Análisis │ Sedes diplomáticas de México en Bolivia: el cerco tendiente al acoso

Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Desde el momento en que el gobierno de México decidió otorgar asilo político al expresidente Evo Morales tras lo que muchos acusaron como un golpe de Estado, el autoproclamado gobierno interino del país sudamericano ha emprendido una serie de ataques mediáticos contra el gobierno México, desde descalificaciones hacia el presidente López Obrador hasta un pasivo asedio policiaco que se mantiene en torno a la Embajada mexicana en aquel país.

Esto se da en el marco de lo que pareciera un vuelco de la diplomacia boliviana, dado que apenas asumió el poder, la presidenta interina Jeanine Áñez se acercó tanto a Brasil como a Estados Unidos, contrario a las políticas de Evo Morales, quien más bien tenía cercanía con los gobiernos de Cuba y Venezuela, ideológicamente opuestos.

Esa nueva cercanía de gobiernos derechistas se concretó desde el 13 de noviembre, cuando el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, escribió en su cuenta de Twitter: "Estados Unidos aplaude a la senadora boliviana Jeanine Áñez por tomar posesión como presidenta interina para guiar a la nación en esta transición democrática, bajo la Constitución de Bolivia".

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Lo mismo hizo la cancillería brasileña al publicar en sus redes sociales: “El gobierno de Brasil felicita la Sen. Jeanine Añez por asumir constitucionalmente la Presidencia de Bolivia y la enaltece por su determinación de trabajar para pacificar el país y celebrar prontamente elecciones generales. Brasil desea profundizar su amistad fraternal con Bolivia”.

Acoso, por mantener “fugitivos”, dice Bolivia

Desde el pasado fin de semana se denunció el incremento de presencia policiaca en la sede diplomática de México en Bolivia, con la llegada de patrullas, elementos militares y hasta el uso de drones para vigilar las instalaciones durante Navidad.

Ante esta situación, el gobierno mexicano ha pedido un encuentro con el de Bolivia a fin de que se les dé una explicación de las medidas que, a decir de la cancillería mexicana, constituyen violaciones a los convenios internacionales.

Desde la noche del pasado martes 24 de diciembre, el subsecretario de la cancillería mexicana para América Latina, Maximiliano Reyes, publicó en su cuenta de Twitter imágenes de patrullas que estaban llegando en esos momentos a las inmediaciones de la sede diplomática, lo que denunció como un “asedio” al lugar.

Y es que el diplomático mexicano ya había alertado sobre supuestos “planes de intervención” tanto al inmueble como a la propia Embajada mexicana, por lo que señaló que el gobierno de López Obrador ya estaba en “alerta permanente ante las acciones de hostilidad, lo que ya se denunció ante la Organización de Estado Americanos (OEA) y que el gobierno boliviano negó.

Ya por la tarde del 25 de diciembre, a través de una nota diplomática dirigida al Ministerio de Exteriores boliviano, el gobierno mexicano denunció el uso de drones para vigilar las sedes diplomáticas, por lo que se reiteró la exigencia de una explicación.

Cabe señalar que desde la dimisión de Evo Morales el 10 de noviembre, hasta 30 personas llegaron a refugiarse a las sedes diplomáticas ante el asedio de las autoridades bolivianas, que ejercieron acciones legales contra distintos funcionarios del gobierno de Evo Morales, en tanto que otros políticos bolivianos sufrieron agresiones a su patrimonio y contra sus familiares por parte de grupos opositores.

Hasta el momento el gobierno mexicano tiene en calidad de refugiados a nueve altos funcionarios del gobierno de Morales, entre ellos Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia, y otros cinco exministros, reiterando su derecho a dar asilo a quienes considere como perseguidos, como el propio Evo Morales. Varios de ellos se encuentran acusados actualmente de fraude electoral y otros delitos.

En un comunicado emitido el martes por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México responsabilizó a las autoridades bolivianas lideradas por la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, de cualquier afectación a sus inmuebles, al personal acreditado en el país y a quienes tiene bajo su protección. El miércoles, la cancillería mexicana hizo un llamado a su contraparte boliviana a facilitar los salvoconductos necesarios para que los acogidos en su sede diplomática puedan salir del país.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Willson Santamaría, insistió en que no dejarán que nadie ayude a "fugitivos" a salir del país. "Hemos tomado las previsiones necesarias para que los dispositivos de seguridad rastreen y detecten inmediatamente cualquier ayuda, complicidad, para coadyuvar a que los fugitivos abandonen el país", dijo el martes. "Eso no lo vamos a permitir", agregó.

Desde un principio, el gobierno interino ha considerado la actuación de México una injerencia en los asuntos internos de Bolivia, pero la cancillería mexicana recuerda que las acusaciones contra quienes tiene refugiados llegaron después de que esas personas estuvieran ya en la sede diplomática en calidad de refugiados y perseguidos políticos.

