Productos y servicios educativos no son cobros nuevos: SEE

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Foto: Internet. El titular de la SEE señaló que las tarifas establecidas no son a criterio de la dependencia.

Redacción web/La Voz de Michoacán

 

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Morelia, Michoacán. La incorporación de productos y servicios educativos en el proyecto de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán no constituye cobros nuevos, sino que obedece a un proceso de regularización de ingresos propios que se vienen aplicando desde la misma creación de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), aclaró el titular de la dependencia, Alberto Frutis Solís.

Afirmó que estas acciones, coordinadas y estratégicas, permitirán regularizar y dar mayor certeza a los ingresos propios de la SEE, así como alcanzar mejores procesos que garanticen la transparencia en la aplicación de recursos captados y ejercidos.

El funcionario destacó que la lista de productos y servicios educativos tiene su fundamento en el artículo 177 del Reglamento Interior de la Administración Pública Descentralizada del Estado de Michoacán, la Ley General de Contabilidad y la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental.

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No son cobros de nueva creación. En la Ley de Ingresos 2017 ya venían incluso contenidos en el artículo séptimo transitorio", puntualizó el funcionario.

Indicó que desde que fue creada la SEE ya estaban establecidos dichos conceptos, pero faltaba incorporarlos en forma desglosada a las leyes de Ingresos del Estado para darle mayor transparencia.

El titular de la SEE señaló que las tarifas establecidas no son a criterio de la dependencia, sino que tienen su base en la Ley Federal de Derechos y no han sufrido modificaciones; son las mismas que se aplicaron en 2017 como parte de la política de apoyo a la economía de las familias michoacanas.

Lo que se está haciendo es darle mayor transparencia a los conceptos y montos de los productos y servicios educativos que se han venido aplicando", destacó.

Cabe señalar que por este concepto la SEE estima recaudar aproximadamente 23 millones de pesos durante 2018 en el nivel básico, sin que se trate de nuevas cargas impositivas sino de un proceso responsable y apegado al marco legal para regularizar su manejo.