Ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) puede contar con vasta información sobre los encuentros que han sostenido actores políticos, empresariales y sociales, derivado de cateos realizados a propiedades de la delincuencia organizada, el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala, reviró al procurador José Martín Godoy Castro su llamado para que se acerquen a él los involucrados, y optó por exigirle que realice las citaciones formales a declarar para todos los que hayan sido mencionados en las averiguaciones previas penales o aparezcan en el material digital que poseen las instancias de seguridad y de procuración de justicia en la entidad. El dirigente blanquiazul hizo del conocimiento público que tan sólo en un cateo realizado en Uruapan el 27 de abril de 2014 por parte de la Fiscalía de la Dirección de Antisecuestros y Extorsiones de la Procuraduría General de Justicia de Morelia, fueron incautados 39 artículos electrónicos entre los que se cuentan 14 teléfonos celulares, 5 memorias micro SD, varias tarjetas SIM y 20 memorias USB, que contienen al menos 100 GB de información, lo que equivaldría a 83 horas de video o 100 mil documentos de texto. Asimismo, observó que de este hecho que otorgó información reservada para la investigación en temas de seguridad a la PGJE se desprende que coincidentemente a partir de mayo inició -de manera sistemática y administrada– la filtración al espectro público, a través de medios de comunicación y redes sociales, de una serie de videoescándalos que continúa hasta la fecha. Por ello, Chávez Zavala añadió en su exhorto al procurador que evite el uso doloso de los procedimientos de investigación cuya práctica contamina el proceso electoral que está a dos días de iniciar formalmente. En torno a la invitación de Godoy Castro para que se acerquen a declarar a la dependencia que preside aquellos que hayan tenido algún contacto con líderes de la delincuencia organizada, el jefe del panismo michoacano resaltó que debe considerarse que tampoco se han establecido los protocolos de seguridad para los alcaldes que decidan hacerlo así como el que la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública aún no son lo suficientemente confiables para ello al seguir infiltrados por el crimen organizado.
La Voz de Michoacán
