Agencias / La Voz de Michoacán Estados Unidos. Lo que no logró el sistema judicial mexicano lo consiguen las prisiones de Estados Unidos gracias a un confinamiento de 23 horas al día, celdas de tres metros cuadrados y luz del sol durante apenas una hora al día. Los capos más poderosos y sanguinarios del país, una vez extraditados hacia aquel país, empiezan a saber lo que es vivir en un infierno carcelario sin la relativa laxitud de la que podrían gozar en prisiones de su tierra natal. Además de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien la semana pasada envió una carta al juez denunciando que le han impedido hacer llamadas a sus hijas y hermana, al menos otros cuatro peligrosos narcotraficantes se han sumado a las quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos: Vicente Zambada Niebla Hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García, aseguró que no se le brindaba ropa para soportar las bajas temperaturas de menos cero grados que se alcanzan en temporada de invierno en Chicago. También argumentó que no podía recibir llamadas, ver a su familia ni tampoco le querían cortar el cabello, lo cual le provocaba daños psicológicos. Benjamín Arellano Félix Exlíder del Cártel de Tijuana, ha enviado varias peticiones al juez para que lo libere porque los años en reclusión han minado su salud. Alega que padece hipertensión, una prediabetes a punto de convertirse en diabetes, obesidad y disfunción hepática. Efraín Pérez Conocido como El Efra o El Pozolero, dijo que tiene padecimientos como enfermedad arterial coronaria, deficiencia renal, diabetes e hipertensión. Carlos Montemayor González Apodado El Charro, fue suegro del narcotraficante Édgar Valdez Villareal, conocido como La Barbie, y ha denunciado aislamiento y pedido “clemencia” para poder mejorar sus condiciones en prisión. La carta del Chapo El pasado 7 de agosto, El Chapo envió una carta al ya célebre juez del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan –el mismo que sentenció al capo mexicano a pasar el equivalente a dos vidas en prisión– en la que denunciaba violaciones a sus derechos humanos, pues se halla restringido en la comunicación a sus familiares y porque se le ha imposibilitado el acceso a documentos en su idioma, el español. El mundialmente conocido recluso se dijo víctima de discriminación por parte de las autoridades de la prisión ADX Florence, en Colorado –conocida como el Alcatraz de las Rocallosas o Supermax, por sus medidas de máxima seguridad–, en la que se encuentra recluido desde 2019. Guzmán Loera acusa que sufre medidas de seguridad extrema con el pretexto de que antes se fugó de una prisión en México. Pero lo que más lastima al capo es que desde hace meses no le autorizan más llamadas telefónicas con su hermana y con sus niñas. Desde el punto de vista de las autoridades estadounidenses, el “pretexto” para aislarlo podría estar muy justificado: el líder del Cártel de Sinaloa se escapó por primera vez de la prisión de alta seguridad conocida como Puente Grande, en Jalisco, en 2001. La segunda huida se dio del penal, también de supuesta máxima seguridad, popularmente llamado de El Altiplano, en el Estado de México, en 2015. Al menos en tres ocasiones Joaquín Guzmán ha enviado misivas al juez para intentar flexibilizar las medidas de seguridad a las que fue sometido. Mandó la primera carta en 2019, al denunciar que no contaba con aire fresco ni luz solar natural. Aseguró que la bombilla eléctrica de su celda estaba siempre encendida, lo que le generaba un insomnio cruel. Dijo que tenía cicatrices psicológicas y síntomas de angustia derivados de los castigos injustificados a los que fue sometido. Joaquín Guzmán, sin embargo, no es el único recluso con prominente carrera criminal que se ha quejado de sufrir presuntos abusos por parte de las autoridades penitenciarias de Estados Unidos, ya que al menos cuatro capos denunciaron supuestas torturas por parte de los responsables de las prisiones élite. Los Zambada, a escena El primer narcotraficante que se atrevió a alzar la voz fue Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García, quien testificó en contra de su compadre Guzmán Loera. Unos meses antes de su extradición, en 2008, fue detenido en la Ciudad de México, horas después de haberse reunido con la Agencia Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, para convertirse en informante y delatar a las organizaciones criminales rivales. Esto lejos de beneficiarlo retrasó su sentencia y por lo tanto su espera en una prisión de máxima seguridad. Vicente Zambada