Agencias / La Voz de Michoacán EUA. Era un secreto a voces hasta que The New York Times puso nombres y apellidos a las víctimas de la pornografía del siglo XXI, fue entonces cuando los rumores dejaron de serlo: la publicación estadounidense ha confirmado que jóvenes menores de edad fueron explotadas sexualmente y grabadas sin su consentimiento en vídeos que luego fueron subidos a plataformas pornográficas como PornHub. Los detalles de las historias son estremecedores. Ahora, estas páginas web están en el punto de mira por permitir - sin filtros o medidas de control pertinentes - la publicación de un contenido claramente delictivo. Vídeos catalogados como pornografía de venganza (generalmente, exnovios que publican contenido íntimo de sus exparejas para dañar su imagen), cámaras ocultas en baños, violaciones grabadas, vejaciones sin consentimiento, abusos a mujeres inconscientes y varias formas de excesos que han estado - y están - ocupando un espacio abierto al público. Señalar a los culpables ha sido sencillo, tanto en el artículo de The New York Times como en otras publicaciones: por un lado, los perpetradores, y por el otro, las plataformas que permiten que se suba un contenido deleznable y las compañías que compran publicidad. Los tentáculos de la justicia llegan a los autores materiales, pero aún no tantean a los PornHub y compañía, cuyo castigo está llegando de la mano de algunos de sus anunciantes. Pero hay algo que no encaja en este crucigrama, una incumbencia que se está pasando por alto y que puede ser el origen del problema. ¿Cuál es la responsabilidad del usuario? Y si rascamos un poco más, ¿en qué tipo de sociedad nos hemos convertido? Vivimos en una era en la que el parámetro de búsqueda, “young porn”, (porno joven) en Google ofrece 920 millones de vídeos, tal y como apuntó Nicholas Kristof en su artículo; donde el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos ha recibido indicios de explotación sexual infantil en más de 69 millones de vídeos durante 2019; asistimos a un periodo en el que Facebook se ha visto obligado a eliminar 12 millones y medio de imágenes relacionadas con abusos sexuales en los tres primeros meses del año 2020; donde Twitter tuvo que cerrar 264 mil cuentas en los últimos seis meses del año pasado por estar relacionadas con la explotación infantil; y donde cientos de miles de personas buscan contenidos en PornHub como “Screaming Teen” (adolescente que grita), “Degraded Teen” (adolescente degradada), o “Extreme Choking” (asfixia extrema). Los análisis de audiencias en internet sugieren que el mercado de personas que disfrutan de este tipo de contenido es masivo. Sus fantasías quedan normalizadas porque la oferta es brutal. No todos los vídeos que aparecen en búsquedas que contienen términos derogatorios o palabras como “adolescente”, “niñas pequeñas” etc, son de chicas menores de edad, ya que en muchas ocasiones son representaciones de escenas con actores; pero algunas veces, según diversas denuncias publicadas en plataformas como #Traffickinghub se trata de imágenes de jóvenes que sí lo son. De por sí, el representar escenas ficticias que sugieren que las actrices son menores de edad son un llamado a los pedófilos para que acudan a ver un contenido creado por y para ellos. En abierto; a un click. PornHub, YouPorn etc se benefician económicamente de este tipo de vídeos, mientras que las nuevas generaciones, aquellas que están siendo expuestas a formas de sexo, en muchos casos, vejatorias antes incluso de haber perdido la virginidad, dan por hecho que estrangular a una adolescente durante el coito es una práctica generalmente aceptada y normalizada. Mientras el Congreso de EE.UU. está poniendo contra las cuerdas a gigantes tecnológicos como Facebook o Twitter por ser, según algunos sectores republicanos, adalides de la censura, no parece que se esté haciendo nada contra plataformas como PornHub, donde muchos de sus vídeos han provocado casos de depresión, persecución y hasta suicidios perpetrados por personas explotadas sexualmente. En abierto; a un click. Los intereses de aquellos que luchan para proteger su concepto de libertad de expresión no pasan por regular a los gigantes de la pornografía y obligarlos a que se aseguren de no incluir contenidos delictivos. Mirar hacia otro lado es parte del problema, por eso una iniciativa reciente está recogiendo firmas para que PornHub deje de operar. Si la posesión, descarga y distribución de pornografía infantil es un crimen perseguido, ¿cómo es posible que sea tan fácil acceder a determinados vídeos pornográficos en los que aparecen menores? Si la tortura es un delito, ¿acaso no debería ser imposible subir o ver un vídeo en el que aparece una mujer que siendo torturada por varios hombres? Los autores de contenidos ilícitos, las plataformas y sus anunciantes no son más responsables que los usuarios que navegan en el “excitante” mundo de lo prohibido en PornHub o la Dark Web. Ellos son los que, escondidos detrás de sus pantallas, alimentan al monstruo y ponen su grano de arena para que esos vídeos protagonizados por víctimas de explotación sexual tengan mayores niveles de exposición. Quizás, el debate también debería extenderse a si el ver la mayoría de los contenidos lícitos de los casi siete millones de vídeos anuales que se suben en PornHub también están sirviendo para alentar la maquinaria de esa pornografía abusiva y no consentida. Y así, a través de meros algoritmos, las leyes de la oferta y de la demanda pornográfica nos retratan como una sociedad permisiva, que sobrepasa los límites del fetichismo y con más pederastas en potencia por kilómetro cuadrado de lo que imaginábamos.