Héctor Tapia/ La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Al gobierno del estado le preocupa que el crimen organizado pueda incidir en el proceso electoral que está en proceso ya sea con candidatos que tengan nexos o presionando para que se impongan a figuras que les favorezcan, señaló el secretario de gobierno, Adrián López Solís, quien reconoció que existe este riesgo. En este sentido explicó que desde la última reunión que sostuvieron en la mesa de gobernabilidad, a los dirigentes partidistas y organismos electorales, se les externó esta preocupación. A pregunta expresa el encargado de la política interna de Michoacán dijo que “uno de los riesgos es que personas ligadas a la delincuencia pretendieran participar como candidatos o bien que pudieran tratar de incidir en la definición de los candidatos dentro de los procesos de selección de los propios partidos políticos”. Ante el planteamiento de esta preocupación a los dirigentes de los institutos políticos dijo que estos establecieron el compromiso “de agotar los instrumentos al alcance” para procurar que las personas que postulen a cargos de elección popular “tengan una trayectoria limpia y sin ningún antecedente”. Se le cuestionó si tenían zonas del estado donde este riesgo fuera latente, ante lo que dijo que “no podemos señalar una región específica” donde pudiera existir un mayor riesgo, aunque reconoció que hay zonas que por sus antecedentes “se inclinan más hacia ese tipo de prácticas” en comparación de otras, aunque dijo preferir no señalarlas; “debemos trabajar para que en ninguna región suceda esto que vamos a evitar”. López Solís explicó que Michoacán viene de una situación de la cual “ya quedó por demás evidenciado que este fenómeno de mezclar los intereses de la ciudadanía con los políticos le trajo a la población graves consecuencias”, aspecto contra el cual se ha venido luchando en la presente administración. El secretario de gobierno refirió también que para este proceso electoral desde una semana antes de que iniciara formalmente, fue que se instaló la mesa de gobernabilidad con los organismos electorales y los partidos políticos, para dar seguimiento permanente al desarrollo del proceso. Para más información consulte la edición impresa del 31 de octubre.