Así, mientras la cancillería mexicana denuncia el acoso policial, cuerpos de seguridad e inteligencia bolivianos mantienen rodeada tanto la Embajada como la residencia, y han instrumentado un "cerco policial que registra el movimiento de las personas que entran y salen de los recintos diplomáticos mexicanos", denunció la cancillería. "Agentes realizan grabaciones y han intentado detener el libre tránsito del personal de la Embajada de México, mientras que oficiales motorizados siguen los desplazamientos de vehículos oficiales", agregó.

Sin embargo, el secretario privado de la autoproclamada presidenta boliviana, Erick Foronda, negó que se esté afectando el libre tránsito o a la sede diplomática mexicana, y dijo que la decisión de incrementar la presencia policial se debió a que el gobierno recibió información de que movimientos sociales tendrían previsto marchar hasta las instalaciones "con el objeto de exigir la expulsión del exmilitar y exministro" Quintana. Lo cual no ha sucedido.

México llevará a La Haya el caso

Ya para este jueves 26 de diciembre, el gobierno de México anunció que presentará formalmente una queja contra el gobierno de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la acumulación de agentes bolivianos en torno a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz viola los tratados internacionales sobre los derechos y protecciones del personal e instalaciones diplomáticas.

Los agentes bolivianos que rodean la residencia parecen amenazar el derecho de México a dar asilo a nueve exfuncionarios del derrocado presidente Evo Morales, afirmó Ebrard. Dijo que las autoridades bolivianas se han negado a permitir que alguno de los nueve refugiados abandone el país.

Las fuerzas de seguridad se congregaron en grandes cantidades alrededor de la residencia a partir del martes, dijo el canciller de México. Agregó que hay drones volando sobre la residencia de la embajadora y que convocó al máximo diplomático boliviano en México para que explique las acciones de su gobierno. Erick Foronda, secretario presidencial de Bolivia, negó que las autoridades interfieran con los diplomáticos mexicanos.

Bolivia fija su postura

Ante la tensa situación de la relación entre ambos países, el gobierno de Bolivia emitió un comunicado en el que acusa que las relaciones bilaterales se deterioraron desde el momento en que México “ayudó al expresidente Evo Morales a tergiversar la realidad sobre la lucha y voluntad del pueblo boliviano”.

El comunicado señala que ante las multitudinarias protestas de los bolivianos en contra de lo que acusaron como fraude electoral, “en el afán de lavar la imagen autoritaria y antidemocrática del señor Evo Morales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo al señor Evo Morales, quien no era ni es un perseguido político en Bolivia. Asimismo, el gobierno mexicano permitió al señor Morales hacer declaraciones políticas desestabilizadoras e incluso llamados a la violencia y al cerco de las principales ciudades en Bolivia, en contra de las normas internacionales”.

Además, el gobierno del país sudamericano recordó que en varias ocasiones manifestaron su inconformidad por el hecho de que desde el principio, el gobierno mexicano emitió posturas sobre asuntos internos que sólo atañen a los bolivianos. Lo que incluso en México fue criticado al violentar el principio de no intervención plasmado en la Doctrina Estrada.

El gobierno que encabeza Jeanine Áñez también aclara que ante el asilo que se dio en la Embajada mexicana a dirigentes y exministros afines a Morales, la cancillería de ese país atendió los requerimientos de la Embajada respecto a estas personas, pero acusa que la representación mexicana “no actuó con reciprocidad”.

Y agrega: “En fecha 26 de noviembre de 2019, mediante nota verbal, la cancillería boliviana pidió a la embajada de México que los asilados que tienen mandamiento de apremio por la comisión de delitos comunes sean entregados a las autoridades jurisdiccionales bolivianas. Sin embargo, la Subsecretaría mexicana para Latinoamérica y el Caribe objetó de manera desafiante las decisiones del Ministerio Público de Bolivia, incluso haciendo disquisiciones que no correspondían y que pueden considerarse injerencia en los asuntos internos de otros Estados. El gobierno mexicano rechazó categóricamente la entrega de esas personas y ratificó la decisión de otorgarles asilo en tono de franco desafío a la jurisdicción boliviana”.

Y sobre la nutrida vigilancia policiaca en las sedes diplomáticas de México, el comunicado recuerda que los días 19 y 29 de noviembre, la Embajada de México solicitó al gobierno boliviano refuerzos policiales en la sede diplomática. “En este sentido, la cancillería boliviana atendió este requerimiento pidiendo al Ministerio de Gobierno que se atienda esa solicitud”.

Acusa que, sin embargo, el gobierno mexicano y su cancillería “han tergiversado y distorsionado la verdad respecto a las medidas de seguridad en dicha embajada, y han manifestado que temen que las fuerzas del orden ingresen a esa embajada a sacar a los asilados. Eso no puede estar más alejado de la verdad. Bolivia es un país respetuoso de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. En tal sentido, jamás violará la inmunidad de un recinto diplomático ni la investidura de un diplomático sea cual fuere el país de que se trate”.

