Jorge Ávila / La Voz de Michoacán En el mes febrero de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a nivel federal presentó un plan para atender y buscar la reparación del daño a las víctimas de la violencia política de la época conocida como “Guerra Sucia”, que se dio desde finales de la década de los 60 y que ha sido catalogada por especialistas como terrorismo de Estado. Ya esta semana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó el pasado lunes 24 de febrero que este miércoles 26 pondría en operación la oficina especial para investigar la represión y desapariciones forzadas por violencia política del Estado durante el pasado reciente, comprendiendo un periodo de 1969 a 1999. La CNDH explicó, mediante un comunicado, que la nueva oficina funcionará como una Visitaduría Especial, “y tendrá amplias facultades constitucionales y legales” para hacer una investigación integral e incluso ampliar los plazos objeto de la propia indagatoria “a otros años, anteriores o recientes”, para el pleno esclarecimiento del periodo y los casos concretos a investigar. https://twitter.com/CNDH/status/1232682028761591808?s=20 La ombudsperson, María del Rosario Piedra Ibarra, recordó que la enorme crisis en materia de derechos humanos que se padece en México “tiene raíces muy hondas, y una de ellas es la represión ejercida por el Estado, en la total impunidad, durante el periodo llamado Guerra Sucia”. Pero además, la titular de la CNDH afirmó que las violaciones a los derechos humanos datan de mucho antes, “de los años de la creación de organismos parapoliciacos y paramilitares, como la Dirección Federal de Seguridad, brazo ejecutor de los gobiernos mexicanos desde 1948, para perseguir y eliminar a sus adversarios políticos”. Este lunes, Piedra Ibarra acompañó a un grupo de miembros del Comité Eureka, exdesaparecidos y familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia, quienes se manifestaron en las inmediaciones del Palacio Nacional. Demandaban una audiencia conel presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe recordar que la funcionaria es hermana de una de las víctimas de desaparición forzada de aquella época, Jesús Piedra Ibarra, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien fue desaparecido en Monterrey. En este sentido, la ombudsperson expuso que una lucha histórica de las víctimas de la represión política “ha sido el esclarecimiento de las detenciones arbitrarias, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas durante el periodo comprendido entre los años 60 y 90 del siglo XX”. Piedra Ibarra es hermana de una de las víctimas de desaparición forzada de aquella época. En este tenor, para saldar la deuda del Estado mexicano y garantizar el acceso a la justicia y la verdad, la CNDH creó, el 9 de enero, la oficina especial, a la cual se asignarán titulares y responsables de área en esta semana. Si bien las investigaciones que realice la oficina especial “no serán de carácter penal, éstas podrán coadyuvar en las investigaciones realizadas por las autoridades competentes”, esto quiere decir que la oficina “podrá aportar pruebas que faciliten el acceso final a la justicia y, por ende, a la verdad”. ¿Qué fue la Guerra Sucia? En México, durante la década de 1970 y parte de la de 1980, existió lo que se dio en llamar Guerra Sucia, y se caracterizó por violencia ejercida por el Estado mexicano en contra de disidentes y opositores políticos en distintas entidades del país. En esa etapa hubo asesinatos, encarcelamientos y desaparición forzada de estudiantes, activistas, líderes sociales, guerrilleros, campesinos y hasta personas sobre las que recayera alguna sospecha o por el parentesco con algún personaje incómodo para el gobierno. Según diversas organizaciones y colectivos, durante Guerra Sucia, sólo en el estado de Guerrero, ocurrieron, al menos, unas 600 desapariciones forzadas, algo muy alejado de la cifra de alrededor de 480 que el gobierno ha manejado a nivel nacional. A este periodo se le conoce como Guerra Sucia en referencia a la forma en la que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular. Las autoridades responsables de la seguridad implicaron al Ejército mexicano en actos como asesinato, tortura y desaparición, actos considerados por activistas y especialistas como crímenes de lesa humanidad. Y es que las instituciones militares, las de procuración de justicia y las de representación popular, fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros, sin reconocerlos como prisioneros de guerra ni darles el trato como tales. Muchos integrantes de movimientos sociales que recurrieron a las armas fueron también considerados como objetivo de aniquilamiento y destrucción. Las operaciones militares y los operativos policiacos con los que eran perseguidos no pretendían detener, someter y poner a disposición de autoridad a los presuntos delincuentes para ser juzgados, sino que estaban diseñados para capturar, someter, torturar, desaparecer temporal o definitivamente a los detenidos y, en muchos casos, ejecutarlos extrajudicialmente. Por testimonios de sobrevivientes, se sabe que en muchos operativos la intención no era detener a los integrantes de estos grupos subversivos y disidentes, sino simplemente matarlos. Esta forma de exterminio se complementó con otros mecanismos en los que se tomaba como rehenes a familiares y amigos, varios de los cuales terminaron desaparecidos. O bien, después