Jorge Manzo/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Los atentados terroristas del 15 de septiembre ocurridos en pleno corazón del Centro Histórico siguen en la impunidad. No hay ningún responsable tras las rejas. Las pistas apuntaban que cuatro personas eran las implicadas en la tragedia que les arrebató la vida a 8 personas y que dejó lastimadas a otras 132, sin embargo, el Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito en Materia Penal ha confirmado su inocencia. Han transcurrido 10 años del artero hecho criminal que lastimó a la sociedad en general y despertó el terror y la inseguridad. Desde aquel momento, nada ha sido igual. El “grito” sigue dándose, pero desde el 2008 es de dolor. Las secuelas no han desparecido y las víctimas seguirán con la llaga abierta. Hay una serie de hipótesis que vinculan a grupos criminales con la idea de lanzar granadas entre la población civil para imponer su poder. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a cinco personas, mismas que han sido exoneradas totalmente de los seis delitos que se les fincaron: delincuencia organizada con finalidad de cometer terrorismo y delincuencia organizada con finalidad de cometer delitos contra la salud. El 30 de enero de 2016 habían sido puestos en libertad bajo caución, sin embargo, una nueva resolución echó por tierra totalmente las acusaciones. En este entonces la tragedia para Michoacán se asomaba, aunque ya con mayor profundidad. La Familia Michoacana era el cártel que controlaba gran parte del territorio. Leonel Godoy Rangel era el gobernador del estado y Fausto Vallejo Figueroa el presidente de Morelia. En Los Pinos despachaba como presidente de México Felipe Calderón Hinojosa. Privaba la descoordinación. No existía confianza hacia lo que hacían las autoridades locales. Todos sabían, nadie hizo nada Todos sabían que había amenazas, nadie las dimensionó. “El lunes 15 de septiembre estén atentos porque va a haber un desastre el día del Grito”. Era lo que se advertía en uno de los mensajes que el Centro de Comunicaciones, Comando, Cómputo y Control del Gobierno recibió días antes del primer acto terrorista registrado en México. Pero no sólo fue un mensaje el que enviaron los autores intelectuales de la tragedia, sino que fueron cinco las amenazas que llegaron a los buzones de los servicios de emergencias y que se canalizaron a funcionarios del Gobierno de la República con delegación en Michoacán. Leonel Godoy desde el palco principal de Palacio de Gobierno arengaba a los héroes que nos dieron independencia antes de la media noche, misma que en esos instantes se esfumaba en manos de los criminales que lanzaron la granada de fragmentación entre los habitantes que acudían a las tradicionales fiestas que terminaron por enlutecer al país entero. Las personas que fueron detenidas fueron señaladas por las autoridades de pertenecer a Los Zetas. Alfredo Rosas, César Mondragón y Juan Carlos Castro fueron los primeros detenidos por las autoridades federales y llevadas ante la justicia federal. Transcurrieron 11 días de los hechos para dar con el paradero de las personas que “estaban plenamente identificadas”. El inicio de la guerra En aquel entonces la Familia Michoacana se apoderaba del control de las plazas en Michoacán, antes lo hicieron a través de La Empresa. Carlos Rosales Mendoza “El Tísico”, Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, y Nazario Moreno González, “El Chayo”, estaban al frente a la gavilla. Un año más tarde de los granadazos, 10 alcaldes y otros 20 funcionarios de primer y segundo nivel, entre ellos un juez, fueron aprehendidos por presuntamente servir a intereses de la delincuencia. Felipe Calderón ordenó una redada de funcionarios sospechosos de proporcionar protección e información al cártel. Ese operativo se le denominó “el michoacanazo”. Desde aquél entonces se recrudeció la lucha entre los gobiernos federal y estatal. La desconfianza privaba, y se sospechaba de los altos funcionarios de que estuvieran ligados a la delincuencia. Nadie entendía por qué la delincuencia estaba golpeando de esa manera a la sociedad civil. Los ataques terroristas mancharon la historia de Morelia y del país. Nunca antes un cártel había cometido un crimen de estas dimensiones. Eduardo Medina Mora, entonces procurador general de la República, siempre defendió los argumentos que llevaron a la prisión por más de 7 años a las personas que fueron detenidas en un operativo en Apatzingán. Hoy, a 10 años de la detención, el abogado de uno de los acusados, Raúl Fernando Espinoza de los Monteros, oficializó que las personas vinculadas a ese hecho han sido exoneradas por el órgano jurisdiccional en materia penal con sede en Jalisco. Incluso, avisó que exigirán al Estado mexicano la reparación del daño hacia las víctimas y sus familias. Dio a conocer que la resolución reafirmó que los inculpados fueron torturados y que se prefabricaron pruebas y testigos en su contra. En mayo de 2015, al ordenar la libertad bajo caución, se habían dado los mismos