Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Aun con los esfuerzos interinstitucionales para preservar las garantías individuales de todos los michoacanos y su integridad, los casos de tortura se siguen gestando en el estado. Información de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) refiere que el 5 por ciento de las quejas que llegan a la dependencia es por presuntos actos de tortura, de los cuales ha documentado y validado 15 de ellos en lo que va de este 2019. Los señalados son, principalmente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado y en pocos casos las policías municipales. En voz del ombudsman de Michoacán, Víctor Manuel Serrato Lozano, en lo que va de enero a la fecha, se han recabado más de mil 100 quejas en la CEDH en contra de instancias de Seguridad Pública y procuración de justicia, 55 habrían sido por personas que asegruan haber sido víctimas; no obstante, no todos procederán como casos concretos de tortura. La CEDH clarifica que de enero a junio de este mismo año suman ya 15 apercibimientos da diversas autoridades por tortura en las áreas que tienen relación directa con detenciones. Fue en entrevista, el ombudsman precisó que los procedimientos para establecer como tortura un caso de denuncia ante la CEDH, deben pasar por revisiones, pruebas y otras condiciones. Explicó que en realidad son pocos los casos que proceden como actos de tortura debido a que en su mayoría se catalogan como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza durante una detención u otras agresiones por parte de los uniformados. Caso Gómez Arrieta Cuestionado sobre el caso del ahora exsubsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, a quien se ha acusado de tortura en las investigaciones de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el ombudsman refirió que se debe tomar en consideración que las pruebas han sido “manoseadas” por distintas organizaciones. El término “tortura” indica todo acto por el cual se causen intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. También puedes leer: Video sobre tortura es montaje, salida de Arrieta no fue para aceptar culpas, dice Silvano Detalló que es una práctica prohibida en la Constitución, instrumentos internacionales y en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, donde se tipifica como delito con penas de 10 a 20 años de prisión para quien la cometa, incluso de hasta 30 años en casos de agravantes. Si bien las quejas contra el ejército en general han disminuido, Serrato Lozano aseguró que en una década las quejas en contra del Ejército y las Fuerzas Armadas bajaron en una importante cantidad. Mientras que en 2008 se registraban cerca de 500 quejas o denuncias que incluían ejecuciones y casos de tortura, actualmente sólo se registran 10 por año. Al igual que en años pasados, siguen siendo los policías los que presentan el más alto grado de afectaciones a los mismos ciudadanos que juraron proteger. Esta situación valió para que en 2017 Michoacán se posicionara como el tercer lugar a nivel nacional en incidencia de violación a los derechos humanos. Tortura en México, arraigada La organización internacional Human Rights Watch ha señalado que una de las principales causas de los casos de tortura en nuestro país es que México ha usado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada, ambas vinculadas con el narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Datos recabados por la organizació, revelan que, entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a más de 64 mil personas que en 2016 estaban encarceladas en 338 reclusorios de todo el país, el 64 por ciento de la población penitenciaria informó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestada. El 19 por ciento de estas personas indicó haber recibido descargas eléctricas; el 36 por ciento, haber sido estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas, y el 59 por ciento haber recibido puñetazos o patadas. Además, el 28 por ciento manifestó haber sido amenazados con la posibilidad de que hicieran daño a sus familiares. Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Procuraduría General de la República inició más de 9 mil investigaciones sobre torturas. No obstante, son pocos los casos en los que quienes cometen torturas son llevados ante la justicia.
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