de torturar y desaparecer temporalmente a sus víctimas, los entregaban a la autoridad competente con las confesiones obtenidas por medio de la tortura para que sirvieran de base y machote de declaraciones inculpatorias con las que mantenían detenidos a los que lograban salvarse de la desaparición permanente. Para estos fines, los cuerpos militares y policiacos tenían listas de los “fugitivos’”, que eran los candidatos a ser desaparecidos mediante los procedimientos señalados, cuando fueran capturados. Durante ese periodo fue política de Estado aniquilar a los integrantes de los grupos disidentes que no podían ser controlados. https://www.youtube.com/watch?v=ZOv6quKSTi8 Al Ejército se le permitió hacer operaciones de contrainsurgencia en un contexto que el derecho internacional humanitario reconoce como “conflicto interno”, protegido por los Convenios de Ginebra y que México ha suscrito, donde se cometieron terribles crímenes de guerra que transgreden el orden constitucional, que no se pueden amparar en el fuero militar y que son considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad e imprescriptibles. Los crímenes que se imputan a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad tienen que ver con el derecho de guerra, con las garantías individuales que todo Estado está obligado a salvaguardar aun en estado de emergencia y con los derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución, en el derecho internacional y en la legislación vigente del país. En contraste, la opinión pública se enteró de la guerrilla de manera limitada y distorsionada, con calificativos como el de “vulgares delincuentes”, o el de “terroristas”, o simplemente “comunistas”. Las cifras oficiales Entre el 1 de enero de 1969 y el 13 de septiembre de 1999, cifras oficiales indican la desaparición de 480 personas en 17 estados de la República; de esos casos, en el 62 por ciento hubo involucramiento de elementos del Ejército, según datosde la entonces Procuraduría General de la República dados a conocer en 2015. Según el reporte, el 61 por ciento de las desapariciones (293) ocurrieron en Guerrero, el 9 por ciento, en el entonces llamado Distrito Federal (44); el 8 por ciento, en Jalisco (38), y 5.4 por ciento, un total de 26 casos, en Sinaloa. Según datos del gobierno de México, 275 de los desaparecidos pertenecían al Partido de los Pobres, y en el municipio de Atoyac deÁlvarez, Guerrero, fueron desaparecidos 219 de los militantes, 30 en Acapulco, 7 en Coyuca de Benítez y otros 3 en localidades como Chilpancingo, Coyuca de Catalán y Tecpan de Galeana. En todas estas desapariciones los principales señalados son efectivos del Ejército. También en este estado sureño se dio la desaparición forzada de 18 integrantes de la Asociación Nacional Revolucionaria, 9 de Fuerzas Armadas Revolucionarias, dos miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre, un integrante de las Fuerzas de Liberación Nacional, otro militantes del Comando Armado del Pueblo, un integrante de Vanguardia Armada Revolucionaria y otras dos personas cuya militancia no se conoce pero que igual no se volvió a saber de ellos. El informe también consigna la desaparición de más miembros del Partido de los Pobres, la organización política y guerrillera fundada en 1967 por el maestro rural Lucio Cabañas, en 8 estados del país: 7 en el Estado de México, dos en Veracruz, otros dos en Morelos, una persona enChiapas, otra en el entonces Distrito Federal, una más en Oaxaca, y Puebla y Tamaulipas también registran un caso cada uno. En tanto, en la Ciudad de México, 34 de los 44 desaparecidos entre enero de 1969 y mayo de 1997 militaban en la Liga Comunista 23 de Septiembre y otras 5 personas estaban afiliadas o relacionadas con agrupaciones como Unión del Pueblo, Movimiento de Unificación Lucha Triqui, Fuerzas Armadas de Tacuba y la UNAM, Comando Armado del Pueblo y Movimiento del 68. De 4 varones se desconoce su militancia o datos, sólo hay indicios de que fueron desaparecidos entre 1979 y 1983 en la capital del país. La Liga Comunista 23 de Septiembre fue un movimiento guerrillero que nació a inicios de la década de 1970 y llegó a tener presencia en 16 estados del país, siendo Jalisco y Nuevo León las entidades donde tuvo mayor actividad; sin embargo, el reporte oficial reconoce únicamente los casos de 5 desaparecidos en Monterrey. En Sinaloa, agentes de la temible Dirección Federal de Seguridad, de la Policía Judicial e integrantes de la Brigada Blanca, habrían tenido que ver con la desaparición de miembros de este movimiento armado en municipios como Culiacán (18), Los Mochis (3), El Fuerte (3), Escuinapa (1) y Mazatlán (1), entre los años 1972 y 1979. El resto de las desapariciones forzadas de personas relacionadas con la Liga 23 de Septiembre sucedieron, 9 en el Estado de México, 8 en Chihuahua, 7 en Sonora, 3 en Baja California y otras 3 Chiapas. A estos casos hay que sumar los 2 desaparecidos en Morelos, otro par en Oaxaca, uno en Hidalgo, otra persona en Michoacán, más uno en Nayarit y otro en el estado de Puebla. El reporte, obtenido en 2005 a través de la Ley de Transparencia, indica que agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) fueron responsables del 20 por cientode las desapariciones (96), la Policía Judicial, de 9 por ciento (43); la Brigada Blanca, 2.5 por ciento (12), y la Policía Militar, de dos casos. De 31 víctimas restantes (6.4 por ciento) se desconoce a