Y concluye: “Bolivia quiere tener relaciones amistosas con México, relaciones de igual a igual basadas en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la no injerencia en los asuntos internos, en cumplimiento de los principios democráticos y las normas internacionales”.

Irán a La Haya “con mucho gusto”, dice Bolivia

También este jueves, el gobierno boliviano, en voz del ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que “con mucho gusto” irá a la Corte Internacional de Justicia y ahí se verá quiénes son los que “han violado los tratados”, tras el anuncio del gobierno mexicano de que llevará a esa instancia a Bolivia por hostigamiento a sus sedes diplomáticas.

En rueda de prensa, el ministro señaló que los “únicos que han permitido que se violen los tratados y convenios ha sido el gobierno mexicano” cuando acogió a Evo Morales.

Murillo calificó a Morales de “terrorista confeso” y acusó a México de permitir que hiciera declaraciones políticas “absolutamente fuera de lugar” en toda su estadía en ese país.

Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría, recalcó que se están cumpliendo los tratados para garantizar la seguridad de sedes diplomáticas.

Santamaría agregó que no se ha realizado ningún operativo en “contra” de la Embajada mexicana y “no se ha violado el espacio diplomático”.

“Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en el ejercicio de nuestra soberanía y cumpliendo el derecho internacional”, sostuvo.

Además pidió que el gobierno mexicano “diga la verdad” de qué operativo se ha realizado en la Embajada de ese país en La Paz.

Por su parte, el ministro interino de Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, advirtió de que la residencia de la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, no la Embajada, es donde estarían acogidos exfuncionarios de Evo Morales, y calificó de ser meramente “política” la denuncia de México, que a su juicio “no corresponde”.

¿Quiénes son los refugiados por la Embajada?

The Associated Press informó que entre los refugiados está Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia y quien fuera la mano derecha de Evo Morales, que está acusado por el gobierno interino de sedición y terrorismo.

También está el extitular de Defensa, Eduardo Zavaleta López, quien anunció su renuncia el 11 de noviembre en una carta a través de Twitter en la que aseguró que su voluntad “fue siempre preservar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al servicio de la población” y no contra ella. “Jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos", indicó Zavaleta, y agregó: "El Estado que construimos es una Bolivia en la que un militar debería encarar la defensa de su patria al lado de su pueblo y no contra él, por lo tanto, la responsabilidad de volver a las armas contra el pueblo será de aquellos que tomaron esa decisión".

También está refugiado el exministro de Justicia, Héctor Enrique Arce, quien en una carta dirigida a Evo Morales señaló que "habiendo presentado su renuncia al cargo de presidente constitucional del Estado plurinacional de Bolivia", él presentaba su renuncia "irrevocable" al cargo de ministro de Justicia y Transparencia.

El exministro de Minería, Félix César Navarro, quien también renunció de forma “irrevocable” después de que una turba incendió su casa en la ciudad andina de Potosí, además de agredir a uno de sus sobrinos, en medio de la crisis política posterior a las elecciones.

“He presentado mi renuncia porque creo que es un momento doloroso, entonces he presentado ya mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Estado”, dijo Navarro.

El exministro lamentó la violencia “muy fuerte” latente en Potosí y denunció que su vivienda en esa ciudad, en el oeste boliviano, fue incendiada, que la turba golpeó a su sobrino y que un grupo buscaba entrar a la casa de su madre.

“Es un hecho que no tiene explicación, cómo el discurso general de bronca, de odio, está derivando en estos actos de violencia incontrolables”, cuestionó.

En ese momento, Navarro indicó que él y sus familiares estaban “muy temerosos” por la violencia en Potosí y que estaban haciendo “todos los esfuerzos para ponernos a buen recaudo de manera personal porque prácticamente estamos desprotegidos, estamos solos”.

José Hugo Moldiz, exministro de Gobierno hasta 2015, quien sin embargo tuvo una intensa actividad en las elecciones que detonaron en el golpe de estado contra Evo Morales.

La exministra de Culturas, Antonia Wilma Alanoca, quien denunció hechos de violencia en su contra y responsabilizó a los opositores de Evo Morales en caso de que algo le pasara a ella, sus bienes o su familia.

Entre los refugiados también está quien fuera responsable de la Agencia de Gobierno Electrónico y Comunicación, Nicolás Laguna, así como el exgobernador de Oruro, Víctor Vásquez, y el ex viceministro Pedro Dorado.

El Ministerio Público y la Policía de Bolivia acusan a varios de estos exservidores públicos de fraude electoral tras los polémicos comicios generales realizados en ese país el pasado 20 de octubre.