AP/La Voz de Michoacán San Diego. Más de 900 menores, entre ellos bebés e infantes, fueron separados de sus padres en la frontera durante el año posterior a la fecha en la que un juez ordenó restringir esa práctica, dijo el martes una organización activista en un documento judicial que pondrá todavía más bajo la lupa las tácticas ampliamente censuradas del presidente Donald Trump. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo que el gobierno continúa separando familias con argumentos dudosos y por faltas menores, como infracciones de tránsito. La ACLU solicitó a un juez que determine en un fallo si las 911 separaciones del 28 de junio de 2018 al 29 de junio de este año estaban justificadas. En junio de 2018 —días después de que el presidente cancelara la medida en medio de una conmoción internacional— el juez federal Dana Sabraw ordenó suspender la separación de familias en la frontera salvo en circunstancias limitadas, como por ejemplo en caso de que la seguridad del menor estuviera en peligro. El juez dejó a discreción del gobierno las decisiones particulares. Desde entonces, un padre fue separado tras una acusación en su contra de haber causado un daño de cinco dólares a propiedad ajena, dijo la ACLU. Una niña de 1 año fue separada de su padre al que la autoridad criticó por dejarla dormir con un pañal mojado. En otro caso, una niña guatemalteca de 2 años fue separada de su padre después de que las autoridades determinaran en una revisión que tenía fiebre y dermatitis del pañal. Señalaron que la niña estaba desnutrida y poco desarrollada, según la ACLU. El padre, que provenía de una “comunidad muy pobre” asolada por la desnutrición, fue acusado de negligencia. Alrededor de 20% de los 911 menores separados durante el año referido tenían menos de 5 años, según la ACLU. La mayoría de los padres desconocieron el paradero de sus hijos durante semanas, e incluso algunos no tenían claro por qué los habían separado. Aproximadamente una tercera parte de los 900 menores quitados a sus familias desde la orden del juez son cuidados por la organización Catholic Charities Community Services, según la cual sólo tres niños fueron reunidos con el padre con el que viajaban. El grupo afirmó que 185 menores fueron entregados a patrocinadores después de pasar semanas o meses en albergues del gobierno y 33 aceptaron el retorno voluntario, lo que permitió al gobierno regresarlos a sus respectivos países. Las separaciones ocurrieron durante la llegada de un número sin precedentes de menores centroamericanos que rebasó la capacidad de las autoridades de Estados Unidos, y la mayoría venía en familias y muchos solos. El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, dijo el martes a una comisión del Senado que la agencia encontró a más de 300.000 niños desde el 1 de octubre. Más de 2.700 menores fueron separados antes del fallo de 2018 de Sabraw, que obligaba al gobierno a reunirlos con sus padres. El juez ordenó después al gobierno encontrar a los menores que había separado desde el 1 de julio de 2017, un grupo que según el informe de un organismo de supervisión interna ascendía a miles pero cuya cifra no está precisada a la fecha. El gobierno carecía entonces de sistemas de seguimiento adecuados. La ACLU, que basó sus conclusiones en informes del gobierno, solicitó a Sabraw que ordene al gobierno explicar las separaciones del último año y aclarar el criterio de su proceder. “Es horrible que el gobierno de Trump continúe quitando los bebés a sus padres”, dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. “No debe permitirse al gobierno eludir la orden de la corte por faltas como infracciones menores de tránsito”. El Departamento de Justicia no respondió de momento a una solicitud para que hiciera declaraciones. El documento de 218 páginas que la ACLU presentó ante una corte detalla las separaciones que con seguridad aumentarán el escrutinio sobre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Se mencionan 678 separaciones en las que los padres fueron acusados de conducta delictiva. Otros progenitores enfrentaron acusaciones de pertenecer a pandillas, representar un peligro para los menores, carecer de una relación familiar verificada o tener alguna enfermedad. Seis padres fueron separados de sus hijos debido a condenas de posesión de marihuana, y ocho por delitos relacionados con fraude y falsificación. La ACLU señaló que un niño de 4 años fue separado de su familia porque un impedimento de habla del padre no le permitió responder a preguntas, a pesar de las pruebas de que él era el progenitor. Una niña de 2 años fue separada después de que la CBP pusiera en duda la autenticidad de su acta de nacimiento. El padre, que habla una lengua indígena y no tuvo intérprete, fue reunido con la menor después de que se confirmara mediante un examen de ADN que era el progenitor. El gobierno también separó a niños de mujeres ante la sospecha de que ellas estaban vinculadas con pandillas pero que en realidad habían sido víctimas de esos grupos, señaló la ACLU. Una salvadoreña dijo que el miembro de una pandilla la obligó a que fuera su novia hasta que lo arrestaron a finales de 2018. Ella llegó en febrero a Estados Unidos y la separaron de su hijo de 3 años durante tres meses mientras un abogado daba seguimiento a los documentos salvadoreños que mostraban su condición de víctima y que no era una delincuente. En el día en que una pequeña cumplió 2 años fue separada de su madre salvadoreña acusada de tener vínculos con pandillas. Sin embargo, el abogado de la mujer asegura que ella fue violada en varias ocasiones por un delincuente que la obligó a llevar marihuana al interior de una prisión. La mujer se rehusó y entregó la yerba a las autoridades, pero de todos modos la detuvieron. En otros casos, las familias fueron separadas por delitos menores que, si los hubieran cometido personas en Estados Unidos, nunca resultarían en que les quitaran a un menor. Una niña de 7 años está en custodia desde junio después de que la separaran de su padre al que condenaron por conducir sin licencia y antes había ingresado sin permiso en el país. La ACLU dijo que 14 padres fueron separados con base a condenas relacionadas con inmigración y acusaciones de manejar intoxicados o cometer infracciones de tránsito.
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