Se va de vacaciones el Poder Judicial; celebra su última sesión del año

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El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial de Michoacán realiza último pleno ordinario de 2018.

Salvador Rodríguez/La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Para cumplir con la resolución de asuntos que son de su competencia en los plazos que marca la ley, este día magistradas y magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado llevaron a cabo el último pleno ordinario del año, por lo que prácticamente se han ido de vacaciones.

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A este cuerpo colegiado le corresponde conocer de las cuestiones y conflictos de competencia que se presenten entre jueces de primera instancia y menores de la entidad, de otros estados y de la Ciudad de México. Es así que en 2018 ha llevado a cabo 23 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias; conocido de 92 incidentes de incompetencia, 8 excitativas de justicia y promovido una controversia constitucional.

Como lo señala la Ley Orgánica del Poder Judicial el Supremo Tribunal se integra por nueve Salas Civiles y nueve Salas Penales. A las de corte civil les corresponde conocer de los recursos de impugnación contra las resoluciones que dicten los jueces de primera instancia en las materias civil, familiar, mercantil y de extinción de dominio.

En tanto que a las penales, de los recursos de impugnación contra las resoluciones que dicten los jueces de primera instancia y de control, Tribunal de Enjuiciamiento, además de los jueces de ejecución de sanciones.

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Es importante señalar que para ser titular de una Sala por un periodo de cinco años es necesario que quienes aspiren aprueben el proceso de selección (concurso de oposición) que consiste en diversos exámenes teóricos y prácticos, revisión de currículum vitae, experiencia profesional; para ser posteriormente designados por el Congreso del Estado.

Además, al concluir el plazo para el cual fueron elegidos son susceptibles de dos ratificaciones, para lo cual el Consejo del Poder Judicial elabora un dictamen de evaluación del desempeño ético y profesional, mismo que es enviado al Congreso para que determine la ratificación; proceso que abona a que los perfiles más adecuados desempeñen el cargo de juzgador.