Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. “Michoacán cuenta con una judicatura que está firmemente comprometida con los valores y principios que constitucionalmente le dan base y estructura”, afirmó Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Poder Judicial de Michoacán, al presentar el informe 2017 del estado que guardan la impartición y administración de justicia. El acto de transparencia se realizó ante los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, así como del gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local Nalleli Julieta Pedraza Huerta, juezas y jueces de la institución, entre otras personalidades. Durante su mensaje, el magistrado expresó que el trabajo realizado en 2017 lo resumen tres conceptos básicos: justicia, transparencia y austeridad. “Las acciones constatan el esfuerzo de una judicatura que, ante el incremento de las cargas de trabajo y la complejidad de las controversias planteadas, actúa a fin de prestar un servicio de justicia pronta, expedita y de calidad”. Al hablar de las funciones y atribuciones de la institución, especificadas en la Constitución, mencionó que la potestad jurisdiccional no tiene otra fuente que la soberanía popular y la autoridad del Estado, y se configura en torno al Pacto Federal, originando el federalismo judicial, el cual “implica la optimización de los mecanismos procesales y una asignación presupuestaria que permita a los tribunales contar con el personal suficiente y la infraestructura adecuada a la creciente esfera de competencias”. Añadió que la ampliación de responsabilidades -mandatada por el legislador- se observa en la justicia integral para adolescentes, el sistema de justicia penal acusatorio y oral cuya total consolidación está pendiente, los medios alternos de solución de controversias, el nuevo marco normativo en materia familiar, así como en la próxima entrada en vigor de las reformas de carácter mercantil y laboral. Por ello, hizo hincapié en la importancia de incluir en la norma local un porcentaje fijo para el Poder Judicial, así como establecer los mecanismos administrativos pertinentes para la ágil transferencia de los recursos financieros que le son asignados. Si el legislador, a través de las reformas al ordenamiento jurídico, afirma que la instancia jurisdiccional es la adecuada para recomponer el tejido social, debe proveer los medios para la implementación de tales expectativas; pues asignar funciones al Poder Judicial sin el respaldo presupuestario suficiente para llevarlas a cabo, es condenarlas al fracaso o al servicio deficiente. Al abordar el tema de la transparencia puntualizó que se ha trabajado en hacer accesible a la opinión pública toda la información que refleja la cotidiana labor que se realiza en el Poder Judicial. “La claridad en el manejo y destino de los recursos presupuestales es esencial para generar la confianza ciudadana y es preocupación de la judicatura crear los mecanismos necesarios tanto para la adecuada adopción de decisiones como para hacerlas del conocimiento público”. El Consejo fortaleció la labor del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios con lo que “además de reforzar la apertura del quehacer judicial ayuda a prevenir cualquier tipo de corrupción”. Asimismo, aprobó los lineamientos para elaborar versiones públicas de sentencias y resoluciones emitidas por salas y juzgados, así como el proceso de evaluación del desempeño de juezas y jueces del sistema acusatorio adversarial y oral a fin de ratificarlos o no en su cargo. Por otra parte, el principio de austeridad aplicado a las acciones y decisiones adoptadas, contribuyó a un uso racional y óptimo de los activos con que cuenta el Poder Judicial, “la austeridad exige racionalidad en el ejercicio de la función pública, así como un cuidadoso equilibrio entre las necesidades y los recursos disponibles, sin que ello implique servicios judiciales precarios; las decisiones de naturaleza administrativa tuvieron la finalidad de proveer lo necesario para el desarrollo del quehacer jurisdiccional”. En otro orden de ideas, refirió que la paulatina configuración de un Estado de contornos marcadamente judiciales y donde la solución de una gran parte de los conflictos se confía a los tribunales, plantea desafíos que requieren una interacción y coordinación más amplia con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Además de reconocer la sensibilidad de dichos poderes, también resaltó la necesidad de incrementar su apoyo y respaldo a fin de que las próximas nuevas competencias de la institución se implementen y materialicen adecuadamente. Finalmente, Flores Negrete afirmó que la sociedad puede confiar en que el Poder Judicial de Michoacán cumple su labor con responsabilidad y honestidad, transparentando sus acciones y determinaciones, sin temor al escrutinio público, impartiendo y administrando justicia oportunamente y bajo los principios de austeridad y transparencia.
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