Conjuran huelga en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Antonio Magaña de la Mora, y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial (SUTASPJEM) llegaron aún acuerdo en la reparación de violaciones al contrato colectivo del año pasado y a un acuerdo de incrementar el 3.5 por ciento de salarios a los trabajadores sindicalizados, así como el 1.2 por ciento en aumento a las prestaciones. La tarde de este lunes, Día de la Candelaria, ambas partes acordaron resolver los dos emplazamientos de huelga programados para este martes 3 de febrero y para el día 18 de febrero del presente año, luego de concretar acuerdos en aumento salarial y en atender algunas demandas pendientes de los sindicalizados en materia laboral y capacitación. Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán, reconoció que el aumento salarial y de prestaciones acordado ayer para los más de mil 700 agremiados al SUTASPEJM no está presupuestado dentro del gasto aprobado por la cámara de diputados locales dentro del ejercicio fiscal del 2015, por lo que “al no tener contemplado esto, pero además de la nómina del Nuevo Sistema de Justicia Penal, tendremos que revisar las acciones para implementar los mandatos constitucionales de los juicios orales”. Magaña de la Mora dijo que aún están en la espera de una respuesta por parte del Poder Ejecutivo de Michoacán para la ampliación presupuestal, derivado de que el aumento del 3.5 por ciento al sueldo de cada uno de los trabajadores y de 1.2 por ciento a prestaciones no se tiene presupuestado y se requiere ahora de hacer un ejercicio de hacer economías en este poder del estado. El presidente del STJE dijo en la última sesión del consejo implementador del NSJP en la que estaba el gobernador de Michoacán presente que se requiere de por lo menos 340 millones de pesos más para pagar y contratar personal para la implementación del sistema penal adversal en las regiones de Morelia y Zitácuaro que entran el 7 de marzo del presente año, para celebrar en Ario de Rosales el Bicentenario del Primer Tribunal de Justicia. Así como también se requiere contratar personal para los juicios orales y centros de medición para las regiones distritales de Uruapan y Zamora que entran en vigencia a partir del 3 de agosto de esta anualidad. “Pediremos que se haga una revisión de nuestro propio presupuesto para poder hacer frente a este nuevo sistema de justicia penal como el propio incremento que hicimos con el sindicato”, refirió el presidente. Sin clarificar de cuánto asciende este aumento en millones de pesos y del porcentaje del presupuesto que es menor a los mil 200 millones de pesos del gasto a ejercer el STJE en 2015; Magaña de la Mora comentó que se hará una revisión detallada de las economías que podrían aplicarse los siguientes días para tener una solvencia en su presupuesto. Señaló que se ha hecho ya la petición al Poder Ejecutivo de estado sobre la ampliación presupuestal, donde el gobernador instruyó al secretario de Finanzas de la administración estatal a atender la demanda de la ampliación para los salarios del personal con la implementación del nuevo sistema de justicia, misma que aún está en espera. Se garantizan empleos en el Poder Judicial Por su parte, el líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Francisco Javier Gámez Piñón, aseguró que se logró por lo menos mantener cien fuentes de empleo dentro del Poder Judicial con los acuerdos logrados la tarde de este lunes con la parte patronal. Ante el temor de ser despedidos o removidos sindicalizados o personal de los juzgados o de las cabeceras distritales con la implementación del nuevo sistema de justicia penal; el secretario general aseveró que se acordó con el presidente del STJE que sólo serán cambiados de oficinas aquellas personas que trabajan en juzgados de municipios a las cabeceras judiciales. A estas personas, agregó, “se les va a reubicar a las cabeceras distritales, pero no van a perder su empleo, porque aproximadamente son 100 personas que estaban en esta situación, porque actualmente no hay fuentes de empleo en el estado o se pierden por la difícil situación del estado”, Congratuló el respaldo dado por el STJE en el que se conservan estos empleos con la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Respecto a las violaciones del contrato colectivo de trabajo; refirió que se privilegió en este acuerdo con la parte patronal más la “estabilidad” del empleo y laboral que un aumento mayor al que proponían del 20 por ciento. Destacó que este aumento del 3.5 por ciento al sueldo de los empleados y del 1.2 por ciento a prestaciones es similar al del año pasado, por lo cual, precisó que los sindicalizados conscientes de la situación económica del estado determinaron aceptar este ofrecimiento para conjurar el segundo emplazamiento de huelga programado para el día 18 de febrero, por lo que para este año no habrá huelga en este poder y sólo tratarán de resolver la falta de recursos para su operación con la aplicación de los juicios orales. Finalmente, Gámez Piñón señaló que el aumento salarial es retroactivo y se pagará desde enero el proporcional del aumento y en este mes de febrero. En la junta de avenimiento estuvo presente el titular del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, José Miguel Jiménez Martínez.