los posibles culpables. Se precisa que de los 480 desaparecidos consignados en el informe como cifra oficial, 57 por ciento eran militantes del Partido de los Pobres (275), 29 por ciento pertenecían a la Liga Comunista 23 de Septiembre (138) y el 14 por cientoeran miembros de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (18), Fuerzas Armadas Revolucionarias (10), Movimiento de Acción Revolucionaria (9), Fuerzas de Liberación Nacional (6) y de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (5). El resto militaban en el Comando Armado del Pueblo (2), Vanguardia Armada Revolucionaria (1), Unión del Pueblo (1), Movimiento de Unificación Lucha Triqui (1), Partido Proletario Unido de América (1), Movimiento Armado Revolucionario (1), Movimiento del 68 (1) y de las Fuerzas Armadas de Tacuba y la UNAM (1). Siete personas desaparecidas en ese periodo no participaron en ninguno de los 15 movimientos políticos o guerrilleros registrados en el informe y tres carecen de datos. Por si fuera poco, 20 víctimas eran menores de edad al momento de su desaparición; 46 tenían entre 18 y 20 años. Sin embargo, se desconoce la edad de 147 personas desaparecidas. El informe consigna que la mayoría de los desaparecidos, 155 personas, tenían entre 21 y 30 años, 73 eran de entre 31 y 40 años; 23 tenían 41 y 50, y 16 de ellos, entre 51 y 80 años de edad. Lamentablemente las investigaciones comenzaron de forma tardía, pues de 1960 al año 2000 no se había hecho ninguna averiguación previa por el delito de desaparición forzada correspondiente a la Guerra Sucia. Fue hasta que se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), durante la administración de Vicente Fox, que se iniciaron 60 averiguaciones, las cuales dieron como resultado 21 probables responsables consignados ante las autoridades. Buena intención, opacidad y reserva de información La nueva oficina en la CNDH se dedicará a investigar los casos de desapariciónentre 1969 y 1999, lo que abarca los periodos de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. Y es que, si bien la Guerra Sucia se considera hasta mediados de los 80, hay que resaltar que previo al arribo de Salinas de Gortari a la Presidencia hubo muchos casos de persecución política a personas afines al cardenismo, que impulsaban la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas ya fuera de las filas del PRI. Pero además, es de señalar que en 1994, el Ejercito Zapatista de LiberaciónNacional salió a tomar las plazas en el estado de Chiapas en una declaratoria formal de guerra al Estado Mexicano, conflicto que durante el mandato de Ernesto Zedillo vivió su fase de mayor algidez con cientos de desplazados, encarcelados, asesinados y desaparecidos a manos tanto de las autoridades como de grupos paramilitares. Ahora bien, pese a la consigna de máxima transparencia, el Archivo General de la Nación sigue obstaculizando la consulta de archivos relacionados con la Guerra Sucia, lo que ha sido considerado como unasimulación por parte del gobierno federal. En la Ciudad de México, durante el Foro “Archivos, memoria y violencia de Estado en México”, investigadores señalaron que la consulta de los expedientes debe formar parte de una política institucional de verdad y justicia para evitar la repetición de violaciones graves a los derechos humanos. José Luis Moreno Barbollaa, miembro de la organización Sobrevivientes de la Guerra Sucia, dijo en entrevista con el diario La Jornada que aunque el director del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruiz Abreu, ha afirmado que no habría restricciones para consultar los fondos documentales de las extintas direcciones Federal de Seguridad y General de Investigaciones Sociales y Políticas, sigue habiendo una gran cantidad de obstáculos para ello. https://twitter.com/article19mex/status/1232367581979275264?s=20 Además, diversas organizaciones de víctimas han denunciado huecos en los acervos porque muchos expedientes están en manos de juzgados, lo que podría considerarse como una operación de saqueo, además de que el Archivo puede tardar hasta seis meses en brindar la información histórica que se le solicite. Por su parte, el investigador Francisco Ávila Coronel subrayó que la función histórica, aunque no legal, del AGN es salvaguardar los archivos sensibles que prueben la participación de las autoridades en crímenes de lesa humanidad para que no sean consultados. De acuerdo con el especialista, en el máximo recinto de la archivística nacional hay bóvedas y cajas fuertes en las que se resguarda material sonoro, gráfico y escrito que ilustra cómo las autoridades mexicanas han participado en violaciones de derechos humanos, pero estos acervos permanecen restringidos con el argumento de la protección a los datos personales sensibles. María Magdalena Pérez Alfaro, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, coincidió en que este último aspecto ha sido utilizado para mantener la opacidad de varios documentos importantes, como parte de estrategias cada vez más sofisticadas para obstaculizar su consulta. “La insistencia en que dichos expedientes pueden ser revisados libremente, recalcó, no se debe a que un grupo de académicos necesite terminar sus tesis, sino porque ahí están los elementos para conocer cómo ocurrieron las violaciones de derechos humanos de décadas pasadas y evitar su repetición”, comentó la especialista.
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