Así lo expresó el jueves el ministro de Seguridad de Panamá, Rolando Mirones, durante un acto en el que la policía destruyó 589 armas de fuego incautadas desde el 1 de julio luego de un año en que se registró un incremento en los homicidios en el país centroamericano. Es la primera destrucción de armas en cuatro años y tiene lugar en momentos en que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo -cuyo quinquenio comenzó en julio- está bajo un fuerte escrutinio por el alza en la delincuencia. Cortizo admitió a inicios de año en su primer informe de gestión al país que 2019 terminó con 39 homicidios más respecto del año anterior debido a la masacre en una cárcel en las afueras de la capital en diciembre. El jefe de la Policía Nacional, Jorge Miranda, detalló que el lote de armas destruidas forma parte de las 1.127 decomisadas en casi siete meses de acciones contra las pandillas, el narcotráfico y en los barrios de emergencia e incluía pistolas y fusiles de asalto. Las armas fueron colocadas temprano sobre el piso en la sede de la Policía Nacional y luego fueron cortadas con acetileno. “Cada arma sacada de las calles representa una amenaza menos”, destacó el jefe policial. Las estadísticas de crímenes en Panamá están por debajo de otros países de la región como Honduras, El Salvador y Guatemala, pero en los últimos años se han incrementado los asesinatos que las autoridades atribuyen principalmente al tráfico de drogas y a disputas entre pandillas locales.