Héctor Jiménez/La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. "Lo que nos preocupa es que el 80 por ciento de los homicidios se realizaron con arma de fuego, además de atenderse el tema en términos de seguridad y procuración de justicia, se tiene que controlar el flujo de armas al estado", expresó Rodrigo Antúnez Álvarez, director adjunto del Observatorio Ciudadano de Michoacán (OCM), como parte de su informe anual de 2018, al que calificó como el año más violento en el estado desde el 2015. “Tenemos un flujo grande de armas en el estado y no ha habido un solo golpe representativo en este sentido. Si tenemos comunidades con problemas, como Apatzingán y toda esta zona, difícilmente vamos a poder controlar el problema. Para contextualizar cómo se ha desarrollado el homicidio doloso, en 2015 se presentaron 386 carpetas de investigación y para 2018, que fue el año más peligroso en homicidio doloso, se presentaron mil 060 carpetas de investigación”, explicó el portavoz en conferencia de prensa. De acuerdo con el informe presentado este martes a medios de comunicación, en 2018 Michoacán presentó aumentos de 16 por ciento en secuestro, 6 por ciento en homicidio doloso, 6 por ciento en robo con violencia y 0.8 en robo a casa habitación. Antúnez Álvarez detalló que los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Uruapan, Zamora y Apatzingán se posicionaron en varias ocasiones entre los primeros 50 lugares en distintos delitos a nivel nacional y especialmente la situación de Apatzingán es preocupante, pues está en el lugar nacional número tres por robo a vehículo, el 10 por robo con violencia, el 13 por homicidio doloso, el 33 por homicidio culposo y el 36 por feminicidio. A la par, Uruapan se ubicó en los puestos 29 por robo a vehículos, 37 por homicidio doloso, 39 por feminicidio y 45 por secuestro. Zamora estuvo en el 36 por homicidio doloso y 42 por homicidio culposo. Lázaro Cárdenas en el 16 por secuestro y Morelia sólo figuró en el puesto 26 nacional por homicidio culposo. En el informe también se detalla que de 2015 a 2018, el estado pasó de una tasa de 16.56 a 28.12 en homicidio doloso, de 90.58 a 155.10 en robo con violencia y de 0.67 a 0.71 en secuestro, no obstante que el representante del Observatorio Ciudadano señaló que en los casos de secuestro se tiene una importante cifra negra, es decir, de casos que no se denuncian y por lo tanto no se reflejan en las estadísticas. Rodrigo Antúnez consideró que un factor preocupante es que en algunas de las investigaciones no se cuenta con la información de edad y género de la víctima, a los cual se suman los presumibles casos de “multihomicidio”, es decir, los registros en los que en un solo hecho pierden la vida más de una persona. “El número de víctimas de carpeta de investigación aumentó de 2017 a 2018, me refiero a los multihomicidios”, señaló el portavoz. “Nosotros tenemos en 2017 mil 249 carpetas de investigación, pero tenemos mil 481 víctimas, lo que nos habla de que esta diferencia son multihomicidios. Lo que nos preocupa es que este tipo de multihomicidios denota una cantidad violencia representativa. Lo que tenemos que buscar como sociedad es que no aumenten estas víctimas, pero desgraciadamente en 2018 creció de 1.18 a 1.21. Tenemos más multihomicidios, lo que nos habla de un tema de violencia en cómo se están cometiendo estos delitos”. Sin embargo, cuestionado sobre un estudio en torno al flujo de armas en el estado de Michoacán que se entrevé en los casos de homicidio, el director adjunto respondió que “no hay un análisis, no podríamos hacer un análisis del flujo de armas porque no estamos capacitados para hacerlo ni tenemos las herramientas, pero lo que sí sabemos es que el 80 por ciento de los delitos se están cometiendo con armas de fuego. Entonces, ¿de dónde están saliendo esas armas de fuego? Esa es la pregunta. ¿De donde están saliendo las municiones, las balas para que esos homicidios pasen? Con este contexto, el portavoz del Observatorio Ciudadano manifestó que se requiere mayor coordinación de los diferentes niveles de gobierno, así como aumentar los recursos de procuración de justicia, por encima de los gastos en seguridad pública, para poder tener avances en resolver la ola de violencia vivida en Michoacán. “Todo mundo habla del Ministerio Público y demás, pero hay más dinero para comprar armas y balas, que definitivamente no resuelven el problema, que para formalizar a la procuraduría y a la Fiscalía y tener un número decente de ministerios públicos para la cantidad de eventos que hay. “Traemos un contexto difícil en lo que fue 2018, empezamos el año y continuamos con dispuestas territoriales del crimen organizado, en algunas partes vimos resurgimiento de autodefensas. Por otra parte, tuvimos uno de los procesos electorales más violentos en la historia de Michoacán, tenemos una cancelación del Mando Único, que denotó una falta de coordinación de todos los niveles en el tema de seguridad y finalmente tuvimos una disputa política por la Fiscalía, que gracias a dios se resolvió y ya vamos a seguir trabajando”, finalizó el director adjunto. “Inaceptable”, conflicto en centros penitenciarios Adicionalmente, cuestionado sobre la reciente riña registrada en el Centro de Reinserción Social de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, calificó el hecho como “preocupante” e "inaceptable", al considerar que los centros que deberían ser de "readaptación" parecen ser escuelas del crimen, así como tampoco descartó participación de las autoridades en estos hechos. El tema de lo que está pasando en las cárceles es preocupante. Es inaceptable que se estén presentando este tipo de cosas en centros de rehabilitación, que parecen más centros de universidades de delincuencia, y lo que preocupa mucho más y lo vamos a decir con toda claridad es que los mismos presos están denunciando participación de las autoridades dentro de los Ceresos en actividades criminales. “El responsable de este tema es el secretario de Gobierno, habría que preguntarle al secretario de Gobierno cuál es el informe de la situación actual en las cárceles de Michoacán, es un problema gravísimo”, finalizó.
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