denunció durante siete años que era víctima de represalias por parte del gobierno de Estados Unidos y por eso lo mantenían en condiciones deplorables dentro de prisión. Una venganza por haber revelado su relación con la DEA. Según sus declaraciones, vivía en una celda de cuatro por seis metros y, además que durante estos años no se le brindó ropa para soportar las bajas temperaturas de menos cero grados que se alcanzan en temporada de invierno en Chicago. No puede recibir llamadas, no podía ver a su familia ni tampoco le querían cortar el cabello, lo que según él le había provocado daños psicológicos irreversibles. Zambada incluso denunció que cuando tomaba el sol lo hacía al interior de una jaula. Hoy de Vicente Zambada no se sabe nada. Fue testigo en el juicio del Chapo y se desconoce su paradero. Un Arellano y su secuaz Otro que denunció las duras condiciones en las que vive desde que fue extraditado a Estados Unidos es Benjamín Arellano Félix, exlíder del Cártel de Tijuana. Recluido en la prisión de alta seguridad de Lee, en Virginia, ha enviado peticiones al juez Larry Alan Burns, en San Diego, para que lo libere porque, según él, los años en reclusión le han minado seriamente su salud. Argumentó que padece hipertensión, una prediabetes a punto de convertirse en diabetes, obesidad y disfunción hepática, las cuales, dice, ponen en riesgo su vida. Arellano reclamó que la falta de condiciones óptimas en prisión le provocaron, además, que se contagiara de COVID, lo que puso en peligro su vida. Arellano deberá seguir enfrentando las difíciles condiciones en la Penitenciaria Lee hasta 2033. Otros de sus cómplices también siguieron el camino de su jefe. Efraín Pérez, El Efra, sanguinario operador que implementó el método del “pozole” con el que el cártel de los Arellano y el de Sinaloa lograron deshacerse de un número indeterminado de sus víctimas, a las que metían en tambos con sosa cáustica para no dejar el menor rastro de sus cuerpos, es otro de los quejosos por las severas condiciones que enfrenta en el encierro. El Efra aseguró que en prisión tiene padecimientos como la enfermedad arterial coronaria, deficiencia renal, diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño y una tuberculosis latente. Él, de quien se puede pensar no tuvo piedad con decenas de víctimas, paradójicamente durante los dos últimos años ha pedido “compasión”. Aseguró que no será capaz de soportar los 10 años que le quedan de condena. El criminal advirtió que morirá en prisión. El juez Larry Alan Burns, el mismo que sentenció a Arellano, fue contundente. Arguyó que no discutía que Pérez “tiene algunos problemas de salud profundos y una pena de 300 meses es una sentencia sustancial para él”, pero agregó a continuación: “probablemente resulte en que él nunca deje una prisión federal de los Estados Unidos. Tengo eso en mente”. El suegro de La Barbie Carlos Montemayor González, apodado El Charro, fue suegro del narcotraficante Édgar Valdez Villareal, conocido como La Barbie. De vivir en la opulencia en El Rancho Los Tres García, ubicado en Naucalpan, Estado de México, de 21 mil metros cuadrados –algo así como el Zócalo de la Ciudad de México–, Montemayor pasó a estar recluido en una cárcel de medidas extremas. El Charro ha solicitado desde 2009 reducciones a su sentencia, que le permitan ver frecuentemente a su familia, y también denunció el aislamiento al que es sometido, entre otras medidas que, argumentó, Estados Unidos tomó contra él. Durante estos años Carlos Montemayor también ha pedido “clemencia” al gobierno estadunidense. Actualmente se encuentra recluido en la Correccional Federal de Williamsburg, Carolina del Sur, una prisión federal estadounidense de seguridad media para hombres reclusos. Saldrá hasta 2043. Aunque las circunstancias pueden cambiar por alguna revisión en las carpetas donde se les fincan acusaciones, es altamente probable que todos los personajes mencionados tengan que seguir padeciendo durante muchos años más las estrictas y hasta excesivas condiciones en las penitenciarías de Estados Unidos. Y quizá la insistencia del narcotraficante vivo más conocido en el planeta, Joaquín Guzmán Loera, marque algún precedente. Este 2023, a través de su abogado José Refugio Rodríguez, El Chapo envió un mensaje a las autoridades de México, para denunciar que se estaban violando sus derechos humanos en la prisión estadunidense. Incluso su equipo legal realizó peticiones a la Cancillería para intentar traerlo a México. Hasta hoy, todos sus esfuerzos han resultado inútiles.
La Voz de Michoacán
