Sergio Lemus / La Voz de Michoacán (imagen Armando Solís) Morelia, Mich; 24 de agosto.-De los cinco estados donde se ha legislado ya a favor de las candidaturas independientes por los Congresos locales, la legislación de Michoacán es la más compleja en su aplicación porque es inaccesible que los ciudadanos pudieran participar en la competencia electoral, ya que pareciera que los partidos políticos quisieron cuidar más sus intereses y no perder espacios en las siguientes elecciones, advirtió César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). En el marco de la conferencia denominada “Modelos comparados de regulación de las Candidaturas Independientes en México” realizada por el Instituto Electoral de Michoacán; el investigador asociado “C” de la UNAM afirmó que tan sólo para acceder al respaldo ciudadano, en Michoacán se supera el 2 por ciento de la lista nominal para acceder a una candidatura independiente y libre de siglas partidistas, cuando en la legislación federal se contempla apenas el 0.26 por ciento de la lista nominal, por lo que consideró que existe una sobrerregulación. Opinó que por estos topes del porcentaje de la lista nominal para el respaldo de este tipo de candidaturas y de las fianzas millonarias a pagar al IEM, se piensa por el Legislativo que se va a salvaguardar de que accedan personas con intereses ilícitos, por lo que llampo a que no se criminalicen a quienes aspiran a participar bajo esta figura que se estableció en el Código Electoral de Michoacán. Comparó que en otros estados como Coahuila, Zacatecas, Quintana Roo y Durango, en el estado se contemplan varios candados que por su complejidad prácticamente le están poniendo un freno a los ciudadanos que desean participar y competir a un cargo de elección popular. “Se cree que las candidaturas independientes atraen intereses ilícitos, sin embargo, no podemos criminalizar, per se, a quienes aspiran a participar a través de esta figura”, indicó el investigador. El doctor en Derecho Parlamentario subrayó que en las legislaciones locales existen dos modelos sobre la implementación de esta figura de participación política y que hay tres grandes temas que es necesario contemplar como los porcentajes de respaldo que deberán cumplir quienes quieran registrarse bajo este figura, el acceso a radio y televisión y el equilibrio entre el financiamiento público y privado que recibirían. En ese sentido, oponó que la opción es blindar las aportaciones privadas que, en el caso de los candidatos independientes en Michoacán son mayores a los recursos públicos que se les otorgarían, a través de un modelo de fiscalización muy estricto implementado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Astudillo recalcó que no es atribución de la autoridad electoral certificar que los candidatos independientes no pertenezcan al crimen organizado, sino, en primera instancia, de los partidos políticos y en segundo lugar de las autoridades que imparten justicia. Al referirse al financiamiento público y privado, Astudillo Reyes indicó que en el artículo 41 Constitucional se establece que el segundo no puede exceder al primero, pero que, en el caso de las Candidaturas Independientes, tendrá que hacerse lo contrario. “No debemos confundir el principio de equidad con la igualdad de condiciones. Un candidato independiente no tiene las mismas oportunidades que un candidato respaldado por un partido político; sin embargo, sí debemos asegurar que ambos compitan con las mismas condiciones mínimas”, argumentó. Finalizó diciendo que si bien ya están contempladas las candidaturas independientes en varias legislaciones estatales y, recientemente, se hizo una reforma constitucional a nivel federal, es necesario aterrizar muchos temas para implementar, en las mejores condiciones, esta figura de participación política. “Las Candidaturas Independientes son un mecanismos que incentiva la participación de aquellos ciudadanos que no se siente representados por ningún partido político y no necesariamente atraen intereses ilícitos”, advirtiendo que los ciudadanos cuentan con su derecho de votar y ser votado, así como el derecho de presunción de inocencia para registrarse ante el IEM. Apreció que algo que se debe modificar en la legislación local en materia electoral es el hecho de que un aspirante partidista pretendiera competir por la gubernatura de Michoacán tendría que conseguir una fianza de alrededor de 20 millones de pesos, condición que hace prácticamente imposible que una persona pueda cumplir tal requisito. Los candidatos independientes pueden cumplir todos los requisitos –apuntó- pero eso no lo van a cubrir a menos que sea un gran empresario, con grandes posibilidades y ganas de dar esa fianza, lo cual veo altamente complicado.
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