Jorge Manzo/La Voz de Michoacán En Michoacán actualmente operan once centros de reinserción social, de los cuales sólo el de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto enfrenta una sobrepoblación y ya se define la estrategia para despresurizar y reubicar a reos a otros espacios que se tienen en Michoacán, incluso, enviar al Centro Federal que se encuentra en los límites con Jalisco, confesó la coordinadora del sistema Citly Velasco Martínez. Según cifras oficiales, estaría un 10 por ciento por encima de su capacidad. Actualmente se tienen ahí a mil 100 reclusos, no obstante, esto no representa ningún riesgo de que haya connatos de escapes o que se pueda salir de control por alguna trifulca, afirmó la funcionaria estatal en entrevista exclusiva para La Voz de Michoacán, tras insistir en que se buscará garantizar que los derechos de las personas privadas de la libertad “se cumplan”. Recordó que durante la administración de Silvano Aureoles se cerró el centro penitenciario Francisco J. Mújica, y que prácticamente ya se encontraba en el corazón de la ciudad, y que representaba un “foco sanitario”, por lo que fueron canalizados al Franco Rodríguez y el de Alto Impacto y se mejoró la estancia de los internos. Aún y con la presencia de grupos del crimen organizado, la coordinadora del sistema penitenciario en Michoacán afirmó que no se han registrado hechos de amotinamientos o fuga de reos. Insistió en que nadie, sin la orden de un juez, se podrá salir de la prisión, aunque admitió que no están exentos de un evento. “Hay que estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, trabajando en estos temas”. Citly Velasco, quien ya ha dirigido los ceresos de Zamora y Tacámbaro, presumió que se han hecho trabajos importantes para la profesionalización de los custodios. Destacó que es una preocupación latente de darles las herramientas para que desempeñen de mejor manera su labor. Se han capacitado 400 elementos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. De esta manera, señaló que se tiene plena confianza en su labor, y ellos deberán portarse a la altura con el cargo que tienen, de lo contrario, se les dirá “adiós, gracias”. Recordó que en el pasado se tenían academias en donde la capacitación sólo iba dirigida a policías de calles, pero ahora se han hecho modificaciones y se ha logrado un enfoque más preciso, y permite que cuenten con mayor preparación. Asimismo, Velasco reconoció que el centro penitenciario de Apatzingán enfrentaba condiciones deplorables. Hace unos meses se cerró ése, y se abrió otro más, en donde hay espacio suficiente para analizar incluso en el envío de reclusos. Tiene capacidad para 365 personas privadas de la libertad, y esto es que “estamos en niveles muy bajos”. También fueron clausurados los de Zinapecuaro y Jiquilpan, mismos que se encontraban prácticamente en el centro, en cárceles municipales viejas, que no tenían las condiciones humanas para que se lograra la reinserción social. Anunció que buscarán certificarlo con la Asociación de Correccionales Americana a través de la Iniciativa Mérida y el Consulado Americano. Compartió que hay directores y jefes de seguridad que han acudido a academias en Estados Unidos, donde los capacitan puntualmente. Cambiar cultura La coordinadora habló de cambiar la cultura y el lenguaje para referirse al sistema penitenciario. Dijo que el término de reo ya no se utiliza, pues se busca dignificar a la persona que está recluida. “Es una persona privada de su libertad”, dijo Velasco Martínez. “Ya no se utiliza el término cárcel, se utiliza centro penitenciario porque la ley así lo marca, ya no les podemos llamar celdas tampoco, son dormitorios. ¿Por qué? Porque se ha humanizado un poquito más el tema”, expuso Velasco Martínez durante la entrevista. Ellos están compurgando una pena, pero la pena se las impone un juez y también hablamos de gente que está procesada pero que todavía tiene la presunción de inocencia, y como presunción de inocencia pues tienen todos estos derechos también, el derecho a salud, a la educación, a la alimentación”, destacó la funcionaria. Defendió que se tengan que erogar recursos para su manutención, a pesar de que en redes sociales hay animadversión sobre el tema. “Tenemos que dotarles de todos estos implementos y herramientas, pero también el derecho a alimentación es una cuestión básica que está dentro de las garantías individuales y nuestra preocupación, tanto de la Secretaría de Gobierno como del gobernador es garantizar que se dé un trato digno y humano, ellos ya están aquí recluidos por un tema de que ellos cometieron algún delito, pero nosotros no somos los jueces”.
La Voz de Michoacán
