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Domingo 20 de Octubre del 2019

Morelia

Vulnerables a tortura, ciudadanos en barandillas ante falta de partes médicos y videovigilancia

Sep 16, 2019, 22:16

carceles

Foto: Agencias. Algunos de los reos podrían salir en libertad, con la ley que propone el gobierno de López Obrador.

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

 

Morelia, Michoacán. A pesar de ser uno de los principales puntos de contacto para el cumplimiento de la ley en las faltas administrativas, las barandillas de los municipios michoacanos no cumplen con las condiciones básicas ni garantías de derechos humanos mínimas para su operación.

El informe de la situación de estas dependencias, llevado a cabo por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), reveló que hasta 62 por ciento de las barandillas obtuvieron calificación de «insuficiente» en el global de los requisitos.

Ninguna de estas instalaciones obtuvo la calificación de satisfactorio, en tanto que el 20 por ciento obtuvo la calificación de mejorable y un 18 por ciento de inaceptable. La principal causa de las malas calificaciones a las barandillas radica en las condiciones, a veces paupérrimas, es que se encuentran en muchos de los casos.

 

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Desde la falta de agua corriente en los sanitarios, agua potable de consumo, ventilaciones, medidas de seguridad, sistemas de videovigilancia y otros rubros, fueron los principales faltantes en el área de la barandilla del estado de Michoacán. Cada municipio debe tener una barandilla a dónde se lleven a todos aquellos que cometan una falta administrativa.

Uno de los rubros que más preocupa a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en su informe fue la elaboración de los partes médicos de los detenidos. El ombudsman, Víctor Manuel Serrato Lozano, advirtió que sólo el 12 por ciento de los detenidos se les practica una evaluación y certificación de integridad física de manera general.

Preocupa que se conjunte la falta de partes médicos con la falta de videovigilancia en las áreas de las barandillas. En voz del ombudsman, lo anterior se presta a que los ciudadanos queden en total vulnerabilidad a ser agredidos, torturados y violentado por los enebros policiales.

No cuentan con los dispositivos preventivos, de medidas de seguridad, protección contra incendios, botiquín de primeros auxilios, señalamientos de seguridad, así como el equipo para la protección contra incendios. El 64 por ciento cumplen con protocolos de seguridad, el resto definitivamente, no. El 84 por ciento de las barandillas no cuentan con sistema cerrado de videovigilancia y sólo el 16 por ciento tiene este equipo, pero es insuficiente. Esto fomenta conductas policiales como lesiones, malos tratos, torturas y prácticas contrarias al debido proceso», manifestó el ombudsman.

Otro dato que preocupó a las autoridades es que al menos el 47 por ciento de las barandillas visitadas están superadas en sus capacidades para internamiento, las cuales coinciden también con falta de mantenimiento. Lo anterior a causa de la falta de presupuesto.

Los elementos anteriores podrían ser tomados en contra de las investigaciones en contra de los detenidos. Con base en los procesos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, una carpeta de investigación y una imputación se podrían caer si en el proceso de detención se demuestran violaciones a los derechos humanos.

Son las cárceles municipales el primer punto de contacto para la detención de personas, por lo que en voz del ombudsman, el proceso de detención debe de ser prácticamente impecable para que los ministerios públicos puedan proceder.

 

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Fueron un total de 109 establecimientos de Seguridad Pública Municipal los que fueron revisados, de los cuales el 100 por ciento presentaron deficiencias de algún grado desde el proceso de detención al proceso administrativo y de sanciones. Solamente el 6 por ciento de los ayuntamientos o barandillas cuenta con una figura de juez calificador o juez cívico que permita a los ciudadanos defenderse de las sanciones.

Todas las cárceles municipales de Michoacándeben contar un sistema cerrado para que nadie se escude y todos tengan la certeza de lo que ocurre al interior de las cárceles. Ya hay recomendaciones pero no hacen caso. Desde la Policía Municipal como principal respondiente, si no se cumplen con los parámetros de justicia penal, hay probabilidades de que el Ministerio Público no tenga éxito al hacer las imputaciones», manifestó.

Falta de presupuesto, la constante

Tanto a nivel estatal como a nivel municipal las prisiones han sufrido el embate de los recortes presupuestales. Lo anterior ha tenido una repercusión directa en las condiciones en las que coexisten tanto los presos estatales como los federales y quiénes llegan únicamente momentáneamente por faltas administrativas.

Los derechos humanos siguen siendo los más vulnerados. A pesar de las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la falta de mejoras ha sido la constante y más prisiones siguen bajando su calificación a nivel estado.

Desde el año 2017, al menos cuatro centros penitenciarios han cerrado sus puertas en Michoacán. Uno de ellos, y el más significativo, fue el Centro de Readaptación Social, Francisco J. Múgica, cuyos presos fueron trasladados al David Franco Rodríguez.

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