Ciudad de México. Comprometiéndose a atender el caso de primera mano, y realizar un pronunciamiento en los próximos días al respecto del caso, el relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y María Luisa Bascur, coordinadora de la Unidad de Observación de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en México, externaron su partícular preocupación por el caso de Salvador Adame quien cumple un mes y 6 días desaparecido, tras haber sido secuestrado por un comando armado el pasado 18 de Mayo. Ambos funcionarios internacionales se reunieron este jueves pasado de manera informal, en las oficinas del Alto Comisionado de la ONU en la Ciudad de México, con un grupo de periodistas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Sinaloa y Ciudad de México, acompañados de representantes de organizaciones defensoras de la libertad de expresión como ARTICLE 19, Reporteros Sin Fronteras, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Periodistas A Pie, y Comunicación e Información de la Mujer (Cimac). El evento sirvió para que el relator Lanza conociera los problemas y obstáculos que viven los periodistas en México y particularmente de los estados mencionados, registrados por las organizaciones como de los más problemáticos para ejercer la labor periodística libremente, y que formará parte de un expediente que se elaborará a manera de diagnóstico, para una futura visita oficial del propio funcionario de la CIDH junto con David Kaye, relator de la Libertad emitir recomendaciones a los tres niveles de gobierno. A invitación de ARTICLE 19, el periodista Elly Castillo expuso dos temas en su oportunidad al tomar la palabra para hablar de la situación que atraviesa el gremio periodístico de Michoacán: Las pésimas condiciones laborales, sociales y de inseguridad en que desarrollan su labor; y el caso de Salvador Adame Pardo. En el primer ámbito, Castillo señaló las presiones tanto económicas como de censura a las que son sometidas empresas, directivos y reporteros, citando además ejemplos de recientes agresiones de grupos sociales como normalistas y la CNTE, de propios mandos de corporaciones policiales a reporteros, incluyendo titulares de dependencias; de la situación de violencia económica como en el caso de un rotativo que dejó de pagar la quincena a sus trabajadores sobreponiendo sus intereses empresariales; y recalcando la falta de mecanismos de protección a nivel local para los trabajadores de los medios. Sobre el caso de Salvador Adame, el relator Lanza y la coordinAdora Bascur fueron enterados del nulo avance de las autoridades tanto federales como estatales para resolver su privación ilegal de la libertad; el desdén para mantener a la familia enterada de la integración en la carpeta de averiguaciones a pesar del compromiso personal que hizo el subsecretario de Gobernación Roberto Campa, con la esposa de la víctima, Frida Urtiz, de mantener comunicación directa. También supieron de la inaceptable revictimización que la Procuraduría de Justicia estatal hizo de Adame Pardo al referir posibles líos de faldas o deudas económicas como líneas de investigación por encima de su labor periodística; de los pronunciamientos internacionales hechos para exigir justicia en el caso del dueño del Canal 6 de Múgica como fueron las expresiones directas que realizaron figuras como la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y las representaciones diplomáticas de la Unión Europea y de Noruega; además de un recuento de las movilizaciones, gestiones y acciones del gremio local para apremiar a las autoridades la aparición con vida de su compañero. Finalmente le fue entregado un videomensaje que la esposa del periodista desaparecido le envió, para exhortarlo a poner atención en su caso. En respuesta, el relator Lanza mostró su consternación, se dijo preocupado por la falta de resultados y por la desatención institucional, y junto con la coordinadora Bascur acordaron emitir un pronunciamiento “fuerte” una vez analizado todos los elementos del caso, considerando como inaceptable que se haya presentado un caso así, bajo las atenuantes del compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, hecho un día antes del secuestro de Salvador Adame, y a una semana del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdéz, para defender y proteger el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
La Voz de Michoacán
