Notimex/La Voz de Michoacán EUA. Un juez federal estadunidense bloqueó hoy de manera permanente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para sancionar a las llamadas "ciudades santuario", que acogen a miles de inmigrantes indocumentados en rebeldía contra el gobierno federal. Desde su asunción a la presidencia estadunidense el 20 de enero pasado, Trump amenazó a las ciudades santuario con recortes presupuestales si persisten en su política de proteger a comunidades de indocumentados y negarse a cooperar con autoridades migratorias. Este lunes, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, William Orrick, ante demandas impulsadas por los condados californianos de San Francisco y Santa Clara, resolvió que Trump carece de facultades para modificar las condiciones de gasto aprobadas por el Congreso. El juez con sede en San Francisco había suspendido la orden ejecutiva contra las ciudades santuario, pero la administración Trump apeló esa decisión ante la Novena Corte de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos. Un intento del gobierno de Trump para retener una subvención particular de aplicación de la ley de las ciudades santuario provocó una nueva ronda de demandas. En una pasada resolución, que también limitó esos intentos de Trump, el mismo juez Orrick consideró que el presidente excedía su autoridad constitucional al castigar a los gobiernos locales que rechazan sus políticas de inmigración. En esa pasada resolución, ratificada este lunes, el juez Orrick sentenció que Trump no puede obligar a las "ciudades santuario" como San Francisco a cooperar con autoridades de inmigración y cancelar fondos federales. La ley federal no define "ciudades santuario", y la administración Trump ha dado descripciones diferentes de las políticas locales que está dirigiendo. Mas de 300 ciudades y condados de todo el país han limitado la cooperación con las agencias de aplicación de la ley que les permite actuar a los funcionarios federales de inmigración que buscan detener y deportar a los inmigrantes por delitos o entrada ilegal al país. Casi 50 gobiernos locales de todo el país, y el estado de California, presentaron argumentos en apoyo de la demanda por San Francisco y el Condado de Santa Clara. Seattle, dos comunidades en Massachusetts y Richmond en el condado de Contra Costa han presentado demandas por separado. Todos afirman que sus políticas están diseñadas para preservar la confianza entre sus residentes y la policía local, y así promover la seguridad pública, alentando a los inmigrantes a contactar a los oficiales y denunciar crímenes y delitos sin temor a la deportación. Trump instruyó el 25 de enero al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional que se aseguren de que "jurisdicciones de santuario", aquellas que se niegan a entregar la información legalmente requerida a las autoridades de inmigración, "no sean elegibles para recibir subvenciones federales". San Francisco y el Condado de Santa Clara argumentaron que se les amenazaba con el recorte de miles de millones de dólares en fondos federales.
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