AP/La Voz de Michoacán Caracas. El gobierno de Estados Unidos prepara el envío de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a la frontera de Venezuela con Colombia, aunque por primera ocasión en aeronaves militares, en momentos en que incrementa las presiones para que el presidente Nicolás Maduro renuncie al poder, según un correo electrónico filtrado del Departamento de Estado al Congreso de ese país. El anuncio de la ayuda adicional se dio el mismo día que la administración del presidente Donald Trump anunció sanciones al presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y a otros funcionarios clave del área de inteligencia de Maduro. Las autoridades estadounidenses planean enviar a partir del sábado 250 toneladas de comida, artículos de higiene y suplementos nutricionales a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde ya se encuentran almacenados otros suministros que esperan ser introducidos hacia Venezuela. El correo electrónico enviado al Congreso el viernes sobre la nueva ayuda fue entregado a The Associated Press por un asesor del Congreso estadounidense que no estaba autorizado a discutir públicamente el tema. Estados Unidos ha decidido enviar ayuda a petición del opositor Juan Guaidó, a quien el gobierno de Trump y varios países más han reconocido como el verdadero líder de Venezuela después de que Maduro se juramentó para un segundo mandato en un acto que ha sido visto por algunos como ilegítimo. Guaidó, quien también es el presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, ha prometido entregar la ayuda a los venezolanos pese al rechazo de Maduro, quien en una entrevista el jueves con AP calificó la asistencia estadounidense de “migajas”. Aunque las fuerzas armadas estadounidenses han respaldado desde hace mucho las misiones de asistencia humanitaria encabezadas por autoridades civiles, esta es la primera vez que entregarían directamente la ayuda para Venezuela. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos envió ayuda con un valor de más de 100 millones de dólares a Cúcuta para apoyar a Colombia a enfrentar la presencia de unos tres millones de venezolanos que llegaron a su territorio tras huir la escasez de alimentos y una hiperinflación. El mismo viernes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que el presidente general de PDVSA, el mayor general Manuel Quevedo, ha sido un instrumento para apuntalar lo que llamó el régimen ilegítimo de Maduro. En la entrevista con AP, Maduro dijo que Quevedo había estado en India esta semana para discutir nuevos negocios de PDVSA, luego de que la compañía ha sido blanco de sanciones con las que se busca cortar sus ganancias, estimadas en unos 11.000 millones de dólares. Las nuevas sanciones del Tesoro estadounidense también fueron dirigidas a cuatro funcionarios de alto rango del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y al director de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional de Venezuela. Mnuchin señaló en un comunicado que se trata de funcionarios corruptos que ayudan a Maduro a atacar la democracia en Venezuela por medios que incluyen el uso de la tortura y la fuerza bruta. Las sanciones impiden a esos funcionarios tener acceso a cualquier propiedad que tengan en Estados Unidos e impide a ciudadanos estadounidenses a que realicen negocios con ellos. Más tarde, desde Washington, la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que crear las condiciones mínimas necesarias para celebrar comicios imparciales en Venezuela requerirá un plazo de tiempo indeterminado y sería indispensable la “salida” de Maduro. “Pensar en comicios con la estructura actual sin llevar a cabo reformas urgentes y profundas, no es factible ni deseable”, dijo el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar la crisis venezolana. Ésta fue la primera sesión celebrada por el Consejo Permanente desde que el 10 de enero adoptara una resolución desconociendo el mandato de Maduro por considerar que logró su reelección en mayo pasado gracias a comicios fraudulentos. Brenda Santamaría, jefa de la sección de observación electoral de la OEA, propuso conformar un grupo de expertos que elaboren un diagnóstico del problema, conformar otro grupo de asesores internacionales durante la preparación de los comicios una vez hayan sido convocados, y desplegar observadores electorales a largo plazo en cada estado del país. “A través de estos tres proyectos, la OEA podría generar condiciones mínimas que garanticen que la población venezolana exprese libremente su voluntad y los resultados presentados al mundo sean verdaderos”, indicó. En circunstancias egulares, la OEA comienza a trabajar en asesoría electoral tan pronto el secretario general Luis Almagro recibe una solicitud del respectivo gobierno. En este caso, la OEA empezaría a implementar estas propuestas al darse un potencial escenario post-Maduro y en caso de que Guaidó solicitara formalmente la asistencia.
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