argumentos, y agregaban que había violación a sus derechos humanos. La Procuraduría General de la República a cargo de Jesús Murillo Karam en la era de Enrique Peña Nieto anunciaba la apelación a la resolución. Víctimas, aún no pueden superarlo Pero, mientras las autoridades responsables siguen desmenuzando el caso, las víctimas siguen sin poderlo superar. A propósito del décimo aniversario de esa tragedia, La Voz de Michoacán habló con quien coordinó el operativo de Protección Civil, el comandante Jorge Romero Alvarado. Él compartía que la plaza principal parecía un rastro lo que había dejado la granada de fragmentación sobre la plancha de la plaza Melchor Ocampo. “Cuerpos destazados, piernas, dedos. Es algo inconcebible, y aún no lo entiendo”, dijo Romero. Nadie ha logrado borrar de su mente esa tragedia. “Ya se escuchaban rumores de algo fuerte, pero no de estas dimensiones”. Él en ese entonces ayudó en las diligencias de levantamiento de personas heridas, debajo del árbol que aún guarda el secreto más doloroso de unas fiestas patrias. Ya no eran gritos de felicidad, sino de dolor. En eso se convirtió esa noche. Nadie daba crédito, la gente sufría, gritaba, lloraba, de verdad, no sé cómo explicarlo”, expuso el comandante Romero, quien guardó esa vivencia que le ha marcado la vida, pese a que en su labor como rescatista ha cumplido más de 30 años. La brigada de rescatistas que participó en aquel operativo ascendía a 130 personas, pero ahora sólo permanecen en la institución 10, desertaron de Protección Civil. “No aguantaron, sufrir en carne propia esa tragedia ha sido difícil, no entiendo por qué se dieron las cosas así. No me gustaría que se repitiera en mi ciudad, en mi estado, y en mi país”. Aunque han sido amargas experiencias las que han vivido en Protección Civil, nunca se pierde la esperanza de que la sociedad y el mismo Gobierno van a revalorar el papel que realizan los rescatistas, a quienes incluso no les importar sacrificarse por el bien de la sociedad. Justo en el momento en que el entonces gobernador Godoy daba el grito de la Independencia de México, estallidos que se confundían con la pirotecnia, mataban a morelianos que acudían a la verbena. Eran grupos criminales los que con saña lanzaban granadas de fragmentación que arrebataron y marcaron la vida de padres de familia, parejas, hermanos, hijos. No se respetaron clases sociales. En aquella ocasión se cumplían 198 años del inicio de la guerra de Independencia de México, pero pareciera que el reloj se paralizó y comenzó la era del encadenamiento a la violencia, a la sangre. Los criminales se apoderaron de la tranquilidad y la paz de las canteras rosas de la ciudad patrimonio. La vida de los morelianos cambió totalmente, ningún 15 de septiembre ha sido igual. No hay nada qué celebrar, dicen los sondeados. Lo único de lo que estamos seguros es que somos vulnerables, dicen. Fueron ocho las familias que perdieron a un ser querido, y 132 quedaron lastimadas. Su vida no ha sido la misma, el dolor los persigue, la injusticia se apoderó de ellos. No hay explicaciones para entender por qué la guerra de los criminales los alcanzó, pues ellos lo único que querían es celebrar una de las tradiciones más arraigadas y queridas por los mexicanos, y por Morelia, la cuna de don José María Morelos y Pavón. Ningún grupo criminal se adjudicó el hecho criminal, pero eso no importaba, para qué, pues el dolor acechó a todos, no distinguió a nadie, a un costado de la Catedral Metropolitana quedaron las vidas enteras de cientos de familias, pues desde entonces nada ha sido, ni lo será. Aboga Congreso por víctimas Apenas hace unos días se revivió el tema de los granadazos en el Congreso de Michoacán, la verdecologista Lucila Martínez presentó una iniciativa de decreto para cambiar de UMAS (Unidades de Medida y Actualización) a Salarios Mínimos, las pensiones para los afectados de los actos violentos del 15 de septiembre de 2008. En la exposición de motivos, la legisladora del PVEM, destacó que el camino que han enfrentado estas familias a partir de esa fecha, no ha sido fácil. Seguramente este camino, reiteró ha estado lleno de sinsabores, desesperanza, dolor e incertidumbre. Los afectados dijo, corren el riesgo de sufrir más rápidamente y de forma violenta los efectos de una situación económica adversa. Martínez Manríquez, destacó que de aprobarse este proyecto el resultado que generará al interior del núcleo familiar de las víctimas, será en respuesta a la demanda de atención de sus necesidades básicas y con respeto a sus Derechos Humanos. Resulta más garantista tasar en Salarios Mínimos las pensiones a los afectados por este suceso, que, en la Unidad de Medida y Actualización, ya se estaría atendiendo los principios constitucionales en materia de derechos humanos. Cabe señalar que al Congreso Estatal acudió un grupo numeroso de afectados por este suceso para conocer el alcance de esta propuesta que tiende a coadyuvar a mejorar sus ingresos familiares.
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