Nomaan Mechant, AP/ La Voz de Michoacán Texas, Estados Unidos. María Orbelina Cortez dice que se fue de El Salvador hacia Estados Unidos cuando su esposo la agredió e hizo que una cacerola con aceite hirviendo cayese en la cabeza de su hijo. Planificó la partida por meses y un día se fue con el niño de tres años y dos hermanos, encaminándose al norte sin decirle nada a su marido. Al hablar en el patio de un refugio de Caridades Católicas en el sur de Texas, el niño jugaba por los alrededores. Tenía un tramo de la cabeza con forma de “T” donde no le crecía el cabello. “Siempre me sentiré culpable”, dijo Orbelina. “Siempre”. El muro de 5.700 millones de dólares que propone Donald Trump --y que dio lugar al cierre parcial del gobierno más largo de la historia-- difícilmente contenga a familias con historias como la de Orbelina, que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos de a miles todos los meses. Muro aún en proceso de aprobación El gobierno de Trump quiere usar ese dinero para construir un muro a lo largo de más de 320 kilómetros (200 millas). El muro sería construido seguramente sobre todo en el sur de Texas, que es por donde más gente ingresa ilegalmente. El Congreso ya ha facilitado la construcción de una nueva barrera de 53 kilómetros (33 millas) en ese sector. Pero buena parte del nuevo cerco será construido al norte del río Bravo (Grande en Estados Unidos), que sirve de límite natural entre Estados Unidos y México. Esto quiere decir que los migrantes todavía podrán ingresar a territorio estadounidense, a una franja de tierra de nadie entre el río y el muro, y pedir asilo. Las últimas propuestas de Trump y de los republicanos del Senado incluyen medidas que podrían tener más impacto que el mismo muro, ya que harían que resulte más difícil conseguir asilo. El proyecto haría que se concediese asilo solo si hay algún “interés nacional” de por medio y permitiría que más solicitudes sean descartadas por “frívolas”. También requeriría que los niños centroamericanos que viajan sin acompañantes soliciten asilo en sus países de origen, no en Estados Unidos. Trump no describió esas medidas en su discurso del sábado anunciando las propuestas. Pero Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación de Abogados de Inmigración, dijo que representan “un cambio histórico” y criticó el proyecto. Importantes dirigentes demócratas ya han dicho que no lo apoyarán. Norma Pimentel, directora ejecutiva de la oficina de Caridades Católicas en el Valle del Río Bravo, dijo que las familias que recibe esa organización a veces cruzan el río ilegalmente en un acto de desesperación, después de ser interceptadas en los puentes. “Es importante asegurar las fronteras, que evitemos el ingreso de delincuentes”, dijo Pimentel. Pero agregó que Trump “tiene que conocer a las familias que no son delincuentes. Tiene que conocer a los chicos y la gran cantidad de familias que vienen en busca de protección”. Se van en busca de un futuro mejor Deysi Yanira Centeno llegó a la frontera un mes después de irse de El Salvador, donde pandillas habían amenazado a su hija de 15 años. Centeno dijo que un coyote le había asegurado que cruzar el río Bravo era más fácil que tratar de ingresar a Estados Unidos por un puente, donde los agentes aduaneros a menudo les dicen a quienes piden asilo que no tienen espacio para procesar sus solicitudes. De modo que pagó 20 dólares por cabeza para que ella, su hija adolescente y dos niños de siete y once años cruzasen el río en una balsa. Contó lo asustada que se sintió mientras la balsa avanzaba lentamente por el río. “En ese momento piensas en la vida y la muerte”, expresó. “Te dices, ‘tal vez hubiera sido mejor no dejar mi país’”. Otros se niegan a cruzar el río ilegalmente a insisten en solicitar asilo solo en un puerto de ingreso. Muchos de esos puertos en el sur de Texas y en otros sectores de la frontera no reciben solicitudes de asilo, o aceptan unas pocas, forzando a las familias a acampar alrededor de los puentes o a esperar en refugios del lado mexicano de la frontera. Esperanza Vargas, quien se fue de Nicaragua con un hijo de 18 años, esperó semanas del lado mexicano del puente que une Matamoros (México) y Brownsville (Estados Unidos). Vargas y su hijo temían quedar en el medio del conflicto entre el gobierno y grupos paramilitares. “No se puede decir que somos un peligro para Estados Unidos si estamos aquí”, afirmó Vargas. “Si estamos aquí, es porque queremos hacer las cosas bien”. Funcionarios del gobierno estadounidense sostienen que mucha gente hace solicitudes de asilo infundadas y luego pasan años en el país esperando que sean procesadas. Los tribunales de inmigración rechazaron aproximadamente el 65% de las solicitudes procesadas el año pasado. El gobierno trata desde hace tiempo de restringir el asilo. Un juez federal dejó sin efecto en diciembre una medida que limitaba el asilo para las víctimas de violencia doméstica. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que se proponía hacer que todas las personas que piden asilo esperen del lado mexicano de la frontera. La mayoría de las personas de la frontera habían tardado semanas en llegar allí. Algunas admitieron que les pagaron a coyotes para la travesía por territorio mexicano. Otros afirman que tomaron autobuses. Fractura social, los obliga a moverse de lugar Las mujeres que estaban en el refugio de Caridades Católicas dicen que no tenían otra opción que irse de sus países. Sentada en el patio del refugio, con un monitor en su tobillo, Orbelina contó que su marido le pegaba cada vez que llegaba a la casa de noche borracho. A veces golpeaba también a los hijos, aseguró. Dice que hizo denuncias ante la policía de su ciudad, Sonsonate, al oeste de San Salvador. Pero el esposo sostuvo que ella le había pegado primero y no fue arrestado, según Orbelina. Ahorró dinero durante seis meses para escaparse. Sus padres, que viven en California, le fueron enviando dinero de a poco y le hicieron llegar más fondos mientras estuvo en México. Afirma que ingresó a Estados Unidos por el cruce de Progreso, Texas. Espera reunirse con sus padres y tramitar el divorcio y una orden de protección. “Mi esperanza es poder trabajar y ver crecer a mis hijos”, expresó Orbelina. “Los veo felices, pero sé que también sufren”.
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