Ahora, la propuesta del gobierno municipal es que establecer una Ciudad Administrativa que sirva como lugar de trabajo para las dependencias locales en lugar de pagar 4.5 millones de pesos rentas anuales. También habría la posibilidad de situar en el sitio instituciones bancarias, restaurantes y demás tipos de comercios que brindarían servicio a los trabajadores de la propia administración.