El 20% de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) son rechazadas principalmente por los Ayuntamientos, cosa que de acuerdo a Víctor Serrato Lozano, presidente de la instancia, resulta “desastroso para un organismo público defensor de los mismos”. “Nuestras resoluciones son meras recomendaciones y si una autoridad no las cumple o no las acepta es en prejuicio del quejoso y del ciudadano y esto debilita a las instituciones, entonces nosotros vamos por el restablecimiento de la autoridad moral del organismo (la CEDH), por restablecer el diálogo si es que se perdió con los alcaldes, así como con las y los regidores”, señaló Serrato Lozano. Es de resaltar que en lo que respecta a los Ayuntamientos michoacanos, en 2015 la CEDH emitió alrededor de 300 recomendaciones en ese año, entre las alcaldías que se ganaron dichas observaciones están las de Morelia, Sahuayo, Villamar, Zitácuaro, Maravatío; entre otras. Para evitar distorsiones de percepción, Serrato Lozano mencionó que la Comisión Estatal no es enemigo de los ayuntamientos, al contrario: “estamos para ayudar, para colaborar, para enfrentar juntos alguna problemática, pero también que en el caso de que se cometan abusos lo vamos a tener que señalar”. Por tanto, Serrato Lozano añadió que va a establecer el diálogo con aquellas alcaldías que les han rechazado las recomendaciones, sin embargo “en el último de los casos si no se pudiera, nosotros tendríamos que hacer uso de las nuevas atribuciones de los organismos defensores de los derechos humanos, como lo es informarle al Congreso del Estado qué alcaldes no cumplen con las recomendaciones para que sean citados a comparecer ante las y los diputados de la Legislatura” Infracciones no reconocidas Víctor Serrato Lozano mencionó que no tendría ningún inconveniente en dar a conocer los nombres de los municipios que han rechazado las observaciones hechas por la CEDH, no obstante prefiere esperar, debido a que “aún estamos en estudio, en el proceso”. Además, explicó que si hay una recomendación es porque se detectó que algún servidor público vulneró derechos humanos plasmados en la constitución. Para clarificar que tipo de abusos se cometen, el funcionario dijo que “en los gobiernos municipales se da mucho que aplican indebidamente algunos reglamentos, que hacen cobro excesivo de algunos servicios, como el agua potable, hay muchas quejas en ese sentido; también es común que haya inconformidad con las licencias de construcción y de funcionamiento”.