Jorge Manzo/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En los próximos días comenzarán las comparecencias de los 33 aspirantes que buscan convertirse en el primer fiscal general de Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles Conejo será el filtro que elegirá a una terna de donde saldrá el relevo de José Martín Godoy Castro. Durará en el encargo los próximos nueve años y tendrá autonomía total. Diputados locales han advertido que no permitirán que llegue a encabezar al organismo ningún personaje que se encuentre plenamente ligado a partidos políticos o al gobierno en turno. Entre las condiciones que plantean es que sea michoacano de nacimiento, abogado de profesión y conocedor de temas de procuración de justicia, así como de derechos humanos. Durante la puja han desertado dos personajes clave: Godoy Castro, actual procurador de justicia y quien se ha mantenido en la encomienda con cuatro gobernadores, originario de Jalisco, y ligado al hoy excomisionado Alfredo Castillo Cervantes, así como Isabel Maldonado Sánchez, quien fuera comisaria municipal de seguridad en el gobierno de Alfonso Martínez Alcázar. En la lista se mantienen personajes como los exprocuradores Miguel Ángel Arellano Pulido, Juan Antonio Magaña de la Mora y Miguel García Hurtado, así como los exsubprocuradores Ignacio Mendoza Jiménez y Ciro Jaimes Cienfuegos. También está el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano, y el exdiputado local, Guillermo Valencia Reyes, entre otros. “El nacimiento” de la Fiscalía General Este jueves se aprobó la transformación de la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General. Se ha destacado la importancia de consolidar un nuevo modelo que garantice el acceso a la justicia y el respeto a la dignidad humana a través de instituciones eficaces y eficientes. El marco jurídico que fue avalado por la LXXIV Legislatura establece que la Fiscalía General funcionará como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión. El órgano autónomo estará a cargo de un Fiscal General, quien será responsable de su conducción, mando y desempeño, en cuanto titular de la institución y superior jerárquico de todos y cada uno de los servidores públicos que la integren. El Fiscal General podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, previa solicitud escrita presentada por el cincuenta por ciento más uno de los diputados, misma que será turnada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y dictamen. Las fiscalías especializadas que se crean La norma establece la creación de fiscalías especializadas en delitos como la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y de desaparición forzada, además de una especializada en combate de los delitos contra el ambiente y la fauna, así como una fiscalía en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Asimismo, se crea el Consejo Consultivo, que tendrá como finalidad contribuir a la definición y seguimiento de programas, acciones, políticas y estrategias que implemente la Fiscalía General. El Consejo Consultivo será presidido por el Fiscal General e integrado por un representante de cada uno de los Poderes del Estado, así como por cinco consejeros ciudadanos expertos en temas de procuración y administración de justicia, investigación criminal y derechos humanos; mismos que serán nombrados en igualdad de género por el Congreso por un periodo de 4 años. Las voces en el Congreso Para el PRD, con este paso Michoacán no sólo deja de estar entre los estados de la República pendientes de contar en los hechos con una Fiscalía General y su marco normativo orgánico, sino que se posiciona con una legislación de avanzada con una Ley que pone en primer plano los derechos humanos y la participación ciudadana. Otro aspecto relevante al que hace alusión la legisladora se relaciona con la creación de la Fiscalía de Asuntos Internos, misma que será responsable de sancionar cualquier abuso considerado como delito que cometan los servidores públicos de la propia Fiscalía, plantea la diputada local del Partido de la Revolución Democrática, Araceli Saucedo Reyes. A su vez, Javier Estrada Cárdenas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso del Estado, aseguró que la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal garantiza la procuración de justicia en Michoacán, sin distingos ni presiones políticas. Dejó en claro que el GPPAN votó a favor de una Ley Orgánica que privilegia el respeto a los derechos humanos, mejora la atención a víctimas del delito, crea parámetros efectivos de medición del índice delictivo y una mayor inclusión ciudadana. Los diputados de Acción Nacional, de forma responsable, votamos a favor de una Ley que convertirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Fiscalía General, con un marco normativo acorde a las necesidades de los ciudadanos y a los tiempos que vive Michoacán”, dijo. En tanto, para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la autonomía de la que gozará la Fiscalía General del Estado será la primera condición para despolitizar a la justicia, para lograr la profesionalización de los funcionarios encargados de tan delicada función y otorgar un mejor servicio a favor de las víctimas en apego a la ley. La diputada priísta, Adriana Hernández, recordó que su iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía, junto con el resto de las que se presentaron, consolidan una ley de avanzada en beneficio de los michoacanos con la que se cumple con el compromiso con la sociedad en temas de justicia. Entre todos, aportamos importantes elementos para la construcción de esta nueva institución que será la encargada de garantizar el acceso efectivo a la justicia, otorgando más y mejores herramientas para una eficaz, eficiente y profesional investigación de los delitos dentro de los márgenes que nos permiten la constitución federal y la del estado”.
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