La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) advirtió que aún y cuando el Congreso del Estado reprobará la Cuenta Pública del 2013, se seguirán los procesos jurídicos y de posibles responsabilidades, mismas que deberán seguir evaluándose ante las comisiones para fincar responsabilidades de los servidores públicos que estuvieron ejecutando programas y acciones dentro del ejercicio 2013 y que presentan anomalías. En este sentido, el titular del órgano técnico del Congreso de Michoacán, José Luis López Salgado aseguró que la negativa de la Cuenta Pública del 2013 es un asunto político, más que jurídico. Además, señaló que la mayoría de los expedientes de exfuncionarios estatales del último gobierno perredista se encuentran en el proceso de seguimiento de responsabilidades que lleva el área de asuntos jurídico de este órgano de fiscalización. A la fecha, el auditor Superior de Michoacán reconoció que no se ha inhabilitado a ningún exsecretario o funcionario de la administración de Leonel Godoy Rangel por presuntos malos manejos financieros o administrativos como se acusó durante la administración priista, derivado de que sigue el proceso abierto y no ha prescrito. En varios temas, López Salgado previó que se puedan incrementar el número de observaciones a la Cuenta Pública del 2015, - a pesar de que se tendrá que fiscalizar en los siguientes dos años- derivado del cambio y relevos de presidentes municipales, regidores, síndicos y de tesoreros de las administraciones. Respecto a la Cuenta Pública del 2011, José Luis López insistió que se mantiene la fiscalización pero ya en su etapa de responsabilidades dentro del área de Asuntos Jurídicos del órgano de fiscalización, para que puedan los servidores públicos defenderse ante posibles sanciones o falta de aclaraciones administrativas en algunos recursos. También el auditor Superior dijo que la Cuenta Pública del ejercicio 2012, -que corresponde al primer año del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa- se encuentra también en el área Jurídica del órgano técnico del Congreso de Michoacán con responsabilidades administrativas de varios de los servidores públicos que no pudieron desvanecer observaciones en un primer plazo de 45 días.
La Voz de Michoacán
